Delimitación del derecho de huelga para funcionarios públicos

Los funcionarios públicos no son titulares del derecho de huelga, conforme con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Fundamental Nº 3 de 13 de abril de 1984.

Los reclamos que se planteen, se instruirán de acuerdo a lo que dispongan las normas estatutarias que regulan la actividad siendo de aplicación asimismo lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución de la República y artículo 31 de la ley 15.524 de 9 de enero de 1984. (*)

Sin perjuicio de lo establecido por el artículo anterior, todo planteo o reclamo que contenga una reivindicación de carácter laboral o social, ya sea general o sectorial, podrá ser formulado mediante la asociación a la que estuvieran afiliados los funcionarios públicos. No obstante, lo expuesto en el inciso anterior, cuando simultáneamente, resulte afectado un derecho o interés individual, su titular podrá ejercer por sí la petición conforme con lo que disponen las normas en vigor.

Son ilícitas las conductas de los funcionarios públicos que perturben la prestación del servicio, por ocupación de los lugares de trabajo, paros, trabajo a reglamento o a desgano y actos similares que persigan la misma finalidad y violen el orden disciplinario funcional, lo que, de acuerdo a la gravedad de los hechos, determinará la aplicación de las sanciones que correspondan conforme con lo establecido en este decreto.

Considérase como falta administrativa susceptible de sanción disciplinaria la comisión de las conductas funcionales a que hace referencia el artículo 2º de la Ley Fundamental Nº 3 de 13 de abril de 1984.

En el caso de que los funcionarios públicos, incurrieran en la comisión de tales conductas o actos similares que persigan la misma finalidad, y en tanto que de ello derive una perturbación de la prestación del servicio, cada jerarca, podrá disponer la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la relación que vincule al funcionario con la Administración. Tratándose de los funcionarios de la Administración Central, será de aplicación lo dispuesto por los artículos 36 y 37 del decreto del Poder Ejecutivo de 14 de marzo de 1907 y artículo 180 y siguientes del decreto 640/973, de 8 de agosto de 1973. Los demás casos, se regularán por lo que al efecto determinen las normas estatutarias, legales o reglamentarias que fueren aplicables. (*)

Lo expuesto en el artículo anterior, en sin perjuicio de la potestad inherente a la jerarquía de disponer la destitución de los funcionarios públicos, atento con lo dispuesto por las normas constitucionales y previa instrucción de sumario administrativo a efectos de la determinación de la responsabilidad funcional. En tal caso, se deberá solicitar cuando corresponda, la venia al Organo Legislativo y librar comunicación a la justicia penal competente, según la índole de la ilicitud que se hubiera configurado en cumplimiento de lo previsto por el artículo 177 del Código Penal. (*)

La aplicación de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del presente decreto, no obstará a que los funcionarios formulen los descargos del caso de acuerdo con las reglas del debido proceso y justifiquen mediante prueba fehaciente no haber incurrido en las conductas ilícitas descriptas en la Ley Fundamental que se reglamenta.

Comuníquese, publíquese, etc.