Concédese un plazo de 90 días, a contar del día 1.o del mes siguiente
a la publicación de la presente ley, para que las empresas afiliadas a la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y las Cajas
de Asignaciones Familiares, puedan regularizar sus atrasos por
obligaciones legales a dichos organismos, devengadas, por cualquier concepto, con excepción de las licencias, hasta el 31 de julio de 1958,
lo que podrán efectuar en la forma y con los beneficios siguientes:
A) Si se abona la totalidad de la deuda dentro del plazo establecido,
exoneración total de recargos, intereses y multas;
B) Si se abonan los atrasos en cuatro cuotas trimestrales, se pagará
solamente un interés del 6 % sobre los saldos deudores;
C) También podrán regularizarse los atrasos en la forma, términos y
condiciones que determina la ley número 12.250 de 21 de diciembre de
1955, que se declara en pleno vigor por el mismo término preceptuado
en la primera parte de este artículo. En este último caso al
determinarse los atrasos de las empresas cuyo capital a los efectos
del pago de la patente de giro, no sea superior a doscientos cincuenta
mil pesos, a los fines del artículo 2.o de la ley N.o 12.250, de 21 de
diciembre de 1955, los intereses a liquidarse no excederán del 7 % y
los recargos pertinentes, del 3 %.
Para tener derecho a los precedentes beneficios, deberán cancelarse
previamente los adeudos exigibles, posteriores al 31 de julio de 1958.
No regirán estos beneficios en los casos de defraudación.
Los atrasos por obligaciones legales a que se refiere el artículo 1.o
de esta ley, quedarán fijados, con carácter provisorio, en base a la declaración jurada que, sobre el monto de lo adeudado, deberá formular la
empresa peticionante al acogerse a los beneficios de esta ley.
Una vez realizada la avaluación definitiva de las obligaciones de la
empresa peticionante, el saldo que pudiera existir a favor de los
organismos acreedores, deberá abonarse en la forma, condiciones y plazos
establecidos para el régimen a que se haya acogido la empresa deudora.
Las empresas afiliadas a los organismos especificados en el artículo 1.o que, a la fecha de la publicación de la presente ley, se encontraren al día en el pago de sus obligaciones regulares con los expresados
Institutos, gozarán, por el plazo de dos años, a contar desde el 1.o del
mes siguiente a la publicación de esta ley, de una rebaja del 2 % de los
aportes a cargo del empresario que deba efectuar a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio.
De estos mismos beneficios gozarán las empresas que se amparen en los
beneficios del artículo 1.o de esta ley, a partir del 1.o del mes
siguiente en que se hayan puesto al día en el cumplimiento integral de
sus obligaciones normales posteriores al 31 de julio de 1958 y por el período complementario que reste de los dos años de la antedicha rebaja.
Los beneficios precedentes cesarán automáticamente por incumplimiento
en el pago de las contribuciones normales o de las cuotas extraordinarias
que la empresa afiliada hubiera contraído de acuerdo a esta ley. En ese
caso, además, deberán reintegrar la disminución total de aportes de que
se hubiera beneficiado, los que se liquidarán de oficio y serán exigibles
dentro de los 30 días de notificada dicha liquidación.
Los trabajadores independientes incluidos en las leyes que administra
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio que
hubieren cesado en sus actividades o solicitado su pasividad con fecha
anterior a la publicación de la presente ley, que notoriamente carezcan
de recursos para abonar al contado los aportes jubilatorios que les hubieren correspondido, podrán acogerse al régimen de compensación de
pago establecido por la ley N.o 12.143 de 19 de octubre de 1954.
A los efectos de la aplicación de esta disposición y para los
trabajadores independientes que se amparen en sus preceptos, quedan en suspenso las disposiciones previas del parágrafo 1.o del artículo 3.o de
la ley N.o 11.495 de 26 de setiembre de 1950.
Fíjase el plazo de 90 días a contar del día 1.o del mes siguiente de
la presente ley, para que los contribuyentes morosos del Estado paguen
sin recargo, multas e interés, los impuestos nacionales adeudados al 31
de julio de 1958. No regirán estos beneficios en los casos de
defraudación de impuestos.
El pago de los impuestos a que se refiere el artículo precedente, se
hará ante la respectiva oficina recaudadora la que -una vez efectuado el
cobro- dispondrá de inmediato la clausura de los procedimientos. Si
dichos procedimientos estuvieran tramitándose en vía judicial, la
clausura será dispuesta a solicitud de la correspondiente oficina por el
Magistrado que entienda en el juicio, decidiendo, al mismo tiempo, el
cese y levantamiento de los embargos y demás medidas precautorias decretadas. Los tributos causados en el juicio se considerarán de oficio.
A los Abogados y Procuradores Fiscales se les liquidarán y pagarán los
porcentajes a que tendrían derecho, en todas las gestiones de cobro
iniciadas por ellos con anterioridad a la promulgación de esta ley, los
que serán abonados por los deudores beneficiarios.
Derógase el impuesto a los avisos creado por el artículo 31 de la ley
N.o 11.496, de 27 de setiembre de 1950. Las empresas periodísticas del
interior quedan exoneradas del pago de obligaciones originadas por el
impuesto que se deroga por la presente disposición; y lo que hubieran abonado por ese concepto, se les acreditará a cuenta de sus aportes jubilatorios.
Comuníquese, etc.