FIJACION DE IMPUESTO. CONTRIBUCION INMOBILIARIA

En el año económico 1922-23 los bienes inmuebles del Departamento de Montevideo, poseídos a cualquier título, pagarán por concepto de Contribución Inmobiliaria una cuota de 6 1/2 o/oo sobre sus aforos.

Quedan exceptuados de dicho pago: 1.o Los bienes propiedad del Estado. 2.o Las propiedades cuyo valor en conjunto no exceda de $ 500.00. 3.o Los templos consagrados al culto, de acuerdo con el artículo 5.o de la Constitución. 4.o Las propiedades pertenecientes y destinadas al servicio de las siguientes instituciones: Ateneo de Montevideo, Sociedad Filantrópica Cristóbal Colón, Cementerio Británico, hospitales en que se preste asistencia gratuita a los pobres, Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, Instituto Nacional de Ciegos, Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Club Nacional de Regatas y Montevideo Rowing Club. La Bolsa de Comercio, la Asociación Rural del Uruguay y la Unión Industrial Uruguaya pagarán el cincuenta por ciento. 5.o Las propiedades pertenecientes a instituciones de enseñanza escolar, industrial o agrícola, donde funcionen escuelas en que se instruyan gratuitamente, en la mayoría de las asignaturas que en ellas se dicten, por lo menos 25 alumnos. El Inspector de Enseñanza Privada contraloreará el fiel cumplimiento de esta disposición. 6.o El subsuelo con minas en explotación y construcciones indispensables para éstas. 7.o Los edificios en construcción, salvo el caso en que las obras estén paralizadas por más de seis meses.

La Contribución Inmobiliaria recaerá sobre el valor de la tierra y de las construcciones de todo género que en ella existan, con deducción de un quince por ciento. Los propietarios, los poseedores, o sus apoderados constituídos en forma, podrán solicitar la rebaja o el aumento de los aforos vigentes para sus propiedades, siempre que consideren que excedan o no alcancen al ochenta y cinco por ciento del valor de los inmuebles. Estas solicitudes deberán ser presentadas dentro del primer plazo acordado a cada propiedad para el pago del impuesto y consignado el importe de éstos. Fijado el aforo definitivo, la Dirección de Impuestos dará cuenta al Ministerio de Hacienda cuando resulte alguna devolución por exceso de cuota consignada, a los fines de la autorización correspondiente. Los propietarios que hubieran gestionado aumento o rebaja de aforo sólo podrán solicitar nuevas modificaciones después de transcurridos tres años.

La Dirección General de Impuestos Directos queda facultada para indicar a la Dirección General de Avalúos las propiedades que considere aforadas en menos de ochenta y cinco por ciento de su valor para que se proceda a nueva tasación. Exista o no la indicación precedente, la Dirección General de Avalúos podrá proceder por su iniciativa a efectuar nueva tasación en las propiedades que se encuentren en las condiciones del inciso anterior. La Dirección de Impuestos hará notificar al interesado el nuevo aforo practicado por la de Avalúos, y si manifestare su conformidad, quedará el avalúo o aforo definitivamente fijado. Si el interesado no aceptare dicho aforo, la Dirección pasará el expediente al Jurado Avaluador, cuyo fallo será inapelable. (*)

El procedimiento indicado en el artículo anterior se aplicará también en los casos de construcciones y reedificaciones, aumentando el valor anterior del inmueble el de éstas. En los deslindes se repartirá el valor en que estuviera aforada la propiedad entre las distintas fracciones.

En los casos de valorización de más de un diez por ciento de mejoras públicas no costeadas por los propietarios beneficiados, la Dirección de Impuestos, por sí o por indicación de la de Avaluaciones, podrá proceder en la forma anteriormente establecida al nuevo aforo de las propiedades afectadas por dichas mejoras.

En todos los casos de fijación de reconsideración de aforos, se establecerán con una deducción de 15 o/o, debiéndose hacer el justiprecio determinando las áreas y los precios unitarios del terreno y de los distintos pisos y categorías de construcciones.

En todos los expedientes relativos, a construcciones, reedificaciones o nuevos avalúos, se actuará en papel común; sólo corresponderá sellado en las reclamaciones de aforos iniciadas por los contribuyentes.

Para resolver los reclamos de los propietarios, podrán funcionar tres Jurados, debiendo la Dirección General de Impuestos Directos integrarlos con el Director o el Subdirector de esa repartición, el Director de Arquitectura o un delegado de esa Dirección, el Director General de Avalúos o el Subdirector y dos o tres propietarios designados por el Consejo Nacional de Administración dentro de una lista de los veinte mayores contribuyentes. Cuando se trate de reclamos de la Dirección General de Impuestos Directos para aumentar los aforos o de solicitudes de aumento formuladas por los contribuyentes, se excluirá a uno de los funcionarios y se integrará el Jurado con un propietario más, debiendo el P. E., al reglamentar la ley, indicar el funcionario que en tales casos debe ser excluído. Sin perjuicio de que sean dos o tres, según corresponda, los propietarios que integren cada Jurado, se designarán siempre diez de los mayores contribuyentes como titulares y diez como suplentes, a fin de que en el curso del ejercicio se alternen en el conocimiento de los reclamos sometidos a su consideración.

El Jurado extenderá por escrito sus resoluciones, consignando los datos y antecedentes en que las funda.

El cargo de jurado es honorario, pudiendo la Dirección de Impuestos abonarles los gastos de locomoción que se originen con fondos de "Recargos y Multas". En caso de impedimento de algunos de los miembros del Jurado para entender como tales en algún reclamo, será sustituido en el cargo por alguno de los suplentes que se designará por sorteo. El cargo de jurado no es renunciable, salvo que la persona designada desempeñe otro cargo público gratuito. La falta de asistencia no justificada será penada con una multa de diez pesos por cada sesión.

Los Jurados solicitarán directamente de los escribanos registradores de ventas, hipotecas y arrendamientos todos los datos que juzguen necesarios para el desempeño de su misión. (*)

Las omisiones de dichos escribanos en facilitar los datos a que se refiere el artículo anterior se penarán con multas de diez a treinta pesos, que se harán efectivas en forma breve y sumaria ante los Jueces de Paz del domicilio de los infractores.

La Contribución Inmobiliaria se abonará en la Dirección General de Impuestos Directos dentro del primer semestre del año económico.

Los propietarios que no satisfagan la cuota legal de Contribución Inmobiliaria dentro de los plazos que determine el P. E., sufrirán un recargo de dos por ciento, cuando el pago se efectúe durante el mes siguiente de vencido el plazo, que se irá aumentando en otro dos por ciento por cada mes subsiguiente hasta llegar al máximum de veinte por ciento, que no será excedido en ningún caso, siendo, además, de su cargo las costas, en caso de hacerse efectiva la cobranza judicialmente. A los morosos por años anteriores se les aplicará el recargo de 20 o/o por cada cuota anual adeudada. (*)

Los dueños o poseedores de inmuebles por los cuales no se haya abonado el impuesto por los cuales no se haya abonado el impuesto por cuatro o más años, quedarán relevados de multa o recargos y sujetos únicamente al pago correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, inclusive el actual, siempre que se presenten voluntariamente a satisfacer sus atrasos sin intimación ni notificación judicial o administrativa y dentro del plazo que fije el decreto reglamentario para el pago del impuesto de dichos inmuebles. Para, los demás casos regirá la prescripción de cuatro años, establecida en el artículo 1222 del Código Civil, imponiéndose únicamente el pago de cuatro cuotas de impuestos y los respectivos recargos. La prescripción se interrumpe tanto por la notificación judicial como por la administrativa, cuando ésta sea suscripta por el contribuyente o quien lo represente.

En los juicios por Contribución Inmobiliaria entenderá el Juez de Paz de la sección donde está situada la propiedad, cuando el impuesto reclamado no exceda de doscientos pesos, con apelación por ante el Juzgado Nacional de Hacienda; cuando excediese de esa suma, entenderá en primera instancia el Juez Letrado Nacional de Hacienda, con apelación por ante el Tribunal de turno. De la sentencia de segunda instancia, sea confirmatoria o revocatoria, no habrá recurso alguno. El procedimiento será el prescripto por la ley para los juicios breves y sumarios, con arreglo al artículo 1177 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En dichos juicios los Jueces impondrán al deudor el pago de las costas. En caso de que el contribuyente, en la primera audiencia, o dentro del plazo que se le conceda para ella, pagara lo adeudado, no podrá exigírsele por concepto de costas una suma mayor que el 25 o/o de las cantidades reclamadas por el Fisco. Nunca habrá condenación en costos. Los juicios que se inicien en lo sucesivo los distribuirá el Director General de Impuestos entre los actuales procuradores de la oficina en la forma que considere más adecuada para asegurar su rápida tramitación.

Para el cobro extrajudicial o judicial de la Contribución Inmobiliaria se citará al propietario del inmueble; no siendo conocido, el Juez ante quien sea promovida la gestión interrogará al ocupante del inmueble y en su defecto a los linderos y a dos vecinos, haciendo constar su declaración. Entendiendo el Juez Nacional de Hacienda, podrá éste delegar en el de Paz de la sección donde están ubicados los bienes la diligencia a que se refiere el inciso anterior. Si aún no fuera posible llegar a saber el nombre y la residencia del propietario o su domicilio conocido, se publicarán en un periódico del Departamento edictos de emplazamiento por el término de noventa días, con la designación circunstancial de la ubicación del inmueble y demás antecedentes de que se disponga. Vencido el término del emplazamiento, si el citado no compareciese, se le nombrará defensor.

Los escribanos no podrán autorizar acto alguno que afecte el dominio de bienes raíces, sin que se les acredite previamente con el boleto de pago o exoneración y al respectivo certificado de empadronamiento estar abonado o exonerado el impuesto del ejercicio en curso, siempre que esté vencido el plazo para la expedición de los boletos. No estándolo, se hará constar esa circunstancia en la escritura y se exigirá la exhibición de los documentos que acrediten el pago o la exoneración por el ejercicio anterior, debiendo en todos los casos hacerse constar el número de empadronamiento consignado en dichos recaudos. Los escribanos que contravengan esas disposiciones incurrirán en una multa equivalente al importe del impuesto que haya quedado sin cobrar.

En todos los casos de transmisión de dominio, el escribano autorizante hará la anotación en el certificado de empadronamiento, limitándola a los nombres de los otorgantes y la fecha si se trata de la enajenación o traspaso total del terreno que el certificado determine, y agregando a esos datos los del deslinde detallado y área de la parte objeto de la transmisión, si ésta es parcial.

A los efectos de la estadística por nacionalidades, tanto en los instrumentos públicos que impliquen transmisión de dominio, como su inscripción en el Registro de Traslaciones, se establecerá la nacionalidad de los enajenantes o causantes y de los adquirentes.

Los certificados de empadronamiento serán expedidos gratuitamente en papel común administrativo por la Dirección General de Impuestos Directos.

Sin perjuicio de las medidas que adopte el P. E., al reglamentar esta ley, para la fiscalización del impuesto inmobiliario y su debida percepción, se previene expresamente: 1.o Al recabar la documentación de pago del impuesto, los contribuyentes deberán entregar a la Oficina Recaudadora los justificativos del último abonado. 2.o Los recaudos del pago del impuesto del ejercicio en curso justifican también que las propiedades a que se refieren tienen pago el impuesto de los años anteriores, salvo gestiones judiciales o administrativas pendientes. 3.o Todas las solicitudes de permisos para construir o reedificar que hayan de tramitarse ante la Dirección de Obras Municipales, serán previamente intervenidas por la Oficina de Empadronamiento de la Dirección General de Impuestos Directos, la que proporcionará a los interesados los formularios en que han de dejar establecidos los datos de ubicación exactos de las propiedades de que se trate y los demás pormenores necesarios para el contralor que se debe llevar a los efectos de la fiscalización del impuesto en lo referente a las obras a construirse. La Dirección de Obras Municipales no dará entrada ni trámite a las solicitudes que no lleven la constancia de la referida intervención. Esta Dirección dará aviso a la de Avaluaciones de los permisos concedidos para construir a reedificar, así como la determinación de las obras. La Oficina de Empadronamiento iniciará los expedientes para el avalúo de las obras nuevas, y éstas abonarán por el primer ejercicio la cuarta parte de la cuota que corresponda a su valor, si han sido terminadas en el segundo semestre, y la mitad si han sido terminadas en el primero.

Queda facultado el P. E. para invertir en gastos de movilidad de los notificadores y servicios extraordinarios para fiscalizar el impuesto y gestionar el cobro a los morosos una parte de lo que recaude por concepto de los recargos que establece el artículo 15 de esta ley.

Comuníquese, etc.