(Pago de las operaciones comprendidas en los literales A) y B) del
artículo 1° de la Ley N° 18.139).
El importe a abonar a cada beneficiario por concepto de lo dispuesto en
los literales A) y B) del artículo 1° de la Ley N° 18.139 se determinará
como la suma de:
i) Las órdenes de afectación de dinero entregado a la institución o de
saldos existentes en una cuenta, realizadas en forma previa a la
suspensión de actividades o liquidación de la institución de
intermediación financiera, con la finalidad específica de acreditar en la
cuenta del beneficiario los salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra
prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de
seguridad social, de acuerdo al registro que al efecto deberán llevar las
instituciones de intermediación financiera, según lo dispuesto en el
artículo 3 numeral 1) de este Decreto.
ii) El importe que resulte menor de los siguientes:
a. los créditos en la cuenta del beneficiario por concepto de salarios,
pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia
de una relación laboral o de seguridad social realizados dentro del
término de treinta días previo a la suspensión de actividades o
liquidación de la institución de intermediación financiera.
b. el saldo de la cuenta del beneficiario a la fecha de suspensión de
actividades o liquidación.
A los efectos de la determinación del monto indicado en el apartado ii),
las instituciones contabilizarán los movimientos en las cuentas de los
beneficiarios en las que se acreditan salarios, pensiones, jubilaciones o
toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o
de seguridad social, detallando:
a) Fecha.
b) Concepto. En el caso de créditos por concepto de salarios, pensiones,
jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una
relación laboral o de seguridad social ello deberá quedar explícitamente
indicado.
c) Importe.
Los sistemas de información de las instituciones de intermediación
financiera deberán permitir la obtención, en forma diaria, de la suma a
abonar a cada beneficiario referida en el literal ii) precedente. Se
deberán realizar pruebas -formales y debidamente documentadas- de la
efectividad de los procedimientos adoptados a estos efectos, como mínimo,
una vez al año.
(Pago de las operaciones comprendidas en el literal C) del artículo 1° de
la Ley N° 18.139).
La suma a abonar a cada beneficiario por concepto de lo dispuesto en el
literal C) del artículo 1° de la Ley N° 18.139 se determinará como la
diferencia entre los montos emergentes del registro previsto en el numeral
II) del artículo siguiente y los montos ya abonados por caja.
A los efectos de la determinación de los montos abonados por caja por
concepto de remuneraciones o prestaciones en el marco de programas de
desarrollo social nacionales o departamentales, las instituciones de
intermediación financiera contabilizarán tales pagos, detallando:
a) Fecha.
b) Concepto de pago.
c) Importe.
d) Identificación del beneficiario.
(Registros)
A los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos precedentes, las instituciones de intermediación financiera
deberán mantener los siguientes registros:
I) Registro de las órdenes recibidas, para pagar mediante acreditaciones
en las cuentas de los beneficiarios, salarios, pensiones, jubilaciones o
toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o
de seguridad social.
II) Registro de las órdenes recibidas, para pagar por caja, remuneraciones
o prestaciones en el marco de programas de desarrollo social nacionales o
departamentales. En ambos registros deberá constar:
a) Fecha en que se recibe la orden de pago.
b) Fecha o período en que deberá efectivizarse.
c) Identificación del ordenante.
d) Identificación de la cuenta del ordenante.
e) Destino de los fondos.
f) Monto de la orden de pago.
g) Identificación de los beneficiarios.
h) Identificación de las cuentas de los beneficiarios, en el caso del
registro mencionado en el numeral l).
Los registros deberán satisfacer el requisito de integridad, para lo cual
podrán ser llevados en:
- medios electrónicos, a través de aplicativos de almacenamiento de
documentos o documentos en formato "pdf", con parámetros de seguridad que
aseguren la confidencialidad y confiabilidad.
- medios magnéticos no regrabables que puedan ser identificados
fehacientemente, adoptando medidas para asegurar su salvaguarda física y
acceso sólo a personas autorizadas;
- papel, mediante hojas numeradas correlativamente.
(Disposición transitoria). Las instituciones de intermediación financiera
dispondrán de un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en
vigencia de estas disposiciones para implementar los procedimientos
referidos en el último inciso del artículo 1 del presente Decreto.
Comuníquese, publíquese, etc.