Créase el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) con destino a:
a) Cancelar deudas de productores originadas exclusivamente en la
actividad productiva arrocera con el Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU) y con otras instituciones de
intermediación financiera que determine la reglamentación y con
las empresas industrializadoras y exportadoras;
b) Financiar la actividad arrocera;
c) Cancelar deudas que fueran contraídas por el Fondo para atender
los objetivos anteriores.
Este Fondo no podrá exceder los US$ 80.000.000 (ochenta millones
de dólares de los Estados Unidos de América), suma que no
comprende el costo financiero que generará la obtención de los
recursos necesarios para su constitución. (*)
El Fondo creado por el artículo precedente se financiará mediante
una retención de hasta el 5% (cinco por ciento) del valor FOB del total de
las exportaciones de arroz en cualquier grado de elaboración (incluido el
arroz cáscara) y sus derivados. (*)
El Poder Ejecutivo determinará la fecha de inicio de la retención. (*)
Si los activos del Fondo hubieran sido cedidos o securitizados total o
parcialmente, las retenciones se aplicarán hasta que se hayan cumplido
todas las obligaciones originarias y derivadas del Fondo por la operación
realizada. La aplicación de las retenciones cesará en el momento en que
el Poder Ejecutivo haya constatado el cumplimiento pleno de las
obligaciones asumidas por el Fondo.
El Poder Ejecutivo podrá extender la retención establecida a la
producción que se comercialice en el mercado interno. (*)
La retención citada en el artículo anterior será vertida por los
exportadores en una cuenta especial que, con el nombre Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca/Fondo de Financiamiento y Recomposición de
la Actividad Arrocera (MGAP/FFRAA), se abrirá en el Banco de la República
Oriental del Uruguay. El depósito de la retención será condición
necesaria para dar curso a las exportaciones. (*)
Serán beneficiarios del Fondo creado por el artículo 1º de la presente
ley, los productores de arroz en actividad cuya producción sea exportada
total o parcialmente, en forma directa o a través de otras firmas.
La reglamentación establecerá la participación de cada beneficiario en
los beneficios del Fondo, en forma proporcional a su participación en la
actividad. (*)
La titularidad y administración del Fondo corresponderá a los
Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas.
Los costos de administración del Fondo no podrán superar el 1% (uno por
ciento) del mismo.
El Fondo podrá depositar, ceder, colocar, ofrecer en garantía o
securitizar los recursos que se generen durante el transcurso del período
en el que éstos queden afectados en la cuenta prevista en el artículo 3º,
no estando comprendidas estas operaciones financieras en el artículo 33
del TOCAF. En estos casos, el Estado garantiza bajo su responsabilidad la
estabilidad de las normas legales y reglamentarias que incidan sobre los
ingresos o fondos afectados y que estuvieran vigentes al momento de
suscribirse los contratos respectivos como es el caso de la devolución de
impuestos vigentes a la fecha. La garantía se extinguirá simultáneamente
con el cumplimiento total de las obligaciones del Fondo derivadas de la
operación realizada.
Los fondos que resulten de la aplicación de los artículos 1º y 2º de la
presente ley serán inembargables. Estos fondos no podrán ser cedidos ni
ser objeto de transacción judicial o extrajudicial por los beneficiarios
a que hace referencia el artículo 4º de esta ley.
Si los activos del Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera fueran cedidos o securitizados, se implementará un sistema de adelantos, destinado a cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley.
Los adelantos se aplicarán a cancelar deudas con las instituciones mencionadas en el literal a) del artículo 1° de la presente ley. El Poder Ejecutivo podrá establecer hasta un 20% (veinte por ciento) de libre disponibilidad. (*)
Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer reglamentariamente la
realización de adelantos a los productores, industriales y exportadores,
estableciendo:
a) los criterios objetivos para la determinación del importe de los
adelantos;
b) el tratamiento a aplicar a los productores o industriales sin
antecedentes en la actividad;
c) el orden de prioridad en que los adelantos serán aplicados al pago de
las deudas de los beneficiarios;
d) el régimen de los pagos de libre disponibilidad; y
e) en general todos los aspectos relativos a su régimen.
Los beneficiarios del Fondo serán responsables individualmente de las
obligaciones que deriven de los beneficios efectivamente recibidos.
En el caso de que los beneficiarios reciban adelantos de sus futuras
retenciones por parte del Fondo, éstos deberán ser reembolsados
individualmente por cada beneficiario. Este reembolso será realizado a
partir de las retenciones correspondientes a las exportaciones. En caso
de que dichas retenciones no resultaren suficientes, será de cargo de
cada beneficiario la cancelación de los saldos remanentes.
Sin perjuicio de ello, el sistema será subsidiaria y solidariamente
responsable en garantizar la recuperación de los recursos en la forma
acordada, en el caso de que éstos fueran adelantados.
Las retenciones que excedan el cumplimiento de las obligaciones
contraídas serán devueltas a los beneficiarios.
La reglamentación podrá permitir a los nuevos productores, industriales o
exportadores acceder a adelantos con cargo al Fondo. El Poder Ejecutivo
podrá exigir la constitución de garantías como requisito previo al
otorgamiento de estos adelantos. En estos casos, el adelanto se efectuará
una vez finalizada la comercialización de la primer cosecha.
Encomiéndase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el
contralor que asegure el cumplimiento de los objetivos y de las
obligaciones previstas en la presente ley y la aplicación de las
sanciones establecidas en los artículos siguientes, en el marco de sus
respectivas competencias.
Créase una Comisión de Contralor del Fondo, integrada por un
representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la
presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un
representante de la industria molinera exportadora y un representante de
los productores. Estos dos últimos serán designados por el Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca a propuesta de las respectivas gremiales. (*)
Si se comprobara que la retención realizada a las exportaciones fuera
inferior a la correspondiente, el exportador deberá pagar las retenciones
que deberían haberse efectuado, más una multa del 100% (cien por ciento)
de las retenciones no realizadas, más un recargo mensual calculado en la
misma forma que los recargos por mora del artículo 94 del Código
Tributario. Estos pagos serán independientes de las sanciones aduaneras o
de otro tipo que pudieran resultar igualmente aplicables al exportador o
a terceros.
Si los activos del Fondo hubieran sido cedidos, afectados en garantía o
securitizados, la retención, la multa y los recargos serán abonados al
cesionario o beneficiario de la garantía o securitización. La liquidación
de la retención, la multa y los recargos constituirá título ejecutivo. El
Poder Ejecutivo podrá exonerar por vía reglamentaria de la aplicación de
la multa, cuando el incumplimiento se hubiera tornado inevitable por
causas objetivas y ajenas al control del exportador. (*)
Artículo 10 — Artículo 10
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y
su reglamentación dará lugar a la aplicación plena al exportador de las
medidas previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero
de 1996. Las sanciones previstas en esta ley son sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.(*)