(Ámbitos objetivo y subjetivo).- Institúyese, a partir del 1° de enero de 2008, un subsidio para personas de sesenta y cinco o más años de edad y menores de setenta años de edad que, careciendo de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, integren hogares que presenten carencias críticas en sus condiciones de vida, siempre que acrediten por lo menos diez años de domicilio en el país en los últimos veinte años antes de la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 16.929, de 13 de abril de 1998.
El mencionado subsidio será servido por el Banco de Previsión Social con los fondos que al efecto le transfiera el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto-Ley N° 14.550, de 10 de agosto de 1976 y el artículo 309 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021. (*)
(Definición de hogar).- A los efectos de la presente ley, entiéndese por hogar el núcleo constituido tanto por una sola persona como por un grupo de personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.
(Carencias críticas).- La determinación de carencia de recursos tomará en cuenta los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones
habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria, conforme a criterios que disponga en la reglamentación el Poder Ejecutivo. (*)
(Monto de la prestación).- El monto del beneficio previsto por la
presente ley será equivalente al de la prestación no contributiva por
vejez e invalidez. (*)
(Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de
la prestación).- Para recibir el beneficio regulado por la presente ley
deberán acreditarse ante el Ministerio de Desarrollo Social, con la
frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los ingresos y la
composición del hogar que integra el beneficiario así como las carencias
críticas en sus condiciones de vida, conforme a lo previsto por los
artículos 1º y 3º.
(Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al
Ministerio de Desarrollo Social verificar y controlar los requisitos de
elegibilidad para ser beneficiario de la prestación instituida por la
presente ley.
A tales efectos, queda facultado para:
A) Realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes
a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y
mantenimiento del beneficio.
B) Utilizar las bases de datos confeccionadas en el marco del Plan de
Atención Nacional de la Emergencia Social a los efectos de estar en
condiciones de servir la prestación sin dilaciones a quienes estén
incluidos en aquéllas y reúnan los requisitos necesarios para ser
beneficiarios del subsidio previsto en la presente ley.
C) Solicitar al Banco de Previsión Social todo tipo de información
respecto de los beneficiarios de la prestación prevista en la presente
ley y de los aspirantes a obtenerla, quedando dicho organismo obligado
a suministrar tales datos y relevado del secreto impuesto por el
artículo 47 del Código Tributario, en lo pertinente. La información
recibida por el Ministerio de Desarrollo Social en virtud de lo
dispuesto por este literal, queda amparada por el referido deber de
reserva.
En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información
proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las
condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa
imputable a éstos, el Ministerio de Desarrollo Social procederá a la
suspensión del beneficio y lo comunicará al Banco de Previsión Social, sin
perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado
y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.
(Incompatibilidad y opciones).- El subsidio establecido en la presente
ley es incompatible con la percepción de ingresos de cualquier naturaleza
u origen, iguales o superiores al monto de aquél.
Quienes percibieren tales ingresos por un monto inferior al del beneficio
instituido por esta ley, recibirán únicamente la diferencia entre ambos
importes.
(Acceso a la pensión a la vejez).- Los beneficiarios del subsidio previsto en la presente ley que, manteniendo las condiciones que dieron lugar a su concesión, alcancen la edad de setenta años, accederán de pleno derecho a la prestación no contributiva por vejez e invalidez. (*)
(Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la
presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se
hiciere de ella será nula, salvo lo establecido en las normas legales
dictadas sobre esta materia.
Artículo 10 — Artículo 10
(Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la
presente ley serán atendidas por Rentas Generales.
(*)