RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1970

Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1970.

Fíjase el déficit a financiar del Tesoro Nacional correspondiente al Ejercicio 1970 en la suma de pesos 9.366:679.078 (nueve mil trescientos sesenta y seis millones seiscientos setenta y nueve mil setenta y ocho pesos).

Fíjanse los déficit a financiar por el Ejercicio 1970 de los Organismos que se indican en las siguientes cantidades: Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) $ 109:540.661.00 (ciento nueve millones quinientos cuarenta mil seiscientos sesenta y un pesos); PLUNA, pesos 370:000.000.00 (trescientos setenta millones de pesos); Banco Hipotecario del Uruguay $ 891.788.000.00 (ochocientos noventa y un millones setecientos ochenta y ocho mil pesos); INVE, $ 126:013.448.00 (ciento veintiséis millones trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos), y SOYP $ 23:439.619.00 (veintitrés millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos diecinueve pesos).

Fíjase en $ 48:750.000.00 (cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta mil pesos) el déficit, a financiar del Tesoro Nacional al 31 de diciembre de 1970, por concepto de intereses, comisiones y diferencia de calidad, en la devolución del préstamo de 24.700 T. (veinticuatro mil setecientos toneladas) de trigo, negociado entre el Ministerio de Ganadería y Agricultura, con la Junta Nacional de Granos de la República Argentina, cuya devolución en especie fue autorizada por decreto 92/69 de fecha 12 de febrero de 1969.

Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar la Deuda Interna de Consolidación 1968 hasta la suma de pesos 10.936:210.806.00 (diez mil novecientos treinta y seis millones doscientos diez mil ochocientos seis pesos); destinada a cancelar los déficit al 31 de diciembre de 1970 a que se refieren los artículos 2°, 3° y 4° de esta ley.

La Deuda cuya ampliación se autoriza será destinada por el Poder Ejecutivo a: 1) Cancelar hasta en un 70 % (setenta por ciento) como mínimo, deudas del Tesoro Nacional al 31 de diciembre de 1969, con Organismos Públicos; por el 30 % (treinta por ciento) restante el Poder Ejecutivo podrá ofrecer a los Organismos Públicos acreedores, el pago mediante el mismo procedimiento; 2) Cancelar total o parcialmente con particulares y siempre que el acreedor preste su conformidad deudas del Estado, al 31 de diciembre de 1969, por aprovisionamiento; 3) Cancelar los déficits económicos incluidos en el artículo 3° existentes al 31 de diciembre de 1969.

Regirá para la ampliación de Deuda que se autoriza, lo dispuesto por los artículos 4°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 de la ley N° 13.737, de 9 de enero de 1969.

Los Barrios de Viviendas Económicas con destino específico Nos 4 y 6 dependientes del Ministerio de Defensa Nacional pasan a depender del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, para ser vendidos a sus actuales ocupantes de acuerdo a lo establecido en el Inciso "G" del artículo 2° de la ley 9.723, de 19 de noviembre de 1937.

Establécese un plazo de ciento ochenta días para que los Oficiales de las Fuerzas Armadas procedan a ajustarse a las disposiciones del decreto No. 62 de fecha 10 de febrero de 1966, que les exige la regularización definitiva de los automóviles introducidos al país. Dentro del referido plazo deberán expresar si las sumas adeudadas las liquidarán de acuerdo al régimen del referido decreto Nº 62 o si optan por las normas del artículo 502 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970 y sus respectivos decretos reglamentarios a cuyas disposiciones se les faculta a acogerse. En todos los casos se entenderá que los valores de avaluación serán los establecidos por la tasación o tablas del Banco de Seguros del Estado vigentes a la fecha de llegada de la unidad al país. En la aplicación de las presentes disposiciones no regirá lo dispuesto por el inciso final del artículo 11 del referido decreto. Las gestiones, denuncias o tramitaciones ante los organismos administrativos o jurisdiccionales en trámite se regirán por estas disposiciones quedando derogadas las que se le opongan.

Facúltase al Poder Ejecutivo para enajenar en la forma y condiciones que considere del caso, a la Cooperativa de Viviendas Policiales de Paysandú, parte del predio ubicado en la 1ª Sección Judicial de dicho Departamento y empadronado con los números 4.714 y 4.730 con destino a vivienda para funcionarios policiales.

Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Cooperativa Policial de la ciudad de Montevideo, el inmueble empadronado con el N° 22.004, ubicado en la 18ª Sección Judicial de la Capital, con frente a la calle Acevedo Díaz N° 1431 que fuera adquirido para las dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo, denominadas "Cantinas Policiales".

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En el caso de proveerse las vacantes del actual programa 4.11 (Administración de Cárceles - Ministerio del Interior) y a los efectos de mantener las retribuciones acordadas a los funcionarios en el Ejercicio 1971 y de acuerdo al artículo 162 de la ley N° 13.892, de fecha 19 de octubre de 1970, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer los recursos necesarios provenientes de Rentas Generales para asegurar así la vigencia de las compensaciones otorgadas por dicha ley. Se faculta además, transferir lo acordado oportunamente en el Programa 11.07 (Administración de Cárceles - Ministerio de Educación y Cultura) al vigente Programa 4.11 (Administración de Cárceles - Ministerio del Interior).

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Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir nuevos aportes con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta la suma de U$S 35:000.000.00 (treinta y cinco millones de dólares). La integración de estos nuevos aportes o contribuciones se efectuará con recursos propios del Banco Central del Uruguay, los que formarán parte de su capital. El cumplimiento de las obligaciones que con motivo de la integración de los antedichos aportes o contribuciones, así como las nuevas entregas o devoluciones que correspondan por variación del valor, según las equivalencias de las distintas monedas o especies con relación al peso uruguayo, serán de cuenta del Banco Central del Uruguay dando cuenta a la Asamblea General.

Inclúyese en la facultad otorgada por el artículo 134 de la ley N° 13.640, de 26 de diciembre de 1967, a los estudiantes de química que hayan aprobado los recursos hasta el 3er. año inclusive.

Declárese con carácter interpretativo, que lo dispuesto por el artículo 73 de la ley N° 13.355, de 17 de agosto de 1965, no es aplicable a los créditos emergentes de las sanciones aplicadas por el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios.

Fíjase en $ 5:000.000.00 (cinco millones de pesos) el límite máximo de las multas establecidas en los artículos 24 y 26 de la ley N° 10.940, de 19 de setiembre de 1947 y leyes modificativas.

En las situaciones previstas por el inciso 4° del artículo 26 de la ley N° 10.940, de 19 de setiembre de 1947, cuando no pueda aplicarse el comiso de la mercadería, se sancionará la infracción en sustitución del comiso, con una multa equivalente al valor de la mercadería a decomisar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley número 13.608, de 8 de setiembre de 1967.

Los convenios que realice el Ministerio de Obras Públicas para ejecución de obras viales con aporte vecinal, se formalizarán una vez obtenida la conformidad de los propietarios que representen no menos del 60 % (sesenta por ciento) de la superficie total de los predios frentistas al tramo de ruta o camino que se construya, y de los no frentistas en una zona de influencia delimitada por una paralela situada en cinco quilómetros de distancia a cada lado de los mismos. Una vez establecida la cuota parte correspondiente a cada propietario y el procedimiento de aporte, se labrarán los respectivos compromisos de pago, los que, en caso de incumplimiento, servirán como título ejecutivo a los efectos de su cobro. El Poder Ejecutivo efectuará la reglamentación correspondiente.

Modifícase la redacción del numeral 55 del apartado "J" "Varios" del Programa 09 "Construcción de Obras Nuevas, Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías Navegables y Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos" del inciso 10 del Anexo I (Programa y Obras Públicas) aprobado por el artículo 2° de la ley N° 13.640, de 26 de diciembre de 1967, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Numeral 55. Para los estudios y proyectos definitivos e iniciación de obras en el sistema de riego "Río Olimar y/o Río Cebollatí" (a realizar bajo la supervisión general de la Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta Laguna Merín)".

Declárase, a título interpretativo, que el artículo 162 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, en la parte relativa a las remuneraciones al personal no docente de la Comisión Nacional de Educación Física, debe entenderse: "Las remuneraciones de los funcionarios no docentes de la Comisión Nacional de Educación Física serán niveladas con las que perciban sus respectivos dependientes del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, pudiéndose afectar hasta el 25 % del Fondo creado por los artículos 10 y 11 de la ley N° 9.892, de 1° de diciembre de 1939. Si lo percibido por concepto del 25 % preestablecido, no fuera suficiente para la nivelación dispuesta, la diferencia será atendida con cargo a Rentas Generales. A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente el Ministerio de Educación y Cultura, adecuará anualmente con la Contaduría General de la Nación los mecanismos técnicos correspondientes. Esta disposición comprende a los funcionarios en Comisión que no perciban esta remuneración en el organismo en que prestan servicios".

Incorpórense al Programa 1.02 del inciso 12, "Ministerio de Salud Pública", a los funcionarios que actualmente vienen desempeñando tareas de fiscales en la Inspección General de Química, Farmacia y Drogas de la Unidad Ejecutora 06 - División Técnica de dicha Secretaría de Estado. La incorporación al respectivo Escalafón se hará en cargos de Fiscal, con una dotación básica mensual equivalente a la que corresponde al grado del cargo de origen, debiendo para ello el funcionario, contar con un mínimo de dos años de actuación en las referidas tareas, al 1° de enero de 1972.

Declárense vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley las disposiciones contenidas en el artículo 176 de la ley N° 13.737, de fecha 9 de enero de 1969.

Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar un préstamo con el Banco Internacional de Desarrollo (BID), hasta la cantidad de U$S 3:000.000.00 (tres millones de dólares) para intensificar la lucha contra la hidatidosis, que realiza la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis creada por la ley N° 13.459, de 9 de diciembre de 1965.

Inclúyense dentro de las exoneraciones que establece el artículo 134 de la ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960, a las instituciones privadas cuya principal fuente de ingresos la constituye la subvención del Consejo del Niño y que tengan como objeto principal el cuidado de niños en régimen de guardería, escuela maternal o casa cuna.

Autorízase al Consejo del Niño y a la Universidad de la República a realizar la enajenación en concepto de permuta, de una superficie de seis hectáreas, dos mil seiscientos treinta metros del inmueble ubicado en Montevideo, empadronado con el número sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos, con frente a la calle Mallorca número "quince" a favor de la Universidad de la República, quien a su vez enajenará por el mismo concepto en favor del Estado con destino al Consejo del Niño, una superficie igual a la del anterior inmueble que se tomará del bien ubicado en Montevideo, sito en la Avenida Eugenio Garzón y calle Millán y compensará en tierra, la diferencia del valor económico que hubiere, de acuerdo con el compromiso de permuta celebrado el día diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y uno.

Facúltase a las Cajas de Compensaciones por Desocupación en la Industria Frigorífica (Leyes Nos. 10.562, de 12 de diciembre de 1944 y 13.552 de 24 de octubre de 1966), a celebrar convenios con las empresas y/o establecimientos afiliados a las mismas para el pago de los adeudos existentes a la fecha de sanción de esta ley, cuando concurran causas debidamente justificadas y teniendo en cuenta; el interés nacional, la situación económica de la empresa y el volumen de la deuda con la Caja respectiva. Los referidos convenios podrán conceder facilidades de pago de hasta un máximo de veinte cuotas mensuales consecutivas aplicándose a los saldos respectivos los intereses legales correspondientes.

Refuérzanse los Programas del Inciso 16 Poder Judicial en las cantidades que se expresan a continuación: Programa Rubro Cantidad a reforzar anual $ 01 1 8:295.992.00 02 1 12:813.600.00 03 1 74:779.936.00 04 1 20:972.000.00 05 1 18:000.000.00 06 1 13:158.304.00

Refuérzanse los rubros que se indican, en las siguientes cantidades, a partir del 1° de enero de 1972: 1 Servicios no personales........................ 800.000.00 2 Materiales y artículos de consumo.............. 740.000.00

Fíjanse las dotaciones de los rubros en lo que se refiere a gastos, del inciso 18 - Corte Electoral - en las siguientes cantidades a partir del 1° de enero de 1972, en la forma que seguidamente se detalla: PROGRAMA 18.01 $ Rubro 1 Servicios no personales............... 14:300.000.00 " 2 Materiales y artículos de consumo..... 8:800.000.00 " 3 Maquinarias, equipo y mobiliario...... 2:200.000.00 PROGRAMA 18.02 Rubro 1 Servicios no personales............... 19:800.000.00 " 2 Materiales y artículos de consumo..... 16:500.000.00 " 3 Maquinaria, equipo y mobiliario........ 2:200.000.00

Establécese como subvención, una partida anual de $ 3:600.000.00 (tres millones seiscientos mil pesos) para la Escuela Horizonte - Centro de Recuperación del Niño con Parálisis Cerebral.

Declárense oficializados los Liceos Habilitados de las ciudades de Rivera del Este del Departamento de Rivera, Solymar de Canelones y Capilla del Sauce del Departamento de Florida.

Auméntase el rubro maquinaria, equipos y mobiliario en $ 25:000.000.00 (veinticinco millones de pesos) en este rubro, destinado primordialmente a la realización de una licitación pública, para adquirir máquinas de escribir y de calcular, mimeógrafos, etc.

Auméntase la partida de Oficinas, Institutos y Liceos del país en $ 35:000.000.00 (treinta y cinco millones de pesos).

Auméntase en $ 25:200.000.00 (veinticinco millones doscientos mil pesos) para el Ejercicio 1972, el subsidio para el Comedor Universitario N° 1.

Autorízase a la Caja de Retirados y Pensionistas Militares a reforzar previo informe de la oficina de Planeamiento y Presupuesto, sus rubros de gastos en el importe que representen las economías anuales en su presupuesto.

Concédese a todos los funcionarios comprendidos en los incisos 2 a 19, 23 a 26 y 28 a 33 inclusive, del Presupuesto General de Sueldos y Gastos, un préstamo de $ 6.000.00 (seis mil pesos) mensuales hasta que perciban las remuneraciones que fije el nuevo Presupuesto General de Sueldos y Gastos. En esa oportunidad empezarán a reintegrar dicho préstamo en la forma y condiciones que se determinen. Quedan comprendidos en esta disposición las cuidadoras del Consejo del Niño. Esta erogación se hará con cargo a Rentas Generales.

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Las obras y erogaciones incluidas en el Plan General de Inversiones, podrán ser atendidas transitoriamente, con los recursos de que disponga el Tesoro Nacional.

Lo dispuesto por el artículo 518, de la ley número 13.892, de 19 de octubre de 1970, no será de aplicación en los asuntos judiciales, en trámite o que se tramiten en el futuro de los Juzgados con sede fuera del departamento de Montevideo.

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Facúltase al Poder Ejecutivo y Organismos afiliados al Banco de Previsión Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares) a celebrar convenios relativos al pago de pre - jubilatorios, o anticipos de haberes de jubilados, en la forma que las partes representadas reglamenten.

El Registro General de Inhibiciones no inscribirá embargos por tributos judiciales de monto inferior a $ 2.000.00 (dos mil pesos). Toda comunicación de traba de embargo por tributos judiciales deberá expresar el monto de ellos.

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Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada que declaren rescindido el contrato por culpa del arrendatario o aparcero habilitarán al actor para solicitar directamente el lanzamiento, sin necesidad de tramitar previamente el juicio de desalojo. Al decretarse el lanzamiento, el Juez podrá conceder el plazo estrictamente necesario para recoger el fruto de las sementeras, plantadas antes de la notificación de la demanda de rescisión o para la movilización de los semovientes, cuando existan circunstancias excepcionales que la impidan.

Autorízase a los usuarios de automóviles brasileños introducidos al país al amparo del decreto 324/971, de fecha 1° de junio de 1971, a circular fuera de sus respectivos departamentos, con la sola exhibición del recibo de pago de cuota al día y demás comprobantes legales.

Declárase vigente por tres años a partir de la fecha de promulgación de esta ley lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la ley N° 13.608, de fecha 8 de setiembre de 1967. Las fusiones, adquisiciones, absorciones o transferencias aprobadas por los poderes públicos, implica trasmisión de patrimonios a título universal y a los efectos de su publicidad, además de su inscripción en el registro público y general de comercio, se otorgará declaratoria que se inscribirá en el Registro de Traslaciones de Dominio, si existieren inmuebles.

Establécese un nuevo período de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para que los titulares de promesas de venta a plazo o ventas de contado con plazo de escrituración diferido puedan acogerse al régimen de la ley N° 13.524, de 19 de octubre de 1966.

Reitérase lo dispuesto por los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de ley N° 13.901, de 13 de noviembre de 1970.

Declárase que los establecimientos comerciales que sirvan comidas que constituyan minutas, quedarán incluidos en la jurisdicción del Consejo de Salarios del Grupo 2 Clase 1. Se entenderá que es minuta, aquella elaborada en forma simultánea al pedido del cliente, excluyéndose la comida de olla o cacerola.

El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá conceder un préstamo de $ 50:000.000 (cincuenta millones de pesos) a la "Organización de la Prensa del Interior", a los efectos de constituir el capital inicial de su Cooperativa de Consumos. Dicho préstamo sera devuelto por la Institución beneficiaria, en un plazo de cinco años, devengando un interés anual del 6 % (seis por ciento) y estará garantizado con la responsabilidad solidaria de las empresas periodísticas que integran el Consejo Directivo de dicha entidad a la fecha de la concesión del referido préstamo. Los fondos provenientes de dicho préstamo sólo podrán destinarse a la adquisición en plaza o a la importación de materias primas, materiales, implementos, maquinarias y repuestos necesarios para la impresión de los periódicos que se editan y difunden exclusivamente en el interior del país. El otorgamiento del préstamo establecido en este artículo no impedirá que el Banco de la República Oriental del Uruguay conceda o renueve préstamos o créditos individuales a cualquiera de las empresas periodísticas del interior, de acuerdo a la solvencia de los peticionantes y a las normas que rigen para este tipo de operaciones en la referida institución.

El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá otorgar a la Asociación Cooperativa Electoral un préstamo de $ 25:000.000 (veinticinco millones de pesos). Dicho préstamo será servido en su totalidad por la institución bancaria, dentro de los primeros seis meses de vigencia de la presente ley, quedando exento de impuesto único a la actividad bancaria. Este crédito estará regido en cuanto a tasa de interés y plazo de cancelación por las disposiciones de la ley número 13.981, de fecha 1° de julio de 1971.

Declárase por vía interpretativa, que el monto autorizado en el artículo 1° de la ley N° 14.011, de 18 de agosto de 1971, es el valor efectivo una vez de efectuada la caución autorizada.

Los sanatorios que destinen el 50 % (cincuenta por ciento) de su capacidad total a la internación de enfermos afiliados a instituciones u organismos de asistencia médica colectiva, ya sean privadas, como estatales o paraestatales y/o sociedades mutualistas, gozarán los mismos beneficios y facilidades previstos por el artículo 510 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970.

En los procedimientos efectuados sobre denuncias a los automotores introducidos al amparo de las leyes N° 13.637, artículo 242, de fecha 21 de diciembre de 1967, - de la ley N° 13.782, artículos 119 y 120 de fecha 3 de noviembre de 1969 - la autoridad competente administrativa o judicial a simple solicitud del interesado, procederá a la liberarión de los vehículos secuestrados o mandados secuestrar, designándose depositario del mismo al usuario, quedando éste, sujeto a las responsabilidades estatuidas por los códigos respectivos. Para hacer uso de ese derecho los usuarios, documentarán haberse acogido a los decretos, sobre pago de tributos, dictados al respecto. Los juicios iniciados, proseguirán su sustanciación, hasta su resolución definitiva.

Prorrógase por el término de un año, a contar de la publicación de la presente ley, la disposición establecida sobre sociedades anónimas en el artículo 412 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970.

Las embarcaciones deportivas de bandera extranjera que, a la promulgación de esta ley, se encuentren surtas en puertos o en lugares de la República, podrán obtener su abanderamiento, cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos por la ley N° 10.945, - de 10 de octubre de 1947, en sus artículos 3° y 4° incisos A y B y en los artículos 5° y 6°. Quedarás exceptuadas de garantía y requisitos administrativos y fiscales y de derechos (ley 13 de octubre de 1925) impuestos, gravámenes, recargos a la importación, y otras cargas fiscales, portuarias o administrativas. Estas embarcaciones no podrán ejercer otra actividad, que no sea la deportiva no lucrativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará a los países a cuyas banderas han pertenecido las embarcaciones deportivas, que se acojan a esta ley, la presente disposición.

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Para cumplir las disposiciones municipales o administrativas vigentes a los efectos de obtener la habilitación total o parcial de los establecimientos a que refiere el artículo anterior, las empresas tendrán derecho a trasladar a otras habitaciones de igual calidad y comodidades, a los ocupantes que dificulten o impidan las reparaciones o construcciones, sin variar el precio del hospedaje. En los casos de oposición de los huéspedes, el Juzgado correspondiente hará compulsivo el traslado decretando el desalojo temporal, indicando la habitación a que será trasladado.

Adelántase por una sola vez con destino al fondo creado por el artículo 2° de la ley N° 13.581, de 28 de diciembre de 1966, la cantidad de $ 110:000.000 (ciento diez millones de pesos), generada hasta el 31 de mayo de 1971 por los recursos previstos en la referida ley la que se imputará al déficit a enjugar al considerar la ejecución presupuestal del Organismo por el ejercicio 1971. La cantidad establecida en el inciso anterior, será vertida en la cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, con arreglo a lo determinado por el artículo 67 del decreto reglamentario 144/968, de 15 de febrero de 1968.

Concédese un plazo de 90 días, a contar del día primero del mes siguiente a la publicación de esta ley, para que las empresas periodísticas del interior del país puedan regularizar sus atrasos por aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, a las Cajas de Asignaciones Familiares y al Seguro de Enfermedad en la Industria Gráfica y Afines.

A los efectos del artículo anterior se consolidarán las deudas que por los expresados conceptos tuvieren las mencionadas empresas hasta el 30 de setiembre 1971 inclusive, sin intereses, recargos ni multas. Dentro del plazo de 90 días mencionado en el artículo anterior, las precitadas empresas deudoras podrán cancelar total o parcialmente el monto total adeudado. La cantidad abonada en dicho plazo gozará de la exoneración total de recargos, intereses y multas. El pago del resto de la deuda consolidada, podrán abonarlo, las empresas deudoras hasta en sesenta cuotas mensuales y consecutivas con el interés del uno por ciento mensual sobre los saldos.

Declárase vigente el artículo 68 de la ley número 13.349, de 29 de julio de 1965, para todas las obligaciones que por la legislación social e impositiva graven a las empresas periodísticas del interior y a la entidad gremial que las agrupa, o sea, la "Organización de la Prensa del Interior". Se establece que estas exoneraciones comprenden también los aportes patronales al Seiga.

Las aportaciones dispuestas por el artículo 22 de la ley N° 13.504, de 4 de octubre de 1966, serán exigibles en los departamentos del interior del país, desde el momento que en cada departamento, se haya organizado la efectiva prestación de los servicios médicos previstos en dicha ley, con una retroactividad de 180 días.

Declárase que a partir del 15 de junio de 1970, los trabajadores comprendidos en la resolución del Poder Ejecutivo número 25/70, de 9 de enero de 1970, que posean categoría "A", quedarán a la orden de las respectivas empresas. En cuanto a los trabajadores comprendidos en la referida resolución que posean categoría "D", quedarán a partir de la misma fecha a la orden de la respectiva Bolsa de Trabajo.

Otórgase un plazo de sesenta días a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, para que los titulares de promesas de ventas a plazos, o ventas de contado con plazo de escrituración, diferido, incluso de aquellos que han pagado totalmente el precio, expedidas por la Industrial Francisco Piria S.A., Málaga S.A., Alarcle S.A., Dorica S.A., Nifisa S.A., Surmes S.A., Parnaso S.A., Dylmar S.A., Cominium S.A., Lexington Sociedad Anónima, Anabó S.A., Nurse S.A., Bonus Sociedad Anónima, Densa S.A., Banco Atlántico, Banco Uruguayo de Administración y Crédito y Banco Transatlántico del Uruguay, no inscriptas y cuya fecha anterior al 30 de abril de 1965, resultare comprobada mediante certificación notarial o contable con expresa remisión a recibos de pagos en cuotas, escrituración o asiento en libros rubricados, u otro elemento similar a juicio y bajo la responsabilidad del certificante, soliciten la inscripción de las mencionadas promesas en el registro correspondiente. A tales efectos y a petición de parte, se decretará el levantamiento total o parcial de los embargos que afecten al padrón sobre el que recaiga la promesa de compraventa que se pretenda inscribir, siempre que los mismos sean posteriores a la fecha comprobada. Esta inscripción no devengará ningún gasto y en cualquier problema que pueda suscitarse con motivo de la misma, actuará el Juzgado Letrado de lo Civil, que corresponda, siguiéndose a tal efecto el procedimiento sumario de los artículos 1177 a 1183 del Código de Procedimiento Civil.

Dentro del mismo plazo y en las mismas condiciones del artículo precedente, se podrá solicitar la inscripción de todo compromiso de enajenación de inmuebles a plazos que no hayan sido inscriptos por omisión de los vendedores, de documentar el mismo de acuerdo a las exigencias de la ley N° 8.733, de 17 de junio de 1931.

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Los "Timbres de Certificados Guías" a que se refiere el artículo 354 de la ley N° 12.804, de 30 de noviembre de 1960, con el texto dado por el artículo 214 de la ley N° 13.637, de 21 de diciembre de 1967, serán expedidos por las Intendencias Municipales. La Contaduría General de la Nación emitirá los Timbres de "Certificados Guías" y los suministrará a las Intendencias Municipales que tomarán a su cargo los gastos de la emisión. El valor de los "Timbres de los Certificados Guías" será el establecido en el artículo 125 de la ley N° 13.695, de 24 de octubre de 1968 que duplicó el valor establecido en el artículo 214 de la ley N° 13.637, de 21 de diciembre de 1967.

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Derógase el artículo 1° de la ley N° 13.836, de 7 de enero de 1970, en cuanto declara de utilidad pública la expropiación del Padrón N° 9.742, ubicado en la Primera Sección Judicial de Montevideo, por ser ajeno a las finalidades perseguidas por el legislador.

Se declara de utilidad pública, la expropiación del Padrón Urbano N° 5.999, ubicado en la Cuarta Sección Judicial del departamento de Canelones. El bien cuya expropiación se autoriza por esta ley complementa lo establecido por ley N° 13.938, de 4 de enero de 1971 y será destinado al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 346 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, a cuyos efectos se autoriza el pago del mismo con cargo al crédito establecido en la disposición legal citada.

Declárase de utilidad pública la expropiación del Padrón Urbano N° 1.503, ubicado en la cuarta Sección Judicial del departamento de Canelones. El bien cuya expropiación se autoriza por esta ley será destinado al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 346 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, a cuyos efectos se autoriza el pago del mismo con cargo al crédito establecido en la disposición legal citada.

Declárase por vía interpretativa, que el tributo creado por el artículo 61 de la ley N° 13.782, de 3 de noviembre de 1969, corresponde abonarlo al usuario de los servicios de los Profesionales Universitarios. El Poder Ejecutivo podrá atribuir el carácter de agentes de recaudación a quienes reciban documentos gravados por la referida norma. El incumplimiento aparejará la responsabilidad solidaria del agente de recaudación por el importe de los tributos que hubiera correspondido aplicar, sin perjuicio de las demás sanciones legales.

(Sanciones). Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 136 de la ley N° 13.695, de 24 de octubre de 1968, resultará aplicable a los tributos creados por el artículo 23 de la ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961, y modificativas, lo dispuesto por el artículo 225 inciso 1°, 8° y 9° de la ley N° 12.804, de 30 de noviembre de 1960, en el texto dado por el artículo 89 de la ley N° 13.637, de 21 de diciembre de 1967, y artículo 226 de la misma ley, en el texto dado por el artículo 47 de la ley N° 13.241, de 31 de enero de 1964.

(*)

Autorízase al Directorio a aplicar el artículo 69 de la ley N° 13.586, del 13 de febrero de 1967, en cualquier momento que lo estime oportuno antes del 31 de diciembre de 1972.

(Carrera obligatoria). Derógase el inciso final del artículo 36 de la ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961, en la redacción sustitutiva dada por el artículo 90 de la ley N° 13.426 de 2 de diciembre de 1965.

(*)

(Beneficio de Retiro). El beneficio establecido, por el artículo 74 de la ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961, se liquidará teniendo en cuenta el cincuenta por ciento del monto nominal de jubilación asignado mensualmente.

Modifícase el inciso segundo del artículo 53 del Código de Legislación Aeronáutica, el que quedará redactado en la siguiente forma: "Se considerarán también de tránsito, las aeronaves extranjeras de turismo o deportivas que lleguen en vuelo, en las condiciones del artículo 52, y no permanezcan en territorio nacional más de cuatro meses en total, en el año civil. Completando dicho término, si no hubieran abandonado el territorio nacional la Dirección de Aeronáutica Civil, dispondrá su detención y sólo autorizará el vuelo para salir del país, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 172".

Agrégase como inciso 3° del artículo 53 del Código de Legislación Aeronáutica, el siguiente: "La partida del territorio nacional o el arribo a éste, que no se ajuste a lo dispuesto por el artículo anterior, podrá determinar la aplicación de las disposiciones vigentes en materia de contrabando a las aeronaves privadas".

Establécese un plazo de noventa días a partir de la vigencia de la ley a fin de regularizar, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 53 del Código de Legislación Aeronáutica en su nueva redacción, la situación de las aeronaves privadas de matrícula extranjera cuyo arribo al país haya sido registrado por la Dirección de Aeronáutica Civil antes de la iniciación de dicho plazo, clausurándose sin más trámite, los procedimientos judiciales y administrativos en curso, excepto aquellos relativos a aeronaves utilizadas para introducir mercaderías en forma clandestina pasibles de la sanción prevista en el inciso 3° del artículo 254 de la ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Las aeronaves privadas de matrícula extranjera que durante los dos años precedentes a la vigencia de esta ley hayan permanecido en el territorio nacional como mínimo un total de seis meses salvo las exceptuadas en el artículo anterior, podrán ser enajenadas a personas físicas o jurídicas uruguayas, rigiendo en lo pertinente lo dispuesto por el artículo 1° de la ley N° 9.977, de 5 de diciembre de 1940. La enajenación deberá ser denunciada ante el Banco República, el que expedirá la constancia correspondiente para su inscripción en el registro de aeronaves.

(*)

Establécese que cuando de la aplicación de un tributo surjan importes fraccionados, dichas fracciones serán eliminadas, ajustándose los mismos en la unidad superior. Todos los tributos actualmente inferiores a la cantidad de $ 1.00 (un peso), quedarán fijados en dicha cantidad.

Las instituciones deportivas de carácter amateur que realicen obras de construcción para el mejoramiento del nivel deportivo y cultural de la población quedarán exoneradas de todo gravamen y cargas sociales que afecten a las mismas, siempre que ellas se efectúen por intermedio de convenios con el Ministerio de Obras Públicas y/o la Comisión Nacional de Educación Física.

(*)

(*)

Comuníquese, etc.