Suspéndese, por noventa días, a partir de la fecha de promulgación de
la presente ley, la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o
dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las
subastas en ejecuciones hipotecarias, prendarias o créditos
quirografarios. Dicha suspensión tendrá lugar en los casos de ejecuciones
tendientes al cobro de deudas contraídas con el sistema bancario en moneda
nacional o extranjera, por parte de empresas, agropecuarias, industriales
o comerciales, sus codeudores, fiadores y avalistas, con anterioridad al
30 de junio de 1983 y que no fueron canceladas con posterioridad a esa
fecha.
No se consideran cancelaciones todas aquellas novaciones, renovaciones
parciales o totales o refinanciaciones con capitalización o no de
intereses, cualesquiera fueren las normas de su instrumentación. (*)
Quedan comprendidos en igualdad de término y condiciones los
desapoderamientos o remates exigidos por el acreedor cuando el origen de
la deuda estuviera entre los indicados en el artículo 1 de la presente
ley.
Durante el término y en los casos de suspensión previstos por el
artículo 1 el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes
embargados sólo podrá decretarse cuando el ejecutado no quiera o no pueda
constituirse en depositario de los mismos. También le serán reintegrados a
sus propietarios, a solicitud de parte, aquellos bienes muebles o
semovientes que por disposición judicial se hubieren depositado en manos
de terceros.
Las empresas comprendidas en la presente ley lo serán en tanto, en el
caso de las agropecuarias, su explotación a cualquier título no supere las
quinientas hectáreas, o su equivalente, con Indices de Coneat 100.
Los industriales y comerciantes que directa y personalmente exploten
sus establecimientos no tuviesen, a la fecha indicada en el artículo 1,
una deuda superior a los U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados
Unidos de América) y no más de cinco empleados u obreros a su cargo; esta
cifra se elevará hasta U$S 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados
Unidos de América), cuando el número de dependientes fuese de seis hasta
veinte personas podrá elevarse a U$S 280.000 (doscientos ochenta mil
dólares de los Estados Unidos de América) cuando el número de personal
dependiente supere las veinte personas.
El Juez, sin más trámite, decretará la suspensión a petición de parte,
cuando el interesado acredite sumariamente que se cumplen los extremos
presentes en esta ley, o de oficio cuando las mismas resulten del
expediente.
Quedan excluidas de los beneficios propuestos en la presente ley las
empresas industriales y comerciales que haga más de seis meses que la
totalidad de su personal se haya amparado al Seguro de Desempleo o hubiere
sido despedido y que a la fecha de la presente ley estén inactivas.
Los costos de la parte actora devengados en los juicios ejecutivos a
que refiere la presente ley, iniciados durante el plazo de suspensión que
se establece en el artículo 1, serán de cuenta del promocionante, al igual
que los gastos y honorarios de las tasaciones que se practiquen durante el
mismo período.