PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 1990 - 1994

El Presupuesto Nacional para el actual período de gobierno, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y sus anexos, que forman parte integrante de ésta.

La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1991, excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de entrada en vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos, inversiones, subsidios y subvenciones, son a valores del 1º de enero de 1990 y se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Las estructuras de cargos y funciones y los créditos respectivos, que figuran en los anexos de la presente ley, deberán ajustarse con las modificaciones producidas con posterioridad al 30 de julio de 1990, realizadas con sujeción a las normas legales habilitantes. (*)

Los créditos que figuran en los anexos de la presente ley, salvo los ya referidos en el artículo anterior para las estructuras proyectadas, deberán ajustarse con las modificaciones producidas con posterioridad al 1º de enero de 1990 realizadas con sujeción a las normas legales habilitantes.

La Contaduría General de la Nación ordenará la numeración de los diferentes códigos ya existentes y realizará la apertura de los que sean necesarios para la implementación de la presente ley.

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Los aportes a los organismos de la seguridad social, cuando se efectúen retenciones sobre haberes por licencia sin goce de sueldo, sueldos en suspenso o faltas al servicio en número mayor a quince días, se realizarán por los días efectivamente liquidados.

Derógase el artículo 16 del decreto Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

La suspensión total o parcial de la percepción de sus sueldos por los funcionarios, no enervará su derecho a continuar cobrando asignación familiar, hogar constituido y contribución estatal para el pago de la cuota mensual de atención de la salud, cuando estos beneficios correspondieren.

Los créditos presupuestales de los Incisos 02 al 26, correspondientes a gastos de funcionamiento y suministros, serán reducidos en el 2 % (dos por ciento) anual, a partir del ejercicio 1992 inclusive.

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Derógase el artículo 6 del Decreto Ley Nº 15.728, de 8 de febrero de 1985.

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Fíjase la retribución correspondiente al cargo de Subsecretario de Estado, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, sus modificativos y concordantes, en N$ 780.830 (nuevos pesos setecientos ochenta mil ochocientos treinta) mensuales.

Fíjase una retribución complementaria por dedicación permanente, de un 45%, (cuarenta y cinco por ciento), de sus respectivas retribuciones sujetas a montepío, excluída la prima por antigüedad, para los cargos pertenecientes a los escalafones P "Personal Político", Q "Personal de Particular Confianza", N "Personal Judicial", I del Poder Judicial, Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, II del Poder Judicial, y para los funcionarios referidos en el artículo 326 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. En estos dos últimos casos la compensación se percibirá cuando exista incompatibilidad total o parcial para el ejercicio de la profesión, estando los funcionarios referidos excluidos del beneficio dispuesto por el artículo 477 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. (*)

Fíjanse como gastos de representación, sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad y la permanencia en el grado, los siguientes porcentajes para los cargos que se detallan: A) Ministro de Estado, Secretario de la Presidencia de la República y Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 25 % (veinticinco por ciento); B) Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Subsecretario de Estado, Prosecretario de la Presidencia de la República, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidentes de los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, Rector de la Universidad de la República y Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: 18 % (dieciocho por ciento); C) Miembros de los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas y Decanos de las Facultades de la Universidad de la República: 10 % (diez por ciento). Deróganse todas las normas que hubieran otorgado gastos de representación con anterioridad a la promulgación de la presente ley.

Interprétase que en ningún caso los gastos de representación y la compensación por dedicación permanente creada por esta ley, integran la dotación ni la retribución del cargo, a los efectos de las equiparaciones o remuneraciones que se fijan en función de otras en base a porcentajes. (*)

Los incentivos al rendimiento se otorgarán de acuerdo con la reglamentación, que a tales efectos dicte el Poder Ejecutivo, la que deberá tomar en cuenta, en lo pertinente, lo que para cada caso establezca la presente ley. Para percibir dichos incentivos, los funcionarios deberán satisfacer los siguientes requisitos: 1) Una asiduidad igual o superior a la media; 2) Un rendimiento igual o superior al nivel medio; 3) Una destacada dedicación a las tareas que se los hayan asignado. A los efectos de verificar el cumplimiento de estos requisitos, los funcionarios serán calificados semestralmente. La reglamentación dispondrá que dicha calificación será elaborada con el asesoramiento de los tribunales previstos en el artículo 12 de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990. No tendrán derecho a percibir los incentivos a que refiere el presente artículo aquellos funcionarios que se encuentren en uso de licencia sin goce de sueldo, con sueldos en suspenso o retenidos, o que no tengan una antigüedad mínima de un año en el Inciso en que presten funciones. Esta exigencia de antigüedad mínima no regirá para los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, durante el ejercicio 1991.

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Deróganse todas las normas legales y reglamentarias que establecen relaciones entre la tabla de sueldos de los escalafones K Personal Militar y L Personal Policial, con la tabla de sueldos de los escalafones civiles.

Sustitúyense los coeficientes de la tabla de sueldos del escalafón K Personal Militar, establecidos en los artículos 47 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 71 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por los siguientes: Denominación del grado Coeficiente Teniente General, Vicealmirante, Teniente General (Av.) 12.5 General, Contralmirante, Brigadier General (Av.) 12.5 Coronel, Capitán de Navío, Comandante, Mayor 11.1 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Comandante 10.0 Mayor, Capitán de Corbeta 9.3 Capitán, Teniente de Navío 8.5 Teniente 1º, Alférez de Navío 7.3 Teniente 2º, Alférez de Fragata 6.7 Alférez, Guardia Marina 4.9 Sub Oficial Mayor, Sub Oficial de Cargo 6.0 Sargento 1º, Sub Oficial de 1ra. 5.3 Sargento, Sub Oficial de 2da. 4.3 Cabo de 1ra. 3.6 Cabo de 2da. 3.0 Soldado de 1ra., Marinero de 1ra. 2.5 Soldado de 2da., Marinero de 2da. 1.8 Aprendiz 1.0 Cadete, Aspirante 0.9

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Fíjase en N$ 44.700 (nuevos pesos cuarenta y cuatro mil setecientos) la base de cálculo para la aplicación de los coeficientes de la tabla de sueldos del escalafón K Personal Militar, y Prima Técnica. Dicho importe no incluye el 50 % (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Establécese la tabla de sueldos para seis horas de labor, que regirá en los escalafones siguientes: A Personal Técnico Profesional; B Personal Técnico Profesional; C Personal Administrativo; D Personal Especializado, E Personal de Oficios; F Personal de Servicios Auxiliares, J Personal Docente de otros organismos, y R Personal no incluido en los escalafones anteriores. Grado Escala Compensación máxima al grado % 16 202.693 84.51 15 188.552 80.24 14 175.397 76.44 13 163.160 73.26 12 151.777 70.87 11 141.188 69.25 10 131.338 66.78 9 122.175 65.17 8 113.652 64.48 7 105.723 64.66 6 98.347 57.71 5 91.485 53.72 4 85.103 54.60 3 79.166 56.63 2 73.642 48.08 1 70.136 45.80 Los importes de la escala básica incluyen el 50 % (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. Los actuales grados 1 al 7 se transforman en grado 1 de la presente tabla. Deróganse los artículos 50 y 52 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986. (*)

Los grados mínimos y máximos de los escalafones a que refiere la tabla establecida en el artículo anterior, serán los siguientes: Escalafón Grado mínimo Grado máximo A 4 16 B 3 15 C 1 14 D 1 14 E 1 13 F 1 10 J 3 15 R 1 16 Deróganse los artículos 51 de la Ley Nº 15.809, de 8 de 1986, 6º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 y 4º de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Establécese la tabla de sueldos y denominaciones para seis horas diarias de labor que regirá para el escalafón M Personal de Servicio Exterior. Denominación Sueldo Básico N$ Embajador 248.218 Ministro 230.844 Ministro Consejero 203.127 Consejero 175.136 Secretario de 1ra. 151.777 Secretario de 2da. 141.188 Secretario de 3ra. 128.711 Los importes de la escala básica incluyen el 50 % (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Los descuentos que se practicaren a los funcionarios por inasistencias, fuere cual fuere su naturaleza se considerarán definitivamente perdidos, sin perjuicio de las posibles devoluciones por errores de la Administración, y en todos los casos se verterán a Rentas Generales. Lo dicho alcanza también a descuentos sobre remuneraciones que se financian con cargo a fondos extrapresupuestales. (*)

Exclúyense de lo dispuesto por el artículo anterior los descuentos referidos en los artículos 455 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 61 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

A partir de la promulgación de la presente ley, queda sin efecto toda norma legal que habilite a cualquier título el uso de locomoción oficial y combustible de cargo del Tesoro Nacional, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades públicas oficiales. En ningún caso el ejercicio de una función pública, en cualquier ámbito del Estado, podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo oficial fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto. La violación de lo preceptuado en el presente artículo configurará falta administrativa grave. Exonéranse de esta disposición al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo y al Presidente de la Cámara de Representantes.

Los funcionarios presupuestados o contratados que se encontraran prestando funciones "en comisión" en otro organismo público distinto al que revisten presupuestalmente podrán optar por su incorporación a éstos, de acuerdo a las siguientes bases: A) La opción deberá formularse dentro de los sesenta días de la publicación de la presente ley; B) Sólo podrán optar aquellos funcionarios que cuentan con más de seis meses de antigüedad en la oficina de destino; La incorporación se realizará conforme a las normas pertinentes del Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y será dispuesta por el Poder Ejecutivo o por el organismo de destino, cuando corresponda, previa conformidad expresa del jerarca de la oficina de origen, con informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su caso. No están comprendidos en esta disposición los funcionarios que prestan funciones en el Poder Legislativo o en la secretaría de los señores legisladores.

Incorpóranse al escalafón E Personal de Oficios, los cargos y funciones vacantes de la serie Chofer y Tractorista, que figuran actualmente dentro del escalafón F Personal de Servicios Auxiliares. La Contaduría General de la Nación realizará las adecuaciones pertinentes.

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Los cargos docentes que a la fecha de promulgación de la presente ley no estén incluidos en el escalafón J Personal Docente de otros Organismos, y cuyas retribuciones no estén reguladas por la tabla de sueldos del artículo 26 de la presente ley, deberán ajustarse a dicha tabla dentro de un plazo de ciento veinte días. Dicha adecuación no podrá implicar costo presupuestal. A medida que se produzca la incorporación en la referida tabla, tendrán derecho a percibir el beneficio establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, modificativos y concordantes, computando su antigüedad a partir de dicha incorporación.

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Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, al personal de servicio contratado del último grado escalafonario afectado a centros de enseñanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), teniendo en cuenta al personal actualmente contratado por las Comisiones de Fomento Escolar.

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El Poder Ejecutivo podrá disponer, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, las modificaciones necesarias para racionalizar las denominaciones de series y de clases de cargos, tendiendo a establecer una nomenclatura uniforme en los Incisos 02 al 14, de los escalafones A, B, C, D, E, F y R.

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Inclúyense en el escalafón D Especializado, aquellos cargos presupuestados y funciones contratadas cuyos titulares desempeñen directamente tareas en la atención de las centrales telefónicas de las unidades ejecutoras. Las referidas transformaciones no podrán implicar aumento del crédito presupuestal. (*)

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El ingreso a la función pública en los escalafones A, B, C y D, al amparo de las excepciones previstas en los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, sólo podrán realizarse mediante concurso de oposición y méritos, o de méritos y prueba de aptitud. Quedan exceptuadas de las exigencias establecidas en el inciso anterior, las designaciones y contrataciones efectuadas de acuerdo al literal F) del artículo 4 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

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A efectos de acogerse a los beneficios previstos por el artículo 32 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, se deberá contar con una antigüedad mínima ininterrumpida de cinco años como funcionario público, al momento de efectuar la opción respectiva.

Los beneficios establecidos por el artículo 32 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, serán de cargo de Rentas Generales exclusivamente en los casos en que los Poderes del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, den efectivo cumplimiento a las normas contenidas en la ley referida.

Las partidas otorgadas en moneda extranjera se ajustarán de acuerdo al procedimiento del artículo 53 de la presente ley.

La Contaduría General de la Nación dispondrá que la registración de la utilización de los fondos extrapresupuestales sea gradualmente incorporada al sistema computarizado. El mecanismo que se instrumentará a tal efecto, deberá aplicar, en lo pertinente, procedimientos análogos a los que se emplean para la registración de los fondos presupuestales. En la medida en que se vaya implementado el mecanismo referido, no podrá utilizarse ningún fondo extrapresupuestal que no se registre conforme a dichos procedimientos.

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a cancelar las deudas contraídas hasta la promulgación de la presente ley, por los Incisos 02 al 14 con Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA), por concepto de pasajes de misiones oficiales al exterior. La imputación se efectuará con cargo a las reservas de crédito realizadas en los Incisos respectivos. En caso de no existir reserva o que resultare insuficiente, la Contaduría General de la Nación queda facultada para habilitar el crédito respectivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas imputará los gastos realizados por concepto de viáticos y partida especial hasta la fecha de promulgación de la presente ley y librará las ordenes de pago correspondientes para reponer el fondo permanente establecido por el artículo 1º del decreto 283, de 23 de marzo de 1988. La imputación se efectuará con cargo a las reservas de crédito realizadas en los Incisos respectivos. En caso de no existir éstas o que resultaren insuficientes, la Contaduría General de la Nación queda facultada para habilitar el crédito necesario.

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Las misiones oficiales al exterior no permanentes de los funcionarios públicos de los Incisos de la Administración Central, se financiarán con cargo a los créditos del Inciso y serán autorizados por resolución de la Presidencia de la República, la que dispondrá si el gasto se imputa con cargo a créditos presupuestales o extrapresupuestales. Quedan derogadas expresamente todas las disposiciones legales, generales o especiales, que se opongan a lo establecido en el presente artículo. Derógase el artículo 9° de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. (*)

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a otorgar a los Incisos 02 a 14, fondos permanentes para atender las erogaciones por concepto de viáticos, partidas especiales y pasajes, los que estarán comprendidos en el tope previsto por el artículo 535 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

La delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presentará al Ministerio de Relaciones Exteriores, antes del 30 de abril de cada ejercicio, el presupuesto de su funcionamiento e inversiones a cargo de Rentas Generales, para el ejercicio siguiente y un balance de ejecución por el ejercicio anterior, acompañado de un informe de auditoría contable y de gestión. El Poder Ejecutivo los incluirá en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio respectivo.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contaduría General de la Nación, en forma conjunta, dentro de los sesenta días de publicada la presente ley, compilarán en un texto ordenado las normas que regulan las inversiones públicas.

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Declárase de interés nacional el acceso ferroviario al puerto de Nueva Palmira. Coadyuvantemente, constituye objetivo prioritario el tendido de un ramal que enlace en línea recta la estación "Grito de Asencio" (al sur de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano) y el recinto portuario de Nueva Palmira (departamento de Colonia), conectándolo a la red nacional ferroviaria e internacional a través de los pasos de frontera Salto Grande, Rivera - Livramento y Yaguarón - Río Branco. Sin perjuicio de la explotación técnica del referido ramal, en el proyecto económico podrá participar el capital privado o municipal interesado, o entes públicos estatales o paraestatales vinculados a la operativa portuaria de Nueva Palmira o a su desarrollo específico.

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Transfiérese de los proyectos de inversión contenidos en el planillado anexo a la presente ley del Ministerio de Educación y Cultura, unidad ejecutora 016, proyecto 803 Obras Civiles SODRE, la suma de N$ 10.000:000.000 (nuevos pesos diez mil millones), discriminada de la siguiente manera: para el año 1991 N$ 1.000:000.000 (nuevos pesos mil millones); para el año 1992 N$ 3.000:000.000 (nuevos pesos tres mil millones) para el año 1993 N$ 3.000:000.000 (nuevos pesos tres mil millones); para el año 1994 N$ 3.000:000.000 (nuevos pesos tres mil millones) al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para sus proyectos de inversión en el programa de vivienda.

Transfiérese de los proyectos de inversión contenidos en el planillado anexo a la presente ley del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la suma de N$ 2.236:000.000 (nuevos pesos dos mil doscientos treinta y seis millones) correspondientes al ejercicio 1994, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para sus proyectos de inversión, en el programa de vivienda.

Transfiérese a los proyectos de inversión contenidos en el planillado anexo a la presente ley, de la unidad ejecutora 016, proyecto 803, Obras Civiles SODRE, del Ministerio de Educación y Cultura, a la unidad ejecutora 013, "Comisión Nacional de Educación Física", la suma de N$ 690:000.000 (nuevos pesos seiscientos noventa millones) la que será afectada al Plan de Inversiones correspondientes al año 1991; y la suma de N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones), en el ejercicio 1991, al proyecto 800 de la unidad ejecutora 015, "Biblioteca Nacional", a fin de solucionar en forma definitiva las deficiencias de las instalaciones eléctricas, efectuar reparaciones urgentes del edificio sede y rehabilitar todos sus servicios al usuario.

Los organismos públicos darán prioridad a los consultores nacionales para la asignación de todos los estudios y proyectos que exijan los planes de inversión a realizarse con recursos nacionales. La misma disposición regirá para los estudios y proyectos relacionados con planes u obras que se financien con préstamos internacionales cuando su costo sea inferior al fijado por las entidades financiadoras para convocar a consultores internacionales. En ambos casos los organismos públicos deberán realizar una consulta con una Comisión integrada por: un delegado del Poder Ejecutivo, que la presidirá: el Director del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y un delegado de la Universidad de la República, a los efectos de que informen sobre la existencia de capacidad nacional en la materia, previo a la convocatoria a consultores internacionales. La comisión deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la solicitud de la consulta. Por razones debidamente fundadas los organismos públicos podrán quedar eximidos del cumplimiento de estas disposiciones. (*)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinará con los jerarcas de las reparticiones correspondientes a los Incisos 02 a 14, el cálculo de un abatimiento del 50 % (cincuenta por ciento) de los siguientes montos de inversiones proyectados en dichos Incisos: A) Inversiones destinadas a vehículos (excluidos los vehículos destinados a ambulancias, patrulleros, tareas agropecuarias a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y toda clase de automotores de tipo utilitario). B) Inversiones destinadas a equipamientos y mobiliarios, excluidas las destinadas al equipamiento en los programas para la atención de la salud, laboratorios e instrumental técnico científico y aquellas que puedan lesionar las tareas imprescindibles para el cumplimiento de los cometidos de las reparticiones referidas en el inciso primero. Los recursos resultantes del mencionado abatimiento tendrán los siguientes destinos: 1) Hospital de Quemados del Ministerio de Salud Pública por un sola vez: a) hasta U$S 700.000 (dólares de los Estados Unidos de América setecientos mil) para la terminación de obras. b) hasta U$S 2:400.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones cuatrocientos mil) para los gastos inherentes para la puesta en marcha del hospital. 2) (*)

Créase en la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" subprograma 002 "Administración General", un cargo de Subjefe del Servicio Médico escalafón A Personal Profesional Universitario grado 19, que se proveerá de acuerdo con las normas vigentes, entre los actuales Técnico I Médico escalafón A Personal Profesional Universitario grado 17, eliminándose posteriormente el cargo que resultase vacante.

Extiéndese el proyecto de funcionamiento "Encuestas Sectoriales e Indicadores Económicos" creado por el artículo 19 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, en el programa 003 "Elaboración, Supervisión y Coordinación de las Estadísticas Nacionales", el cual deberá finalizar el 31 de diciembre de 1992. A tales efectos, destínase una partida anual de N$ 225:150.000 (nuevos pesos doscientos veinticinco millones ciento cincuenta mil) para atender las retribuciones personales y prestaciones sociales del personal necesario para llevar a cabo dicho proyecto. Facúltase al Poder Ejecutivo a contratar con cargo a la partida mencionada, al personal que esté revistando al 31 de diciembre de 1990 en carácter de eventual, en este proyecto. La Dirección General de Estadística y Censos efectuará las propuestas de contratación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los méritos y antecedentes del citado personal en el desempeño de las funciones eventuales.

Transfórmanse en la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", subprograma 001 "Administración Superior", del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", dos cargos de Consultor II y un cargo de consultor I en dos cargos de Consultor I y un cargo de Secretario particular del Presidente de la República respectivamente y decláranse comprendidos en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. (*)

Transfórmanse en la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", subprograma 002 "Administración General", un cargo de Subdirector especializado y en el subprograma 001 "Administración Superior", un cargo de Secretario particular del Presidente de la República, en dos cargos de Consultor II que integrarán el subprograma 001 "Administración Superior" del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" y decláranse comprendidos en el literal f) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. (*)

Decláranse comprendidos en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los cargos de Director de División de la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" subprograma 002 "Administración General" del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno". (*)

Los cargos de Consultor I, Consultor II, Secretario Particular del Presidente de la República y de Director de División citados en los artículos anteriores, serán de particular confianza.

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Suprímense al vacar, en la unidad ejecutora 002 "Escribanía de Gobierno y Hacienda" del subprograma 002 "Administración General" programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" un cargo de Asesor I Escribano, escalafón A, grado 20 y un cargo de Asesor II Escribano, escalafón A, grado 17. La Contaduría General de la Nación transferirá el crédito de los cargos que se vayan suprimiendo al subrubro 02 y al renglón 061.303 por partes iguales.

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Suprímense el vacar en la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes" Subprograma 002 "Administración General", los cargos correspondientes a las series Médico, Teletipista, Radiotelefonía, Radiotécnico, Electrotécnica, Mecánica, Mantenimiento Automotriz, Pintor Chapista, Peluquero, Electricista, Mecánico, Mecánico Gomero, Carpintero, Dibujo, Fotografía, Técnico Agropecuario, Ayudante Arquitecto e Ingeniero y de la serie Servicios del grado 5 hasta el último grado del escalafón. La supresión se realizará una vez efectuadas las promociones. La Contaduría General de la Nación transferirá el crédito de los cargos que se vayan suprimiendo al subrubro 0.2 y al renglón 0.6.1.404 por partes iguales. (*)

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Transfórmanse en la unidad ejecutora 007 "Dirección General de Estadística y Censos" del programa 003 "Elaboración, Supervisión y Coordinación de las Estadísticas Nacionales", los cargos que se mencionan en igual número de funciones contratadas en el mismo escalafón y grado, de acuerdo al siguiente detalle: 2 cargos escalafón A grado 18 1 cargo escalafón B grado 19 1 cargo escalafón B grado 18 La transformación se operará al momento en que dichos cargos queden vacantes.

Créase en la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes"', del programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", un cargo de Jefe de Departamento Radiotécnico, escalafón E, grado 15, a efectos de atender una reparación funcional emergente de la aplicación de la ley 15.783, de 28 de noviembre de 1985 suprimiéndose la función contratada y los créditos respectivos.

Extiéndese al personal que presta servicios efectivamente en la unidad ejecutora 007 "Dirección General de Estadística y Censos", el régimen establecido en el artículo 111 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Suprímese la unidad ejecutora 006, "Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta Laguna Merín", del programa 002, "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público". (*)

Los créditos presupuestales para gasto de funcionamiento e inversiones, muebles, útiles y documentación, de la unidad ejecutora que se suprime por el artículo anterior, permanecerán en el programa al que estaba asignada la unidad hasta el presente.

Los funcionarios excedentes a causa de la supresión de dicha unidad ejecutora se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Exceptúase al personal civil del programa 106 "Salud Militar", y al escalafón K Personal Militar de lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley.

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Suprímense los cargos vacantes de Personal Subalterno del escalafón K Personal Militar, resultante de la aplicación del artículo 182 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986 y los artículos 72, 85 y 91 de la ley 15.903. de 10 de noviembre de 1987, que se detallan: Programa 102 Ejército Nacional, 3.405 cargos. Programa 103 Armada Nacional, 619 cargos. Programa 104 Fuerza Aérea Uruguaya, 460 cargos.

Suprímense los cargos vacantes de Personal Subalterno del escalafón K Personal Militar, que se detallan: Programa 102 Ejército Nacional, 1.300 cargos. Programa 103 Armada Nacional, 460 cargos. Programa 104 Fuerza Aérea Uruguaya, 221 cargos.

Del total de cargos del personal subalterno del escalafón K Personal Militar (Combatiente y no Combatiente), resultante al 1º de enero de 1991, una vez practicadas las supresiones a que refieren los artículos precedentes, se suprimirán al vacar hasta el 10% (diez por ciento) de éstos. Esta norma no alcanza a los cargos técnicos y semitécnicos. De las economías resultantes de estas supresiones, se destinará el 50% (cincuenta por ciento) a la unidad ejecutora 135 "Servicio de Retiros y Pensiones Militares", para financiar pasividades, y el 50% (cincuenta por ciento) restante para gastos de funcionamiento y atención de retribuciones de personal en actividad en la forma que establezca el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo podrá disponer por decreto fundado en acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa Nacional, las modificaciones necesarias para racionalizar las estructuras de cargos del escalafón A Técnico Profesional en las series de Abogado y Escribano y del Escalafón B Técnico Profesional en las series de Procurador y Doctor en Diplomacia de las unidades ejecutoras, de acuerdo a las siguientes normas: A) Las modificaciones de cargos no podrán causar lesión de derechos y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso cuando correspondiera; B) La racionalización deberá propender a una estructura de cargos, cuyas denominaciones deberán uniformarse, la que deberá ser adecuada a los objetivos de cada programa y requerirá el previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación; C) Para su cumplimiento se podrán suprimir los cargos del escalafón K Personal Militar ocupado por los profesionales motivo de esta racionalización; D) El costo de la racionalización no podrá exceder el monto de N$ 64:400.000 (nuevos pesos sesenta y cuatro millones cuatrocientos mil) previstos en el programa 101 "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional", subprograma 001 "Administración Superior", unidad ejecutara 101 "Dirección General de Secretaría de Estado", el cual será distribuido entre las unidades ejecutoras que realicen la misma: E) Las racionalizaciones deberán ser aprobadas antes de los ciento ochenta días de promulgada la presente ley y tendrán vigencia desde el momento de su aprobación. F) De las racionalizaciones que se efectúen, se dará cuenta a la Asamblea General.

Exclúyese al personal militar perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional de la obligación de asegurar, dispuesta en el artículo 5º de la ley 16.074 de 10 de octubre de 1989.

(*)

Transfórmase en la unidad ejecutora 101, "Dirección General de Secretaría de Estado", un cargo de Cabo de 2da. escalafón K Personal Militar, en un cargo de Jefe de Sección serie Especializado escalafón D Personal Especializado, grado 13.

Transfórmase en la unidad ejecutora 101 "Dirección General de Secretaría de Estado" del Ministerio de Defensa Nacional un cargo de Cabo de 2da., en un cargo de Asesor III Abogado, escalafón A, grado 17.

Créase en la unidad ejecutora 104 "Comando General del Ejército" del Ministerio de Defensa Nacional un Cargo de Teniente Coronel en el escalafón del Cuerpo Administrativo, que regirá a partir del 1º de febrero de 1991.

Créase una tasa por concepto de asesoramiento técnico y visación de documentos cartográficos a particulares, que será percibida por el Servicio Geográfico Militar. Dicha tasa se establece en Unidades Reajustables de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y tendrá los siguientes valores: 1) Por documentos cartográficos de dimensiones de hasta 22 x 22,5 centímetros: 1 UR (una Unidad Reajustable). 2) Por documentos de dimensión superior a 34 x 22,5 centímetros y hasta 66 x 50 centímetros: 3 UR (tres Unidades Reajustables); 3) Para documentos de dimensiones de más de 66 x 50 centímetros: 5 UR (cinco Unidades Reajustables). La recaudación que por este concepto se realice, se podrá aplicar a gastos de funcionamiento e inversión en materiales y equipos que requieran las mencionadas tareas.

Transfórmanse en la unidad ejecutora 104 "Comando General del Ejército" del Ministerio de Defensa Nacional, un cargo de Sargento y dos de Soldado de 1era., en un cargo de Asesor IV Contador escalafón A Técnico Profesional, grado 16.

(*)

Regularízanse las fechas de ascenso a la jerarquía de Teniente 2º, Teniente 1º y Capitán, de los Oficiales Egresados según el artículo 52 de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, aplicándoseles el ascenso automático en los tiempos mínimos de antigüedad computable y cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 137 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974. La presente regularización no generará reintegros por diferencia de haberes. Los Oficiales que deban ser ascendidos por lo dispuesto precedentemente y no hayan realizado los cursos correspondientes, cumplirán con esta exigencia dentro de los cuatro meses siguientes a la promulgación de la presente ley, siendo ascendidos al 1º de febrero de 1991.

(*)

(*) "CUADRO D Cuerpo de Prefectura (CP) Grados Efectivos Escalafón A B Capitán de Navío 2 2 Capitán de Fragata 6 5 1 Capitán de Corbeta 12 10 2 Teniente de Navío 20 16 4 CUADRO E Cuerpo de Especialista (CE) Grados Efectivos Alférez de Navío 6 Alférez de Fragata 10 Guardia Marina 16".

Derógase el artículo 10 de la ley 10.808, de 16 de octubre de 1946. (Orgánica de la Armada Nacional).

Estarán comprendidos en la bonificación de servicios, computándoseles cuatro años por cada tres de servicios simples efectivamente prestados, de acuerdo a sus tareas de riesgo, el Personal Superior y Subalterno del Ministerio de Defensa Nacional, que se expresa: - Buzos militares que cumplen tareas con aire comprimido. - Técnicos electricistas y electrónicos que realizan el mantenimiento de equipos que funcionan con alta tensión y emisión de microondas. - Paracaidistas del Ejército, debiendo considerarse para el cómputo el período en el que practicó la especialidad y mantuvo la situación de paracaidista activo. - Los especialmente afectados a la recuperación o búsqueda y detección de artefactos explosivos pertenecientes al Servicio de Material y Armamento y Grupo K-9 "San Miguel Arcángel" de Perros de Trabajo Militar del Ejército.

Fíjase en cincuenta y cinco años para los Oficiales Jefes del Cuerpo de Prefectura Nacional Naval, la edad límite para el retiro obligatorio del Personal Superior egresado de la Escuela de Formación, por aplicación del artículo 52 de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973.

(*)

Declárase comprendida la Fuerza Aérea Uruguaya en lo dispuesto por el artículo 4 del decreto ley 14.845, de 24 de noviembre de 1978.

Amplíase para el programa 104 "Fuerza Aérea Uruguaya", lo establecido en el artículo 78 de la ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987, para atender el gasto que demande el aprovisionamiento de combustible de las aeronaves de dicha Fuerza fuera del territorio nacional.

Los Oficiales comprendidos en el artículo 104 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977, pasarán a partir de la vigencia de la presente ley, a integrar el escalafón B del Cuerpo Aéreo de la Fuerza Aérea, con sus actuales jerarquías y antigüedades. Dichos Oficiales revistarán en dicho escalafón en actividad fuera de cuadros, sin ocupar ni generar vacantes, en el mismo. (*)

Los ascensos de los Oficiales a que refiere el artículo anterior, se regirán a partir de la vigencia de la presente ley por las normas aplicables al escalafón que pasan a integrar. El número de Oficiales a ascender anualmente en cada uno de los grados será el tercio de los que hayan computado el tiempo mínimo exigido para el ascenso y hayan sido calificados en el grado, sin perjuicio del cumplimiento de todas las condiciones establecidas para el ascenso de los integrantes del Cuerpo Aéreo. A los efectos del cálculo de dicho tercio, se tendrá en cuenta lo establecido por el artículo 69 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 1º del decreto ley 15.710, de 15 de enero de 1985.

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 110 de la presente ley, créanse los siguientes cargos fuera de cuadros: Mayor, 32 y Capitán, 28. Las creaciones precedentes se financiarán con la suspensión de los siguientes cargos del artículo 65 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977: Cuerpo Aéreo, escalafón B, Teniente 2º, 14; Teniente 1º, 5 y Capitán, 2; Cuerpo de Seguridad Terrestre, escalafón C, Teniente 2º, 14; Cuerpo Técnico, escalafón D, Teniente 2º, 15; escalafón E, Teniente 2º, 10; escalafón F, Teniente 2º, 10; escalafón G. Teniente 2º, 3; escalafón H, Teniente 2º, 2; Teniente 1º, 2 y Capitán, 3. Los cargos que se crean fuera de cuadros, por la presente disposición se irán eliminando al vacar, transformándose en los siguientes cargos: Teniente 2º, 68; Teniente 1º, 7 y Capitán, 5, de conformidad con lo que determine el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Reconócese a los Oficiales comprendidos en el artículo 104 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977, desde la vigencia del mismo y hasta la de la presente ley, la bonificación establecida por el numeral 3) del literal C) del artículo 194 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974 y el artículo 89 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977. A tales efectos se realizarán las regularizaciones que correspondieran en los registros respectivos. (*)

Las vacantes que hasta la aplicación del artículo 110 de la presente ley, ocupaban los Oficiales respectivos, se mantendrán en los escalafones de los Cuerpos de Seguridad Terrestre y Técnico.

A los efectos de la aplicación del artículo 110 de la presente ley, los Oficiales deberán acreditar dentro del plazo que disponga el Poder Ejecutivo, que reúnen la aptitud sicofísica imprescindible para integrar el escalafón B del Cuerpo Aéreo y en caso de que ello no ocurriera permanecerán en los escalafones en los que se hallaban antes de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de reconocérseles lo establecido en el artículo 113 de la presente ley. Asimismo los Oficiales a que refiere el artículo 110 podrán, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, solicitar ser excluidos de la aplicación de dicha norma para permanecer en las situaciones que poseían antes, sin perjuicio de la aplicación a los mismos de lo dispuesto por el artículo 113.

Los Oficiales que pasaren al escalafón B del Cuerpo Aéreo deberán acreditar dentro del plazo de tres años a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, que reúnen la correspondiente aptitud de vuelo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del decreto ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977. A ese fin el Comando General de la Fuerza Aérea dispondrá la forma de entrenamiento para ello y mientras el Oficial no reciba el mismo, no se le tendrá en cuenta a ningún efecto la aptitud de vuelo.

(*)

La Dirección General de Aviación Civil abonará a sus funcionarios presupuestados y contratados una compensación equivalente al 30% (treinta por ciento), de sus retribuciones de naturaleza salarial, con cargo a sus recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad". (*)

Asígnase al programa 105 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario" subprograma 002 "Administración y Control de los Aeropuertos Nacionales", unidad ejecutora 132 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" del Ministerio de Defensa Nacional, una partida anual de N$ 240:265.700 (nuevos pesos doscientos cuarenta millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos) para otorgar una compensación del 30% (treinta por ciento) de las remuneraciones de carácter salarial, por concepto de permanencia a la orden, a aquellos funcionarios que por razones de servicio sean considerados necesarios. El monto del planillado mensual más sus cargas sociales, será reembolsado a Rentas Generales por la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, con cargo a Rentas Afectadas a Aeropuertos, creada por el artículo 52 de la ley 13.737, de 9 de enero de 1969.

Inclúyese el programa 105 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario", subprograma 002 "Administración y Control de los Aeropuertos Nacionales", unidad ejecutora 132 "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica" del Ministerio de Defensa Nacional, en el literal B) del artículo 595 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, dejándose sin efecto lo dispuesto por el inciso primero del artículo 596 de la norma citada.

Transfórmanse en la unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, los siguientes cargos del subescalafón de Nurses: 12 S/O/M, 15 Sargento 1º y 45 Sargento en 12 Teniente 1º, 15 Teniente 2º y 55 Alférez.

Transfórmanse en la unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, los siguientes cargos en el subescalafón Administrativo: 2 Sargento 1º y 3 Sargento, en 7 Cabo de 1ª, 21 Cabo de 2ª y 39 Soldado de 1ª.

Transfórmanse en la unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, los siguientes cargos del subescalafón Especializado A: un Cabo de 1ª y 13 Soldado de 1ª en 3 Sargento y 32 Cabo de 2ª.

Suprímense en la unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, los siguientes cargos del subescalafón de Servicio: 2 Suboficial Mayor, 2 Sargento lº, 4 Sargento y 2 Cabo de 1ª.

Créanse en la unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, los siguientes cargos en el subescalafón Técnico Especializado: 2 S/O/M, 5 Sargento 1º y 38 Sargento.

Autorízase al programa 106 "Salud Militar" unidad ejecutora 133 "Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, a contratar personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cambio de una labor docente, de investigación, técnica u otra obligación de resultado a cumplir en un plazo determinado.

Los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero, podrán continuar en el goce y percepción de la misma, debiendo acreditar en forma semestral su existencia, mediante Revista consular u otra modalidad fehaciente que disponga el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En caso de no acreditar la existencia transcurrido un año de acaecida la última, se procederá a la baja de la pasividad hasta tanto se solicite la reincorporación al presupuesto. (*) Lo dispuesto por este artículo no generará ningún derecho a retroactividad para situaciones existentes alcanzadas por la anterior legislación en la materia. Derógase la disposición contenida en el numeral 9) del artículo 24 de la ley 13.033, de 7 de diciembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 610 de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Derógase el numeral 4) del literal E) del artículo 31 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), en la redacción dada por el artículo 1 del decreto ley 14.513, de 6 de mayo de 1976.

Créanse en la unidad ejecutora 135 "Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas" del Ministerio de Defensa Nacional, un cargo de Capitán y dos cargos de Teniente 1º. Los cargos creados no podrán ser ocupados hasta tanto no sea aprobada la reestructura escalafonaria del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el respectivo Reglamento de Ascensos, a cuyas disposiciones deberá ceñirse la provisión de los mismos.

Son acumulables a los efectos de la fijación del haber de retiro militar, los servicios públicos o privados prestados con anterioridad al ingreso a las Fuerzas Armadas, así como los servicios docentes militares prestados en actividad o retiro a que refiere el artículo 204 del Decreto Ley Nº 14.157 de 21 de febrero de 1974. Cuando se computen servicios de esta naturaleza prestados con anterioridad al ingreso a las Fuerzas Armadas, el haber de retiro no podrá exceder por dicho cómputo el 100% (cien por ciento) del integro de las remuneraciones que correspondiera al titular en actividad. No se podrán acumular para el Servicio de Retiros y Pensiones Militares los servicios públicos o privados prestados con posterioridad al retiro militar. La prohibición establecida regirá para quienes generen haber de retiro a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

(*)

(*)

Asígnase al programa 109 "Investigaciones y Estudios Meteorológicos" del Ministerio de Defensa Nacional, una partida anual de N$ 3:510.000 (nuevos pesos tres millones quinientos diez mil) para el renglón 014.315 "Retribución de Encargados Pluviométricos". Fíjase la mencionada retribución en N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) mensuales la que será incrementada con los aumentos que fije el Poder Ejecutivo a los funcionarios públicos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las modificaciones y transformaciones necesarias para racionalizar la estructura de cargos de la unidad ejecutora 139, "Dirección Nacional de Meteorología" del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a las siguientes normas: A) Las modificaciones de cargos o funciones no podrán causar lesión de derechos y las regulaciones deberán respetar las reglas del ascenso cuando correspondiera, a la vez que procurarán igualar las remuneraciones que por todo concepto percibirán en el futuro todos los funcionarios de esta unidad ejecutora; B) Para su cumplimiento se dispondrá de un crédito de N$ 103:417.000 (nuevos pesos ciento tres millones cuatrocientos diecisiete mil) y se requerirá el previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación para su aprobación; C) Las racionalizaciones deberán ser aprobadas dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente ley y tendrán vigencia desde el momento de su aprobación; D) El personal del escalafón "K" podrá optar por su pase al escalafón civil. A tales efectos, los cargos que ocupen quienes opten, serán transformados e incorporados en el último grado de la serie del escalafón correspondiente, de acuerdo a su especialización. Los cargos militares de quienes no opten, al vacar serán transformados en cargos civiles. (*) E) El personal civil equiparado a un grado militar podrá optar entre mantener dicha equiparación o perderla. En caso de perder dicha equiparación, percibirán en su lugar la compensación máxima al grado que corresponda dentro de los límites previstos en el artículo 26 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Para el caso de que la retribución percibida por el funcionario fuere superior a la resultante de la compensación del citado artículo 26, se le habilitará el complemento en carácter de compensación permanente. El plazo para las opciones a que refieren los literales D) y E) antedichos, será de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley. (*) F) El régimen establecido en la presente disposición no afectará los derechos adquiridos por los funcionarios a la fecha de la presente ley y, en especial, no implicará la pérdida de los beneficios que a esa fecha posean los funcionarios comprendidos en los literales D) y E), tales como el retiro militar, la asistencia sanitaria, el servicio fúnebre o similares. (*)

(*)

(*)

Declárase que a los efectos del artículo 193 del decreto ley 14.157, de 21 de febrero de 1974, previa liquidación y pago de los aportes respectivos, son computables como años de servicio los cursados en el Liceo Militar o en el Preparatorio Naval, sin que sea viable distinguir en función del período en que ello tuvo lugar.

Los testimonios de las resoluciones firmes que dicten las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, relativos a adeudos por precios de los servicios que prestan o a la imposición de multas, constituirán título ejecutivo y traerán aparejada ejecución sin ningún otro requisito, siendo aplicables los artículos 91, 92 y 94 del decreto ley 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario).

Créanse en la unidad ejecutora 140, "Dirección Nacional de Comunicaciones", un cargo de Director Nacional y un cargo de Subdirector Nacional que serán de particular confianza y estarán comprendidos en los literales d) y e) del artículo 9 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, respectivamente. (*)

(*)

Créanse en la unidad Ejecutora "Dirección Nacional de Comunicaciones", del programa 110, "Coordinación y Control de los Servicios de Radiocomunicaciones y Afines", los siguientes cargos cuyo desempeño será en régimen dedicación total: 1 Asesor Abogado A 20 1 Director División Contador A 20 2 Asesor Ingeniero A 20 1 Subdirector División Ciencias Económicas B 19 1 Jefe Departamento Analista Programador B 17 1 Técnico Bibliotecólogo B 15 1 Técnico Traductor B 15 1 Director División Administrativo C 19 1 Subdirector División Administrativo C 18 7 Jefe Departamento Administrativo C 17 7 Subjefe Departamento Administrativo C 15 6 Administrativo I Administrativo C 13 7 Administrativo III Administrativo C 11 5 Administrativo V Administrativo C 9 1 Director División Electrónica D 19 1 Subdirector División Electrónica D 18 3 Jefe Departamento Electrónica D 17 2 Jefe Departamento Op. Comunicaciones D 17 5 Especialista Electrónica D 15 6 Especialista Op. Comunicaciones D 15 1 Especialista I Dibujante D 14 1 Especialista I Programador D 14 1 Especialista I Operador D 14 5 Especialista II Electrónica D 13 8 Especialista II Op. Comunicaciones D 13 2 Especialista III Operador D 12 6 Especialista IV Electrónica D 11 6 Especialista IV Op. Comunicaciones D 11 6 Especialista VI Electrónica D 9 4 Oficial II Chofer E 13 1 Encargado Servicios F 14 1 Auxiliar Servicios F 11 3 Auxiliar II Servicios F 9 El monto de las retribuciones correspondientes a dichos cargos, incluyendo la compensación máxima al grado y la compensación por dedicación total, así como las cargas sociales y demás prestaciones de carácter salarial, será reembolsado a Rentas Generales por la Dirección Nacional de Comunicaciones con cargos a sus recursos extrapresupuestales. (*)

Para la provisión de los cargos a que refiere el artículo anterior, se aplicarán las normas vigentes para la Administración Central, con las excepciones siguiente: a) Se dará prioridad a los funcionarios que actualmente cumplen tareas en la Dirección Nacional de Comunicaciones, en caso de que éstos opten por incorporarse a la misma dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente ley; b) Quienes no formulen tal opción, serán reintegrados a ANTEL, suprimiéndose sus cargos al vacar; c) Para quienes opten por su incorporación a la Dirección Nacional de Comunicaciones, la adecuación se efectuará conforme a las normas pertinentes de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990; d) El plazo para la adecuación será de ciento ochenta días, contados a partir de la promulgación de la presente ley, y tendrá vigencia desde el momento de su aprobación; e) El régimen establecido en la presente disposición no afectará los derechos adquiridos por los funcionarios a la fecha de la presente ley.

El cargo de Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior será ocupado preferentemente por un Oficial Superior de los subescalafones de Apoyo de la Policía -Técnico Profesional, Administrativo o Especializado- en situación de actividad o retiro, quien dependerá directamente del Director General de Secretaría. Dicho cargo estará comprendido en el literal D) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y modificativas. (*)

El Poder Ejecutivo podrá, hasta el 31 de diciembre de 1991, transformar los cargos presupuestales que sean necesarios, a efectos de racionalizar el instituto policial, adecuando el número de efectivos y su estructuración jerárquica a las necesidades del área y población de cada circunscripción territorial o a las de la función de la respectiva unidad ejecutora, siempre que ello no signifique incremento de sus créditos presupuestales. A tales efectos, podrá suprimir los cargos imprescindibles para efectuar esas transformaciones.

Autorízase, por única vez al Poder Ejecutivo para transformar, en el cargo inmediato superior, a los cargos ocupados por policías del personal superior del subescalafón ejecutivo que, al 1º de febrero de 1991, se encuentren percibiendo las remuneraciones salariales del cargo superior, por aplicación del beneficio "permanencia en el grado." Cuando vuelvan a ascender al grado inmediato superior, aquellos que lo hicieron amparados en el beneficio de permanencia en el grado, el cargo que dejan se transforma en el que tenían anteriormente. Igual procedimiento se aplicará en cualquier caso de vacancia del cargo transformado. (*)

Establécese una única circunscripción nacional para el ascenso a los grados de la Escala de Oficiales, del subescalafón Ejecutivo, escalafón L "Personal Policial", así como una única circunscripción nacional para la determinación del destino de los titulares. Se exceptúa de esta disposición al personal de la Dirección Nacional de Bomberos. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las calificaciones correspondientes al período 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y para los ascensos a partir del 1° de febrero de 2018.(*)

Agrégase al artículo 49 de la Ley Orgánica Policial, el siguiente inciso: "Los ascensos al grado de Inspector General se dispondrán de la siguiente forma: un primer tercio de las vacantes de cada subescalafón se llenará por concurso, un segundo tercio por antigüedad calificada, y el tercio restante por selección directa del Poder Ejecutivo entre aquellos Oficiales Superiores que cumplan con todos los requisitos para el ascenso. Lo dispuesto en el inciso se aplicará para los ascensos que se produzcan a partir del 1º de febrero de 1991". (*)

Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", una compensación especial equivalente al porcentaje que se indica del sueldo básico que percibía el inspector general a valores de 31 de diciembre de 2012, a la que tendrán derecho los policías integrantes del Personal Superior que se encuentren en los cargos que se detallan a continuación: A) Director de la Policía Nacional y Subdirector General de Secretaría, cuando las funciones correspondientes a dichos cargos sean cumplidas por personal policial en actividad: 84% (ochenta y cuatro por ciento). B) Encargados, si los hubiere, de: Jefatura de Policía de Montevideo, Instituto Nacional de Rehabilitación, Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Dirección General de Información e Inteligencia, Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Subdirección de la Policía Nacional, Director de Hechos Complejos y Dirección Nacional de la Educación Policial: 84% (ochenta y cuatro por ciento). C) Directores Nacionales o Encargados, si los hubiere, de: Migración, Dirección Nacional de Policía Caminera, Bomberos, Asistencia y Seguridad Social Policial, Sanidad Policial, Policía Científica, Identificación Civil, Guardia Republicana, Dirección General del Centro de Comando Unificado, Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional y Director de la Dirección General de Apoyo Tecnológico, Director Nacional de la Seguridad Rural, Director Nacional de Aviación de la Policía Nacional y Director de Asuntos Internos: 84% (ochenta y cuatro por ciento). D) Encargado de Jefatura de Policía del Interior, Director General de Fiscalización de Empresas cuyo objeto sea la seguridad privada, Jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional y Encargado de Dirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género: 72% (setenta y dos por ciento). E) Subjefe o Encargado de Subjefatura de Policía de Montevideo y Canelones: 72% (setenta y dos por ciento). F) Subjefe o Encargado de Subjefatura de Policía del Interior excepto Canelones, Directores de Coordinación Ejecutiva de las Jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones, Jefes de Zonas Operacionales de la Jefatura de Policía de Montevideo, Director de la Unidad de Cibercrimen, Director de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario y Director de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos: 60% (sesenta por ciento). G) Subdirector Nacional o Encargado de Subdirección Nacional, Subdirección de Asuntos Internos, Subdirector Nacional de Sanidad Policial, Subdirección de Información e Inteligencia, Subdirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Subdirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Dirección de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Policía de Montevideo, Jefes de Zonas Operacionales de la Jefatura de Policía de Canelones (seis), Directores de Apoyo-Logística y de Formación-Capacitación- Supervisión Profesional de la Guardia Republicana, Jefe de Estado Mayor General de la Guardia Republicana, Directores de Zona Metropolitana, de Unidades Especiales y de Zona Interior de la Guardia Republicana (tres), Jefe de Inspección General de la Dirección Nacional de Policía Caminera, Direcciones de Coordinación Ejecutiva de las Jefaturas de Policía del Interior excepto la Jefatura de Policía de Canelones, Encargado de la Subdirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Subdirector Nacional de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, Coordinador de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, Coordinador Operativo y Coordinador Administrativo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Jefe o Encargado de la Brigada Departamental de Drogas de la Jefatura de Policía de Montevideo y Canelones, Coordinador Académico y Administrativo de la Dirección Nacional de la Educación Policial, Subdirector de Hechos Complejos, Subdirector del Centro Comando Unificado, Subdirector de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, Jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo y Canelones, Comandos del Área Metropolitana, de Zona Interior y Área Especializada de la Dirección Nacional de Bomberos, Director de Coordinación Ejecutiva de la Dirección Nacional de Policía Científica, Director de Coordinación Inspectiva de la Dirección Nacional de Migración, Subdirector Nacional de Aviación de la Policía Nacional, Coordinador Técnico Ejecutivo de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Coordinador Técnico Especializado de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Director Departamental Especializado en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Director de la Dirección de Monitoreo Electrónico, Director de la Escuela Nacional de Policía, Director de la Escuela Policial de Posgrados y Estudios Superiores, Director de Escuela Policial de Escala Básica de la Dirección Nacional de la Educación Policial, Jefe de Departamento de Gestión de Sistemas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico, Jefe del Área de Administración de Sistemas y Aplicaciones Dirección General de Apoyo Tecnológico, Encargado del Área de Gestión de Medidas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico, Jefe del Área de Información de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Jefe del Área Operativa de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Jefe del Departamento de Laboratorio Precursores y Productos Químicos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Jefe del Área de Información de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Jefe del Área Operativa de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, Jefe del Área INTERPOL de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Jefe del Área Operativa de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Jefe del Área de Información de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Jefe del Área de Información de la Dirección General de Hechos Complejos, Jefe del Área Operativa de la Dirección General de Hechos Complejos, Jefe del Área Información de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario y Jefe del Área Operativa de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario y aquellos cargos que el Ministerio del Interior estime convenientes hasta un máximo de veinte: 54% (cincuenta y cuatro por ciento). Una vez determinado el monto por aplicación de los porcentajes establecidos, la compensación no será recalculada y se ajustará en la misma oportunidad y porcentajes que fije el Poder Ejecutivo para las retribuciones del escalafón policial. La presente compensación solo podrá ser considerada para la determinación del haber de retiro, si se hubiere percibido por un período mínimo de dos años, a partir de la vigencia de la presente norma y no integrará la base de cálculo de ninguna otra retribución fijada como porcentaje. (*)

El Ministerio del Interior podrá incrementar el monto de las tasas que percibe, en la misma ocasión y proporción en que se aumente la retribución sujeta a montepío, del Agente de 2da. del subescalafón Ejecutivo.

Créase el Registro Nacional de Empresas prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines, que dependerá del Ministerio del Interior. Prohíbese el ejercicio de las tareas anteriormente mencionadas, sin la autorización de dicho Ministerio. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relacionado con las referidas empresas, las condiciones de su personal, equipos, sanciones a aplicar, revocaciones de permisos y condiciones de funcionamiento.

El Ministerio del Interior percibirá de las empresas prestadoras de servicios de seguridad, vigilancia y afines, las tasas siguientes: A) Permiso de habilitación, 39 U.R. B) Renovación anual de permiso, 22 U.R. C) Solicitud de habilitación por funcionario, concedida, 1,80 U.R. D) Solicitud de habilitación por funcionario, no concedida, 0,70 U.R. E) Habilitación vehículo blindado, 4,30 U.R. F) Inspección anual de vehículo blindado, 2,25 U.R. G) inscripción de modificación de estatuto social, cambio denominación, 1,30 U.R. H) Peritajes sistemas de seguridad, 17 U. R. I) Habilitación de sistemas de seguridad en casas bancarias, bancos, casas de cambio, empresas públicas e instituciones financieras en general, de valores de fácil convertibilidad, 32,50 U.R. (*)

Facúltase al Ministerio del Interior a aplicar a quienes incumplieren las normas que rigen la actividad de las Empresas Prestadoras, de Servicios de seguridad, vigilancia y afines, y de las empresas públicas o privadas tenedoras de dinero o valores de fácil convertibilidad, las siguientes multas : A) Por prestar estos servicios sin la autorización correspondiente, de tres a cinco veces el importe impago; B) Por tener funcionarios o vehículos no habilitados, de cinco a quince veces el importe que hubiese correspondido pagar por la habilitación. (*) C) Por poseer armas no autorizadas, de N$ 70.000 (nuevos pesos setenta mil) a N$ 500.000 (nuevos pesos quinientos mil), sin perjuicio de su incautación; D) Por incumplir el reglamento de seguridad relativo a la custodia o transporte de valores, de N$ 500.000 (nuevos pesos quinientos mil) a N$ 5:000.000 (nuevos pesos cinco millones); E) Por incumplir las demás condiciones previstas en el reglamento de funcionamiento, las que éste establezca, hasta un máximo de N$ 1:000.000 (nuevos pesos un millón). El monto de las multas se determinará según la gravedad de la transgresión y los antecedentes del infractor. Estas sanciones sólo podrán aplicarse previa vista al interesado, para que pueda presentar sus descargos y articular su defensa. En caso de faltas graves y sin perjuicio de la aplicación de las multas precedentes, podrá disponerse la suspensión y aún la clausura de la empresa infractora. El monto de las multas se aumentará en la misma ocasión y proporción en que se incremente la retribución sujeta a montepío del cargo de Agente de 2da. del subescalafón Ejecutivo. Aquellas empresas que contraten servicios de seguridad privados, serán solidariamente responsables del pago de las multas que se impongan a los prestadores por incumplimiento de la reglamentación, siempre que ellas se originen en el servicio que reciben. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición. (*)

El producido de las tasas y multas establecidas en los artículos precedentes, será destinado al funcionamiento y equipamiento de los servicios.

Créase una compensación a la que tendrán derecho los integrantes del personal subalterno del subescalafón Ejecutivo, que será equivalente al 15 % (quince por ciento) del sueldo básico. El beneficio establecido en el presente artículo no se computará para el cálculo del hogar constituido.

Incorpórase al personal médico y paramédico del Inciso 04 'Ministerio del Interior', programas 440 'Atención integral de la salud' y 461 'Gestión de la privación de libertad', al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979. Los funcionarios médicos y paramédicos, presupuestados y contratados, que presten funciones como tales en los programas antes referidos, a los únicos efectos de la acumulación de cargos públicos, contabilizarán la carga horaria efectiva de trabajo. La acumulación de cargos tendrá los siguientes límites: 1) La realización de hasta un máximo de setenta y dos horas semanales de trabajo efectivo, incluyendo dentro de las mismas las horas presenciales, de guardia o retén no presencial. 2) Un máximo diario de doce horas de trabajo efectivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. A los efectos de la aplicación de este régimen, se entiende por personal médico a los profesionales médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos con título habilitante acorde a la normativa vigente y como personal paramédico a todas aquellas funciones relativas al desempeño de profesiones y servicios técnicos vinculados en forma directa a la atención y tratamiento de la salud humana que no se encuentren comprendidos en la categoría de personal médico. (*)

Autorízase al Ministerio del Interior a disponer de una partida de N$ 600:000.000 (nuevos pesos seiscientos millones), con destino al programa 003 "Adquisiciones y Suministros", unidad ejecutora 003 "Intendencia General de Policías", para atender la compra de uniformes para la Policía Nacional.

Sustitúyese el literal J) del artículo 9º de la Ley Orgánica Policial, (Texto Ordenado por Decreto N° 75/972, de 1º de febrero de 1972), por el siguiente: "J) Estado Mayor Policial". (*)

Créase el grupo E en el subescalafón especializado del programa 013 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", el que estará integrado por los cargos presupuestados de Auxiliar de Enfermería, con el grado mínimo de Cabo. Quienes actualmente ocupen un grado inferior, transformarán su cargo en Cabo.

(*)

Fíjase el valor de la Cédula de Identidad en 0,26 UR el trámite común y en 0,52 UR el trámite urgente. (*)

Créase una partida de N$ 522:000.000 (nuevos pesos quinientos veintidós millones) que será destinada a nivelar las retribuciones de todos los funcionarios de los subescalafones Técnico Profesional, Administrativo, Especializado y de Servicio, mediante el otorgamiento de compensaciones en carácter general dentro de cada subescalafón que serán, determinadas por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio del Interior.

El Poder Ejecutivo podrá acordar, a través del Ministerio del Interior, con las compañías aseguradoras públicas o privadas el pago al Estado con destino a esa Secretaría, de un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la policía y que se encontraren cubiertos por una póliza de seguros, en ocasión que la Justicia Penal hubiere dispuesto la formalización de los autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la propiedad. El Poder Ejecutivo determinará el importe que corresponderá del monto cobrado, al personal policial interviniente en el procedimiento respectivo. (*)

Créase una compensación a la que tendrá derecho los integrantes del subescalafón Ejecutivo comprendidos entre los grados 7 a 14 inclusive, equivalente al 14,3 % (catorce con tres por ciento) de su sueldo básico. La compensación establecida por el artículo 79 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, para el grado 6 del subescalafón Ejecutivo será del 15 % (quince por ciento) de su sueldo básico.

El beneficio creado por el artículo 29 de la ley 16.002, de 25 de noviembre de 1988, para los grados de Suboficial Mayor, Sargento 1º, Sargento y Cabo del subescalafón Ejecutivo, se calculará aplicando el coeficiente 0,42 sobre la retribución a que refiere el artículo 13 de dicha ley. Para los grados Agente de 1ra. y Agente de 2da. del mismo subescalafón, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, el coeficiente a aplicar será 0,2175 sobre idéntica retribución.

Créase la Defensoría Policial, con el cometido de asistir en la faz civil o penal a todo funcionario policial en actividad que por procedimiento llevado a cabo en acto de servicio sea llamado a responsabilidad. La reglamentación determinará la forma de prestación del servicio. (*)

Sustitúyese el primer parágrafo del artículo 51 de la Ley Orgánica Policial (texto establecido por el artículo 1º del Decreto-Ley N° 15.098, de 23 de diciembre de 1980, con la modificación dispuesta por el decreto ley 15.240, de 7 de enero de 1982) por el siguiente: "Antigüedad computable en el instituto policial la que se cuenta desde el ingreso hasta la fecha de la calificación". (*)

En las calificaciones correspondientes al periodo 1º de diciembre de 1989 a 30 de noviembre de 1990 se aplicará el cómputo de la antigüedad en el instituto policial en la forma establecida por el artículo anterior.

Exceptúase al escalafón L Personal Policial, de lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley.

Créase un fondo que se integrará con el 5 % (cinco por ciento) de los 'Recursos con Afectación Especial' de todas las unidades ejecutoras que conforman el Inciso 05 'Ministerio de Economía y Finanzas'. El porcentaje se aplicará sobre los ingresos por todo concepto, con las siguientes excepciones: Unidad ejecutora 007, Dirección Nacional de Aduanas. En los ingresos referidos en los artículos 253 y 254 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, el porcentaje se aplicará sobre los incrementos de recaudación, a valores constantes, producidos anualmente a partir del ejercicio 1990 respecto a 1989. Unidad ejecutora 008, Dirección de Loterías y Quinielas en los ingresos referidos en el decreto Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, que correspondan a retribuciones personales, el porcentaje se aplicará para todo tipo de juegos, suertes, rifas y similares, puestos en funcionamiento antes del 1º de agosto de 1990, sobre los incrementos de recaudación, a valores constantes, producidos mensualmente a partir del mes siguiente al de la publicación de la presente ley. Unidad ejecutora 010, Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento. El porcentaje no se aplicará sobre los ingresos que integra la caja comercial. Unidad ejecutora 013, "Dirección General de Casinos". El porcentaje se aplicará sobre el monto de las utilidades que resulten, una vez deducidos de los ingresos todos los egresos que deban realizarse, de acuerdo a las normas vigentes, para el desarrollo de las actividades de la Dirección General de Casinos y sin perjuicio de lo que corresponda a Rentas Generales, las Intendencias Municipales y el Instituto Nacional de Alimentación. Este fondo será destinado a aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado, considerándose lo percibido por todo concepto y financiación por los funcionarios del Inciso, salvo las excepciones que establezca la reglamentación. A esos efectos, se concederá una compensación especial que no será considerada en los porcentajes máximos de la tabla del artículo 26 de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto precedentemente en un plazo de noventa días. (*)

(*)

El crédito asignado al rubro 3.00 Servicios no Personales del programa 002 "Auditoría Interna y Contabilidad General de la Gestión Estatal", incluye una partida equivalente a U$S 1:298.085 (dólares de los Estados Unidos de América un millón doscientos noventa y ocho mil ochenta y cinco) destinada a la contratación de servicios informáticos no personales.

Fíjase en 2 UR (dos Unidades Reajustables) el valor de los certificados que expida el Registro General de Proveedores del Estado, radicado en la Contaduría General de la Nación. Dicho producido será destinado por la referida oficina a equipamiento y gastos de funcionamiento, excluidas las retribuciones personales.

(*)

Los fondos extrapresupuestales de la unidad ejecutora 003, "Inspección General de Hacienda", a que refieren los artículos 6 del decreto ley 15.552, de 21 de mayo de 1984 y 60 de ley 15.851, de 24 de diciembre de 1986, se destinarán: A) 50 % (cincuenta por ciento) a Rentas Generales. B) 50 % (cincuenta por ciento), a un fondo que se distribuirá mensualmente y en efectivo, entre la totalidad de los recursos humanos de la unidad ejecutora en forma igualitaria y de acuerdo a las disponibilidades del mismo. (*)

Amplíase, en el programa 04, "Servicio de Pagaduría de la Administración Central", la partida para inversiones prevista en el Proyecto Nº 712 para el año 1991 en el equivalente a U$S 4.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro mil), con destino a la adquisición de máquinas y equipos de oficina.

Increméntase en el programa 04, "Servicio de Pagaduría de la Administración Central", el rubro 3.00, "Servicios no Personales", en N$ 17:800.000 (nuevos pesos diecisiete millones ochocientos mil).

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la actualización, en forma permanente, del Texto Ordenado de leyes vigentes, relacionado con los tributos de competencia de la Dirección General Impositiva.

Modifícanse los porcentajes establecidos en el literal a) del inciso segundo y en el inciso tercero del artículo 234 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, que quedarán establecidos en 50 % (cincuenta por ciento) y 90 % (noventa por ciento) respectivamente. Esta suma será distribuida en la relación de: 50 % (cincuenta por ciento) respecto a la dotación presupuestal y 40 % (cuarenta por ciento) sujeto a calificación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a contratar en el programa 05, "Recaudación de Impuestos", hasta: 15 Contadores asimilados al esc. A, gdo. 13 5 Ingenieros de Sistemas asimilados al esc. A, gdo. 13 10 Analistas Programadores asimilados al esc. A, gdo. 12 10 Estudiantes Universitarios de Ciencias Económicas asimilados al esc. B, gdo. 12 25 Estudiantes Universitarios de Ciencias Económicas asimilados al esc. D, gdo. 09 Las designaciones no podrán realizarse sin un llamado en primer término a quienes, cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder a las referidas funciones, sean funcionarios de la unidad ejecutora. Cumplida esa etapa, si no fueran provistas esas funciones, se hará un llamado entre quiénes tienen calidad de funcionario público. Las funciones que no puedan ser provistas por los procedimientos previstos en el inciso precedente, podrán serlo por quiénes no tengan la calidad de funcionarios públicos. El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los ciento veinte días de promulgada la presente ley el régimen y oportunidad de las contrataciones autorizadas.

Los funcionarios presupuestados o contratados de la unidad ejecutora 005, "Dirección General Impositiva", afectados al cumplimiento de funciones de computación podrán optar por percibir retribuciones equivalentes a las fijadas, para idénticas funciones, a los funcionarios del Centro de Computación de la Contaduría General de la Nación. Una vez incorporados al régimen previsto por esta norma, sólo podrán percibir por concepto de sueldo y demás retribuciones sujetas a montepío, excepto los renglones 077 "Quebrantos de Caja" y 061.301 "Por Trabajo en Horas Extras", hasta una suma equivalente a la de los funcionarios de la Dirección General Impositiva que revistan en el mismo grado al que estos funcionarios hayan sido asimilados por aplicación del inciso primero, con igual calificación. La reglamentación establecerá los títulos habilitantes y demás requisitos que deberán acreditarse para la incorporación al régimen de referencia. Deróganse los incisos segundos, tercero, cuatro, quinto y sexto del artículo 107 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. (*)

La actual unidad ejecutora 006, "Dirección de Zonas Francas", pasará a denominarse, "Dirección Nacional de Zonas Francas".

Establécese una compensación de hasta el 30 % (treinta por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, por concepto dedicación especial y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas, a los funcionarios de la unidad ejecutora 006, "Dirección Nacional de Zonas Francas", que revistan en los cargos de los escalafones A, C y D, dentro de los grados 17 a 22, inclusive. Dichos funcionarios no podrán percibir remuneración alguna por trabajo en horas extras. A tales efectos increméntase el rubro 0 de dicho programa en N$ 5:000.000 (nuevos pesos cinco millones). El Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección Nacional de Zonas Francas, reglamentará en el término de noventa días de publicada la presente ley, el régimen que se establece.

Incorpórase, en calidad de funcionarios contratados permanentes, a la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", a los funcionarios de la Contaduría General de la Nación que al 30 de julio de 1990 prestan funciones en el Centro de Cómputos de dicha Dirección, con igual escalafón y grado de los que revistan en los padrones de la Contaduría General de la Nación.

Créase una partida de N$ 112:700.000 (nuevos pesos ciento doce millones setecientos mil) en el programa "Recaudación de Renta Aduanera y Contralor de Tránsito Aduanero de Bienes", del Ministerio de Economía y Finanzas, que se destinará a contratación del personal idóneo necesario para el mejor funcionamiento del Centro de Cómputos y a la necesidades fundadas del Instituto de Capacitación Aduanera, para el cual regirán las siguientes prioridades: A) Pruebas de ingreso y cursos de iniciación destinados al personal contratado para la prevención y represión de la evasión fiscal en el interior y en la capital. B) Capacitación del personal de las Receptorías y la Capital, atendiendo a los aspectos técnico-administrativos de prevenir, contener y reprimir la evasión fiscal. C) Formación integral y específica, con carácter determinante para acceder a todos los grados del escalafón aduanero. D) Los gastos de funcionamiento y traslado, así como las retribuciones docentes serán atendidos debiendo ajustarse a los siguientes parámetros: 1) Los docentes especializados que revistan en el escalafón de la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", percibirán por sus clases teórico - prácticas prestadas fuera del horario de servicio, un máximo del 20 % (veinte por ciento) de su remuneración, salvo resolución fundada de la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2) El personal que cumpla funciones docentes, externo a la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", contratado zafra a estos efectos, no superará en los emolumentos el monto correspondiente al grado 17 y los contratos serán de hasta noventa días. Las designaciones zafrales serán realizadas por el Director Nacional de Aduanas, previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La partida creada financiará el sueldo anual complementario y cargas legales, así como las correspondientes prestaciones sociales, en su caso. La unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas" presentará a la Contaduría General de la Nación, la apertura anual en proyectos, rubros, subrubros o renglones derivados, según corresponda, de la referida partida.

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Los rematadores intervinientes en los remates dispuestos en la presente ley, deberán presentar ante la unidad ejecutora 005, "Dirección General Impositiva", y la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", un listado por cada remate realizado, de las mercaderías subastadas y de sus respectivos adquirentes. La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos de información mínima a presentar, a los efectos de posibilitar el control estatal sobre la disposición final de las mercaderías adquiridas en el remate. (*)

Los organismos incluidos en el Presupuesto Nacional podrán imputar las adquisiciones que hicieran conforme a la presente ley, a sus créditos actuales y en caso de ser insuficientes, deberán solicitar el refuerzo de rubro correspondiente. El Ministerio de Economía y Finanzas podrá adelantar los recursos así comprometidos, en un plazo de treinta días a partir de la comunicación del organismo adquirente. Los créditos que otorgue el Banco de la República Oriental del Uruguay a la unidad ejecutora 010, "Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento", con el mismo destino, tendrán la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas hasta un máximo equivalente en nuevos pesos a 2:000.000 UR (dos millones de Unidades Reajustables). Los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas públicas no estatales, imputarán tales adquisiciones conforme a las normas presupuestales respectivas. (*)

Cuando existan dudas sobre la aptitud para el consumo o sobre la peligrosidad de la conservación de las mercaderías a que refiere este régimen, la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas", ordenará su destrucción. Todo esto se entenderá sin perjuicio de los controles y destinos que, en relación a algunos tipos de mercaderías, estén previstos en leyes especiales. (*)

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Deróganse, del artículo 283 de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973, todas las previsiones que facultan a la autoridad judicial interviniente, a disponer la venta o la entrega anticipada de las mercaderías incautadas en presunta infracción aduanera. (*)

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A partir de la vigencia de la presente ley, las boletas de adquisición de mercaderías emitidas en la subasta de comisos de Aduanas tendrán una validez de treinta días a contar desde la fecha de su emisión y contendrán las especificaciones que permitan individualizar perfectamente las mercaderías subastadas. (*)

Deróganse los artículos 88 de la ley 13.420, de 2 de diciembre de 1965, 498 de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, la ley 15.898, de 18 de setiembre de 1987, y toda norma que se oponga a lo dispuesto por los artículos 185 a 200 de la presente ley.

En los procesos aduaneros, una vez ejecutoriada la sentencia de condena, los bienes objeto del comiso aduanero o en abandono infraccional deberán rematarse. En caso que los bienes objeto del comiso aduanero o en abandono infraccional hubieren sido rematados de conformidad con el artículo 283 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 159 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, con anterioridad al dictado de la sentencia de condena, una vez dictada ésta, su producido se distribuirá en la forma prevista en el inciso cuarto de este artículo. El remate de los bienes referidos en los incisos anteriores, se efectuará sobre la base de las dos terceras partes del valor en aduana fijado por la Dirección Nacional de Aduanas, el que no admitirá impugnación alguna. Si en el remate no hubiese postores, se podrá sacar nuevamente el bien a la venta, sobre la base de la mitad del valor fijado por la Dirección Nacional de Aduanas. Si en el remate no hubiese postores, se podrá sacar nuevamente el bien a la venta sin base y será rematado al mejor postor. El producido del remate de los bienes a que refiere este artículo, deducidos los gastos, se distribuirá de la siguiente manera: A) 20% (veinte por ciento) para el fondo creado por los artículos 242, 243 y 254 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986. B) 50% (cincuenta por ciento) que tendrá como destino el Fondo por Mejor Desempeño. C) 30% (treinta por ciento) restante se verterá a Rentas Generales en sustitución de la tributación aplicable, en caso de que la mercadería incautada en presunta infracción aduanera haya sido comercializada para ser ingresada al mercado interno. En caso de que la mercadería incautada en presunta infracción aduanera no haya sido comercializada para ser ingresada al mercado interno, el porcentaje establecido en el presente literal también tendrá como destino el Fondo por Mejor Desempeño. Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer, en cualquier estado de los procedimientos, mientras no se hubiere efectuado la comercialización de la mercadería incautada, mediante resolución fundada, comunicando fehacientemente a la autoridad competente: 1) Que la comercialización sólo se realice con destino al mercado externo. 2) Que la mercadería deberá salir a la venta con el valor base que se establezca en la respectiva resolución. En caso que se haya frustrado la venta de la mercadería en remate por falta de oferentes, la Dirección Nacional de Aduanas podrá solicitar a la autoridad competente que la mercadería sea donada o destruida. Derógase el artículo 291 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley N° 14.106, de 14 de marzo de 1973. El presente artículo entrará en vigencia una vez dictada la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo a que refiere el artículo 311 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010. (*)

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Créase una partida de N$ 1.006:250.000 (nuevos pesos mil seis millones doscientos cincuenta mil) para el ejercicio 1991, en la Dirección Nacional de Aduanas, programa 007, "Recaudación Aduanera y Contralor de Tránsito Aduanero de Bienes" destinada a la prevención y a la represión de las infracciones aduaneras, y a la evasión fiscal. Con cargo a dichas partida sólo podrá girarse para: A) Adquirir medios materiales. B) Gastos extraordinarios para solventar traslados, estadías y gastos de manutención del personal afectado a la represión de la evasión fiscal. La Dirección Nacional de Aduanas presentará a la Contaduría General de la Nación la apertura anual, en proyectos, rubros, subrubros, renglones y derivados, según corresponda, de la partida referida.

Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas a cobrar los formularios de permisos de importación, exportación, tránsito, reembarco, aprovisionamiento de naves, traslado, ingresos a depósito y "free shops", así como la realización de análisis químicos. El precio será fijado por el Poder Ejecutivo no pudiendo superar el costo de los mismos y su producido se destinará en su totalidad a reforzar el fondo creado por el artículo 246 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo podrá disponer las modificaciones necesarias para realizar la estructura de cargos y contratos de función pública en la unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Aduanas". Las modificaciones de cargos y funciones, no podrán causar lesión de derechos y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso cuando correspondiere. La racionalización deberá proponer a una estructura de cargos y funciones adecuadas a los objetivos del programa, y requerida el informe previo conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. La racionalización será elaborada dentro de los ciento ochenta días de la publicación de la presente ley y de ella se dará cuenta a la Asamblea General. La reestructura no implicará costo presupuestal ni de caja, excepto por los créditos presupuestales correspondientes a vacantes generadas a partir del 1º de enero de 1990.

Créase una tasa que recaudará la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado por cotejo y registro de planos de mensura. El importe del gravamen será equivalente en nuevos pesos a 0,75 UR y se abonará por medio de timbres de tasa catastral. El producido de esta tasa se destinará: 1) El 50%, (cincuenta por ciento), a funcionamiento y equipamiento de la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado. 2) El 50%, (cincuenta por ciento) a la capacitación y promoción social de sus funcionarios. (*)

Fíjase una partida de N$ 24:000.000 (nuevos pesos veinticuatro millones) al programa 010, "Regulación de precios y subsidios de los artículos de primera necesidad", unidad ejecutora 010, "Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento", destinada a compensar a los funcionarios por dedicación especial y rendimiento en el cumplimiento de las tareas. La inclusión de los funcionarios en este régimen será por resolución fundada del Director Nacional de Comercio y Abastecimiento. Los montos que se fijen no podrá superar el 40 % (cuarenta por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío excluida la prima por antigüedad del funcionario y cesarán por resolución fundada de la Dirección.

Créase en la unidad ejecutora 010, "Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento", un cargo de particular confianza que se denominará "Subdirector Nacional" y que estará retribuido de acuerdo a lo dispuesto por el literal f) del artículo 9 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo podrá disponer en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura de cargos y contratos de función pública de la unidad ejecutora 010, "Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento". Las modificaciones de cargos y funciones no podrán causar lesión de derechos y las regulaciones deberán respetar las reglas de ascenso cuando correspondiere. La racionalización deberá proponer a una estructura de cargos y funciones adecuada a los objetivos del programa y requerirá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. El proyecto será elaborado dentro de los ciento ochenta días de la publicación de la presente ley y se dará cuenta a la Asamblea General. La reestructura no implicará costo presupuestal ni de caja.

La Unidad Defensa del Consumidor creada como órgano desconcentrado del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", destinará a Rentas Generales el 100% (cien por ciento) de los ingresos generados por la recaudación del importe de sanciones que aplique. (*)

Autorízase a la unidad ejecutora 012, "Dirección General de Comercio Exterior", a efectuar pagos por adelantado, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas en cada caso, a fin de permitir la participación de la República en ferias y exposiciones internacionales, contratación de técnicos extranjeros, publicaciones en revistas e impresión de folletería en el exterior. Dichos gastos serán atendidos con cargo a la partida creada por el artículo 99 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

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Suprímese el Cuerpo Especial de Prevención de Delitos Económicos, creado por el artículo 16 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972.

A partir de la promulgación de la presente ley los fondos referidos en el Decreto-Ley N° 15.716, de 6 de febrero de 1985, en cuanto a todo tipo de juegos, suertes, rifas y similares, puestos en funcionamiento a partir del 1º agosto de 1990, quedarán excluidos de lo dispuesto por el literal d) del artículo 595 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y pasarán a regirse por lo establecido en el artículo 594 de la misma ley. Las retribuciones personales, presupuestales y extrapresupuestales, no podrán superar el promedio de las erogaciones mensuales por tal concepto en los cuatro meses previos a la vigencia de la presente ley. El máximo que se indica no alcanzará a los pagos por horas extras y confronte de sorteos y sólo podrán modificarse por: A) Los aumentos que determine el Poder Ejecutivo para el sector público. B) Los ingresos y egresos de funcionarios. C) Los ascensos cuando correspondiere.

Establécese una compensación de hasta el 30% (treinta por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, por concepto de dedicación especial y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas a los funcionarios de la unidad ejecutora 012, "Dirección General de Comercio Exterior"', que revistan en los cargos de los escalafones A, B, C y D, dentro de los grados 8 a 22, inclusive. Dichos funcionarios no podrán percibir remuneración alguna por trabajo en horas extras. A tales efectos increméntase el rubro 0 de dicho programa en N$ 5.000.000 (nuevos pesos cinco millones). El Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Comercio Exterior reglamentará, en el término de noventa días, el régimen que se establece.

El Cargo de Subdirector General de la unidad ejecutora 009 'Dirección Nacional de Catastro' será ejercido por un Ingeniero Agrimensor". (*)

Extiéndiese al año 1991 el beneficio creado por la Ley N° 16.085, de 18 de octubre de 1989, el cual se distribuirá de la misma forma que dispuso la citada norma.

Inclúyese en las excepciones del artículo 71 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas. (*)

El cargo de Subdirector Administrativo, escalafón C, grado 18, de la Dirección de Loterías y Quinielas, pasará a ser Subdirector General que será de particular confianza, incluyéndoselo en el literal f) del artículo 9 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

Declárase que los cargos de, Director General y Subdirector General de la Dirección General de Casinos, son de particular confianza, encontrándose comprendidos en lo dispuesto en los literales g) y h) respectivamente, del artículo 9 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, sin perjuicio de la aplicación del artículo 2 de la Ley N° 13.797, de 28 de noviembre de 1969, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 13.921, de 30 de noviembre de 1970.

La contabilidad, la administración financiera, las responsabilidades inherentes y el contralor correspondiente de los fondos que gire al exterior el Ministerio de Relaciones Exteriores, se regulará por la reglamentación en la materia, vigente a la promulgación de la Ley N°15.903, de 10 de noviembre de 1987. Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar por vía reglamentaria, las modificaciones que estime pertinentes, dando cuenta a la Asamblea General.

Establécese una compensación de hasta el 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, en concepto de incentivo por rendimiento a los funcionarios del Inciso y podrá alcanzar hasta un 50% (cincuenta por ciento) de éstos. No tendrán derecho al cobro de este incentivo los funcionarios pertenecientes al escalafón M Servicio Exterior y R Personal no incluido en otros escalafones y se liquidará con cargo a sus recursos propios.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores designará a los docentes temporarios a que refiere el artículo 42 de la Ley N° 16.002, del 25 de noviembre de 1988. Habilítase en el programa 03, "Formación, Perfeccionamiento, Difusión e Investigación", el renglón 016, "Retribuciones Docentes", con un crédito anual de N$ 6.795.000 (nuevos pesos seis millones setecientos noventa y cinco mil).

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A partir del 1º de julio de 1991, las oficinas consulares de la República percibirán entre 1 (uno) y 30 (treinta) pesos consulares, por las actuaciones relacionada con los siguientes actos: (*) D) Actos relativos a buques y aeronaves. Nº 17 - Legalización del título de propiedad de un buque, del certificado del cese de bandera y de todo otro documento, certificación o declaración exigible para su abastecimiento. Nº 18 - Expedición de Pasavantes o carta provisoria de navegación. Nº 19 - Intervención en las diligencias para el cambio de bandera nacional por extranjera de un buque. Nº 20 - Prórroga de patente de navegación de un buque o su renovación. Nº 21 - Legalización de patente de navegación de un buque. Nº 22 - Intervención en diligencias para el cambio de nombre o de firma de un buque. Nº 23 - Inspección de buques. Nº 24 - Resolución del Agente Consular prestando su aprobación a la distribución de averías o decisión que expida en vista del informe de peritos, declarando que debe tomarse préstamo a la gruesa, desembarcarse o embarcarse la carga o abandonarse el buque. Nº 25 - Intervención, en el acto de levantar un préstamo a la gruesa. Nº 26 - Intervención en la venta de mercaderías averiadas o que no puedan conservarse hasta la reparación. Nº 27 - Depósito de mercaderías o restos salvados de una nave, que el Agente Consular constituya de oficio o a requerimiento de parte interesada, además de los gastos de almacenaje y vigilancia. Nº 28 - Legalización de todo documento necesario para inscribir en el Registro Nacional, una aeronave de matrícula extranjera. Nº 29 - Toda actuación no mencionada y relacionada con esta Sección, E) Actos relativos a la documentación de viaje de las personas: N° 30 Expedir pasaporte.- N° 31 Renovar pasaporte o Título de Identidad y de viaje.- N° 32 Visar pasaporte o pasaporte colectivo.- N° 33 Expedir visa de carácter permanente.- N° 34 Expedición o legalización de permiso de menor, y expedición de un válido por un solo viaje.- N° 35 Por toda actuación no mencionada y relacionada con esta Sección.- El Poder Ejecutivo podrá exonerar el pago de la actuación consular concerniente a la expedición del Válido por un solo viaje. (*) F) Actos administrativos y de Cancillería: N° 36 Inscripción en el Registro de Nacionalidad y Ciudadanía y expedición de certificado respectivo; y la toma de huellas decadactilares para la obtención del certificado de antecedentes judiciales en la República. (*) Nº 37 - Segunda y posteriores certificaciones de nacionalidad o de ciudadanía de los ya inscriptos. Nº 38 - Legalización de certificado o partida de estado civil defunción o certificado de embalsamamiento. Nº 39 - Obtención y legalización de certificado o partida de estado civil. Nº 40 - Legalización de título profesional. Nº 41 - Legalización de certificado de estudios, de existencia o residencia, de constancias o declaración de actuaciones, de habilitación policial o socio-política, o de cualquier tipo de documento de identificación emitido por la autoridad pública correspondiente. Nº 42 - Legalización de testimonio de actuaciones o sentencias judiciales relativas a divorcio, separación de cuerpos, tenencia, guarda, protocolización de testamento, embargos, interdicciones, o declaratoria de herederos. Nº 43 - Legalización de títulos de marcas de comercio o industria así como de testimonio de título de patente de invención o carta de representación de firma extranjera en la República. Nº 44 - Legalización de exhorto o de contestación a un exhorto. Nº 45 - Legalización, cotejo o reconocimiento de firma en documento de especie no mencionada y relacionada con esta Sección; G) Actos relativos al estado civil: Nº 46 - Inscripción en el Registro de Actos de Estado Civil de nacimiento, defunciones, reconocimiento o legitimaciones y expedición del respectivo testimonio o certificado relativo a los actos mencionados. Nº 47 - Toda actuación no mencionada y relacionada con esta Sección; H) Actos notariales: Nº 48 - Otorgamiento de poder y expedición de primera copia. (*) Nº 49 - Otorgamiento de testamento ya sea abierto o cerrado y expedición de primera copia. Nº 50 - Otorgamiento de escritura pública no mencionada precedentemente y expedición de primera copia. Nº 51 - Otorgamiento o autorización de cualquier acto notarial que no tenga legalmente el carácter de escritura pública o de actos o documentos no especificados y expedición de primer testimonio. Nº 52 - Toda actuación cuyo concepto no se mencione y relacionada con esta Sección; Actos de carácter judicial: Nº 53 - Reconocimiento y examen de cualquier acta, copia u otro documento. Nº 54 - Prestación de diligencia o recepción de declaración. Nº 55 - Interrogatorio de testigo. Nº 56 - Recepción de dinero o depósito de valores por cuenta de particulares. Nº 57 - Intervención en diligencias de carácter judicial, para notificar un fallo o resolución, practicar citaciones, notificar una consignación o la renuncia o la aceptación de un derecho , la oposición a algún acto o convenio, la aceptación o rechazo de la operación de peritos, de árbitros o intérpretes, o del nombramiento de los mismos, u otros actos de la misma clase. Nº 58 - Administración judicial por mandato de autoridad competente o designación de las partes de bienes de ausentes o intestados o intervención en la realización y venta de los mismos. Nº 59 - Administración de bienes de ciudadanos que hubiesen desaparecido de su domicilio, sin saberse su paradero y sin dejar apoderado, o cuando se hubiera extinguido el mandato conferido por el ausente, siempre que en dichos casos se le confiera la administración por la autoridad competente o en virtud de tratados. Nº 60 - Toda actuación cuyo concepto no se mencione y relacionada con esta Sección: J) Actos de índole diversa: (*) Nº 62 - Visación de certificado o declaración relativa a enseres y mobiliarios usados que ingresarán a la República. Nº 63 - Legalización de relación de explosivos o inflamables. Nº 64 - Traducción de cualquier tipo de documento. Nº 65 - Toda actuación no prevista ni relacionada con las Secciones anteriores. (*)

Serán gratuitas y no sujetas a la aplicación de la tasa consular, las siguientes actuaciones consulares: 1) Los certificados de existencia y de residencia expedidos a los jubilados y pensionistas integradas en el sistema nacional de pasividades. 2) Las actas, certificados y demás documentos exigibles como prueba del ausentismo, en ocasión de votaciones nacionales. 3) Los documentos de toda índole que integran la solicitud y trámite de residencia permanente, iniciados en las oficinas consulares , los que únicamente, luego de verificada su autenticidad, serán sellados y rubricados. 4) Por percibir en depósito y por la entrega de la documentación de un buque de bandera nacional, así como la certificación de apertura, de cierre o de cualquier otra índole, de los referidos libros.

Cuando sea necesaria la presencia del Agente Consular fuera de la oficina consular, para realizar cualquier tipo de intervención, dentro de sus cometidos, o que, por impedimento fundado, se requiera su presencia a los mismos efectos, además de los derechos de arancel, así como también gastos, traslados, alojamiento y todo otro que correspondiera, se aplicarán derechos extraordinarios. (*)

Cuando sean requeridos los servicios consulares fuera de las horas reglamentarias de oficina, o cuando la terminación urgente de asuntos o documentos iniciados en horas hábiles, exija la presencia del Agente Consular en su despacho, se percibirán independientemente de los derechos de arancel, derechos extraordinarios. (*)

El Poder Ejecutivo reglamentará lo preceptuado en los artículos 233, 235 y 236 de la presente ley y establecerá, dentro de los límites fijados en las disposiciones precedentes, las alícuotas correspondientes a la actuación consular, atendiendo la naturaleza del documento a intervenir o del hecho o acto motivo de la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 524 del Decreto-Ley N° 14.189, de 30 de abril de 1974.

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Los Agentes Consulares serán responsables pecuniariamente por la aplicación del arancel consular, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que hubiesen incurrido en su errónea aplicación. Sin embargo, no dará lugar al reintegro pecuniario por estos actos cuando el Agente Consular pruebe fehacientemente errores involuntarios.

Los funcionarios diplomáticos percibirán los derechos consulares correspondientes de acuerdo con las disposiciones vigentes, siempre que actúen en el desempeño de las funciones consulares en los Consulados de Distrito. Sin embargo, en los casos de actuaciones consulares efectuadas por funcionarios diplomáticos concurrentes en otros paises, respecto de documentos emitidos u otorgados en el país de concurrencia, no percibirán los derechos de arancel consular, los que estarán sujetos a su reintegro en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Deróganse, a partir del 1º de julio de 1991, los artículos 15, 26, 35, 36, 37, 43 y 44 de la ley 11.924, de 27 de marzo de 1953.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá utilizar las economías de las vacantes que se produzcan a partir del 1º de enero de 1991, para la creación de cargos dentro del mismo escalafón a que correspondan las vacantes y en grados superiores al vigente. Dicha transformación no implicará incremento del crédito presupuestal y requerirá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Declárase que la denominación y número de cargos del escalafón M Personal de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la establecida en la racionalización presupuestal vigente aprobada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 17 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

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Dispónese que aquellos funcionarios afectados por la aplicación del decreto ley 14.206, de 6 de junio de 1974 y que a la fecha revistan como especialista en el escalafón R del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, serán reincorporados automáticamente al escalafón del Servicio Exterior en calidad de funcionarios de carrera, a todos sus efectos.

Habilítase en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una partida de N$ 330.000.000 (nuevos pesos trescientos treinta millones), con destino a la realización del Censo General Agropecuario 1990.

Autorízase a la unidad ejecutora 105, "Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias", a disponer de una partida por única vez de N$ 161.000.000 (nuevos pesos ciento sesenta y un millones) equivalentes a U$S 200.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos mil) en el ejercicio 1994, a efectos de llevar a cabo el Censo Agropecuario por muestreo.

Asígnase un partida anual de N$ 96.600.000 (nuevos pesos noventa y seis millones seiscientos mil), equivalente a U$S 120.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento veinte mil) como contribución al convenio entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino a las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de la Granja.

Increméntase en N$ 1.000.000.000 (nuevos pesos un mil millones) la partida dispuesta por el artículo 45 de la ley 16.002, de 25 de noviembre de 1988, con destino al Fondo Forestal creado por el artículo 52 de la ley 15.939, de 28 de diciembre de 1987. Con cargo a dicha partida, el Fondo Forestal podrá atender además de los beneficios y erogaciones previstos en la ley 15.939, la prestación de un subsidio de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del costo ficto de plantación fijado por el artículo 42 de dicha ley. La prestación del subsidio se regirá por lo establecido en el decreto 931, de 3O de diciembre de 1988, o a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a tales efectos.

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Créase el Fondo Nacional de Protección Agrícola que será provisto por: A) Las recaudaciones provenientes de las sanciones por infracciones a las normas legales y reglamentarias en materia fitosanitario; B) Las sumas que se abonen por concepto de servicios prestados por la unidad ejecutora 110,"Dirección de Servicio de Protección Agrícola", directamente o por medio de terceros; C) El importe de las tasas o tarifas cobradas por concepto de inscripciones, registros, renovaciones, certificaciones, inspecciones, diagnósticos, acreditaciones y gestiones, extracciones de muestras, evaluaciones y plaguicidas, habilitación de depósitos, de parcelas cuarentenarias e inspecciones solicitadas por los administrados; D) Los ingresos que se le asignen por vía legal o reglamentaria. La titularidad y administración del Fondo corresponderá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la unidad ejecutora 110. "Dirección de Servicio de Protección Agrícola".

La unidad ejecutora 110, "Dirección de Servicio de Protección Agrícola", para el cumplimiento de sus cometidos y funciones podrá contratar empresas unipersonales o pluripersonales con idoneidad suficiente en la materia, que se encuentren registradas ante la misma, a los efectos de prestar aquellos servicios que dentro de su competencia y sin perjuicio de ella, pueda encomendar su ejecución a terceros.

Autorízase a la unidad ejecutora 116, "Comisión Honoraria del Plan Agropecuario" a percibir el precio de los servicios de asistencia técnica a proyectos prediales específicos de desarrollo agropecuario, sin perjuicio de la tarea habitual de asesoramiento gratuito que prestan los técnicos de dicha Comisión. El producto se destinará al mejoramiento del servicio y no podrá aplicarse a retribuciones personales.

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Las Direcciones que se crean conforme a la nueva estructura presupuestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sustituirán, en lo pertinente, a las que se transformen o supriman, de acuerdo al siguiente detalle: A) La unidad ejecutora 104, "Dirección de Servicios Jurídicos", a la Dirección de Asesoramiento Legal, Dirección de Contralor Legal y Dirección General de Servicios de Contralor Agropecuario; B) La unidad ejecutora 108, "Dirección de Suelos y Aguas", a la Dirección de Suelos, División Aguas de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y lo relativo a fertilizantes de la Dirección de Insumos Agropecuarios. C) La unidad ejecutora 110, "Dirección de Servicios de Protección Agrícola", a la Dirección de Sanidad Vegetal, a la Dirección de Laboratorio de Análisis en materia de plaguicidas y a las restantes competencias de la Dirección de Insumos Agropecuarios; D) La unidad ejecutora 113, "Dirección de Laboratorios Veterinarios "Miguel C. Rubino", a la Dirección de Investigaciones Veterinarias "Miguel C. Rubino" y Dirección de Lucha contra la Fiebre Aftosa; E) La unidad ejecutora 120, "Dirección de Promoción y Desarrollo Local", a la Dirección de Extensión y Dirección de Fomento Cooperativo; F) La unidad ejecutora 111, "Dirección de Granos" realizará las restantes actividades de la Dirección de Laboratorio de Análisis. La asignación de cometidos, atribuciones, bienes, ingresos presupuestales y extrapresupuestales, que las disposiciones vigentes preven respecto de las reparticiones que por la presente ley se transforman o suprimen, se reputarán hechas a las respectivas unidades ejecutoras que se crean.

Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que antes del 3O de junio de 1991, previo dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, proceda a adecuar las denominaciones de cargos y funciones a la reorganización de los servicios, así como realizar transformaciones de cargos o disponer la perduración de aquellos que está previsto caduquen al vacar, de las unidades ejecutoras que figuran en el planillado anexo a la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo para que en las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo requieran, por haber sido reorganizadas, asigne la funciones de dirección superior entre los funcionarios titulares de cargos del grado superior del respectivo escalafón y serie de cargos. Dicha asignación de funciones, se efectuará previa selección de los funcionarios, mediante concurso de méritos y antecedentes o concurso de oposición y méritos, a cuyos efectos se constituirán tribunales integrados con tres miembros de reconocida idoneidad en la materia.

Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a otorgar un incentivo por rendimiento sobre las retribuciones de sus funcionarios, cuando éstos realicen tareas de alta especialización, de campo y de apoyo a éstas, en las áreas prioritarias que establezca el Ministerio. Dicho incentivo no podrá exceder del 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío.

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Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a otorgar premios estímulos a los funcionarios que resulten adjudicatarios de los premios que se estipulen en los concursos que se organicen para la recepción de ideas y proyectos cuya finalidad sea el mejoramiento de los servicios del Ministerio, ya sea por medidas de desburocratización, desregulación, racionalización de procedimientos y trámites, implementación de nuevos medios técnicos o similares disponiendo de una partida por única vez al equivalente de 500 UR (quinientas Unidades Reajustables), la que será financiada con cargo al rubro 9.2 "Otros Gastos Extraordinarios" del programa 101, "Administración Superior". Dicha partida será distribuida a los adjudicatarios por resolución fundada del Ministerio de acuerdo con el reglamento que se establezca a esos efectos.

Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a constituir fondos permanentes equivalentes a un duodécimo de las respectivas contrapartidas nacionales de los siguientes proyectos de inversión: 854 "Desarrollo Forestal", 855 "Desarrollo Ganadero", 856 "Desarrollo Granjero" y 734 "Construcción, Equipamiento y Operación B/I y Laboratorio".

Derógase el artículo 139 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

La determinación e imposición de las sanciones previstas en la legislación vigente por violaciones a las normas que regulan la actuación de la unidad ejecutora 106, "Dirección de Contralor de Semovientes", competerán a la misma.

Sustitúyese la denominación de la unidad ejecutora 119, "Dirección Forestal", por la de "Dirección General de Recursos Naturales Renovables" en el texto de las siguientes disposiciones: inciso primero del artículo 18; artículo 19; literal B) del artículo 24; inciso segundo del artículo 25 y artículo 36 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987.

A todos los efectos, se considerarán ingresos extrapresupuestales de la unidad ejecutora 107, "Dirección General de Recursos Naturales Renovables", aquellos establecidos en el artículo 20, inciso final del artículo 36, inciso segundo del artículo 37, literales C) y D) del artículo 52 de la ley 15.939, de 28 de diciembre de 1987, no correspondiendo ingresarlos al Fondo Forestal.

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Asígnase a la unidad ejecutora 107, "Dirección General de Recursos Naturales Renovables", los cometidos previstos en el literal F) del artículo 7 de la ley 15.939, de 28 de diciembre de 1987.

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Facúltase a los funcionarios policiales y a los funcionarios de la unidad ejecutora 107, "Dirección General de Recursos Naturales Renovables", para que en el ejercicio de las funciones de control a las infracciones de las disposiciones de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, dispongan medidas cautelares de intervención, y para que constituyan secuestro administrativo sobre los productos forestales provenientes de monte indígena en infracción o presunta infracción y sobre los vehículos, maquinarias, herramientas y demás efectos utilizados para la corta, extracción o tránsito, si así lo consideran necesario y cuando la infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación". (*)

Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal, además de las multas establecidas en el artículo 6 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán ser sancionadas con el comiso de los productos forestales en infracción y los vehículos, maquinarias, herramientas y demás efectos utilizados para su corte, extracción o tránsito. Los productos forestales decomisados serán donados por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables a hospitales, escuelas, institutos de enseñanza, comedores públicos, hogares de ancianos, dependencias del Instituto Nacional del Menor o dependencias policiales. El producto de las multas aplicadas por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal, así como el producido de la venta de vehículos, maquinaria, herramientas y demás efectos utilizados para su corte, extracción o tránsito, decomisados por dichas infracciones, se distribuirá de la siguiente manera: A) 50% (cincuenta por ciento), entre los funcionarios inspectivos de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y policiales que intervengan en los procedimientos. B) 10% (diez por ciento), para el Ministerio del Interior o Prefectura Nacional Naval, según corresponda. C) 40% (cuarenta por ciento), para la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (*)

El producto de las multas aplicadas por violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de fauna indígena como el producto por la venta de pieles, cueros, plumas, vehículos, implementos y efectos decomisados por dichas infracciones, se distribuirá en la siguiente forma: A) 50% (cincuenta por ciento), entre los funcionarios inspectivos o policiales actuantes. B) 10% (diez por ciento), para el Ministerio del Interior o Prefectura Nacional Naval, según corresponda. C) 40% (cuarenta por ciento), para la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (*)

Facúltanse a las unidades ejecutoras 004 "Dirección General de Servicios Agrícolas" y 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", a efectuar el control y prohibir el consumo, la utilización, comercialización, venta, importación, exportación o cualquier otra forma de ingreso o egreso al país de productos o subproductos de origen animal y vegetal y alimentos para animales, que contengan residuos de productos fitosanitarios, productos veterinarios o residuos biológicos u otros contaminantes, en niveles superiores a los que se determinan en las disposiciones higiénico sanitarias y de inocuidad establecidas para la alimentación humana o animal a nivel nacional o, en su defecto, en el Codex Alimentarius o en las exigidas por los países de destino, según corresponda. Las disposiciones higiénico-sanitarias y de inocuidad para los productos regulados en el inciso anterior, serán incorporadas al Reglamento Bromatológico Nacional de conformidad con los procedimientos dispuestos en las normas reglamentarias vigentes. Las infracciones a lo previsto en este artículo serán sancionadas con multas, decomisos, suspensiones o clausuras conforme a lo previsto en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. (*)

(*)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos, será competente para: 1) concretar la ejecución de las obras e instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Silos; 2) administrar directamente o mediante otra forma de explotación ajustada a derecho, las plantas de almacenaje (elevadores zonales, plantas de silos o depósitos) de propiedad del Estado, construidos o a construirse con fondos provenientes del Plan Nacional de Silos, propios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con donaciones realizadas con esos fines a dicho Ministerio o con cualquier otro recurso que se establezca y ubicadas en cualquier punto del territorio nacional, incluidas las zonas francas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, graneros y ex graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos, de propiedad del Estado, a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación. (*) A tales efectos los mismos se deberán comprometer a integrar un capital no menor a US$ 40 (cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) y un máximo de US$ 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por tonelada de capacidad nominal de los depósitos, en un plazo de hasta 10 años, quedando el Ministerio facultado para contemplar causales de fuerza mayor que justifiquen la ampliación del mismo. El plazo para acordar las condiciones de integración de capital entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los actuales tenedores no podrá exceder los 180 días a partir de la vigencia de la presente ley. (*) Dicho plazo podrá ser extendido en la mitad del anterior y por única vez por razones debidamente fundadas. Vencidos cualquiera de los plazos dispuestos en el inciso anterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá enajenar libremente los bienes, sin limitaciones de ninguna índole. El capital integrado por los actuales tenedores se destinará a los siguientes fines: A) En hasta un 20% (veinte por ciento), a atender la deuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para la construcción de los silos. B) El remanente, a atender la deuda que tuvieren, al momento del acuerdo, los actuales tenedores ante el BROU. En caso de que el tenedor no tuviere deudas con el BROU, dicha integración se destinará a la cancelación de pasivos, priorizándose las deudas con el Estado y de no existir deudas se constituirá en una efectiva capitalización de la tenedora. La deuda que tuvieran, al momento del acuerdo, los actuales tenedores con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por concepto del arrendamiento de las plantas deberá ser cancelada independientemente de la capitalización antes mencionada, según forma de pago que se acordará dentro de los plazos ya definidos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá gravar con hipoteca a favor del BROU, las plantas de su propiedad en respaldo de créditos de los tenedores que ingresen en la operativa que esta ley consagra. La enajenación en primera venta de los bienes comprendidos en esta operativa, no estará gravada por el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP). El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de los servicios técnicos correspondientes, realizará el seguimiento y control de las operaciones de mantenimiento del funcionamiento de silos, plantas de almacenaje, elevadores, depósitos y equipos que se transfieren a sus tenedores. (*) 3) prestar los servicios de almacenaje, carga y descarga, secado, pesaje, procesamiento de granos y semillas, con las instalaciones y equipos por ella administrados directamente por la Comisión Técnica Ejecutora; 4) celebrar convenios para el pago de los montos adeudados por concepto de la explotación de la red de plantas de silos del Ministerio. (*)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fijará a propuesta de la unidad ejecutora 111,"Dirección de Granos", las tarifas correspondientes a los servicios que ésta proporcione.

Las infracciones a las normas establecidas sobre comercialización de granos, Registro de Comerciantes de Granos y Registro de Operaciones de Primera Venta de Granos serán sancionadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de acuerdo a lo previsto en la ley 10.940, de 19 de setiembre de 1947 y normas legales, modificativas y concordantes. En el caso de incumplimiento a disposiciones formales y tratándose de un infractor primario, podrá aplicarse la sanción de amonestación, si las circunstancias constatadas en las actuaciones administrativas no aconsejan una sanción más grave.

Asígnase al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias los cometidos que en materia de investigación forestal, fueran atribuídos a la unidad ejecutora 119, "Dirección Forestal" por los literales A) e I) del artículo 7 de la ley 15.939, de 28 de diciembre de 1987. Los funcionarios públicos, presupuestados o contratados, que a la fecha de la presente ley revistaran en la División Investigación de la unidad ejecutora 119, "Dirección Forestal", podrán pasar a desempeñar tareas en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o ser redistribuidos conforme a lo establecido en el artículo 30 de la ley 16.065, de 6 de octubre de 1989, contándose los plazos previstos en dicha norma a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Los bienes afectados al uso de la División Investigación referida quedarán afectados de pleno derecho al uso del referido Instituto.

Los traslados de los funcionarios a que refiere el artículo 2 de la ley 16.098, de 24 de octubre de 1989, se realizarán dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley.

(*)

Destínase el producto de la liquidación de los bienes inmuebles pertenecientes al ex Frigorífico Nacional (Ley 8.282, de 6 de setiembre de 1928) a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a los efectos de su aplicación en la adquisición, construcción o refacción de bienes inmuebles. Los fondos provenientes de la liquidación de los bienes muebles serán vertidos al Tesoro Nacional para contribuir a la financiación de las indemnizaciones otorgadas a los ex funcionarios del Frigorífico Nacional por la ley 16.102, de 10 de noviembre de 1989. El 5% (cinco por ciento) de los recursos a que refiere el inciso anterior se destinará a la Universidad de la República con el mismo destino que los previstos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La Dirección del Servicio Aéreo será unidad ejecutora del programa 4, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transfiriéndose a tales efectos los créditos respectivos del programa 1. La misma fijará los precios de los servicios aéreos de pulverización, fertilización, siembra, transporte y los demás que realice. Determinará asimismo, las modalidades contractuales para la prestación de esos servicios y la forma de recaudación y pago. Los proventos recaudados serán destinados a atender los gastos de funcionamiento, inversiones y compensaciones por dedicación que demande el servicio, con el objetivo de alcanzar el autofuncionamiento. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reestructurará el Servicio Aéreo de conformidad con ese objetivo. Incorpórase al literal E) del artículo 595 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la unidad ejecutora "Dirección del Servicio Aéreo".

Autorízase, al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Poder Legislativo, de acuerdo a lo establecido en la Sección V de la Constitución, a celebrar contratos con organismos internacionales para el mejor aprovechamiento del buque de investigación afectado a los cometidos del Instituto Nacional de Pesca (INAPE), así como a los efectos de que dicho buque efectúe captura cuya comercialización concurra a solventar en parte los gastos de funcionamiento. La totalidad de los ingresos obtenidos por la comercialización de las capturas será destinada a pagar los costos de operación de la nave. Los ingresos así obtenidos serán vertidos al Instituto Nacional de Pesca en su totalidad para ese propósito, sin admitirse deducciones ni afectaciones de especie alguna. Las compensaciones por embarque que perciba la tripulación de los buques del Instituto Nacional de Pesca no estarán sujetas a los topes legales vigentes.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acordará con la Intendencia Municipal de Rocha la forma de integrar el área del Parque Andresito, del Balneario La Paloma, a la urbanización del citado balneario. Se faculta al Ministerio mencionado a ceder a la Intendencia de Rocha, las áreas que fuere necesario para el contenido establecido en este artículo.

Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar un crédito al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por hasta U$S 4:410.000,00 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones cuatrocientos diez mil), con destino a financiar las erogaciones que se generen con cargo al "Fondo de Compensación del Trigo". Dicho crédito será cancelado con las recaudaciones del aporte que corresponde efectuar a los productores con destino a dicho Fondo.

Sustitúyese la denominación Ministerio de Industria y Energía por la de Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El Poder Ejecutivo podrá disponer una racionalización de la estructura de cargos presupuestados de las distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a cuyos efectos se unificarán en el Programa 001, "Administración Superior" para su redistribución, las dotaciones disponibles de todo el Inciso. Las modificaciones de cargos no podrán causar lesión de derechos y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso cuando correspondiera. La racionalización deberá propender a una estructura de cargos adecuada a los objetivos de los programas, uniformizando grados y compensación prevista en el artículo 26 de la presente Ley a nivel del Inciso, y requerirá el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación. El proyecto será elaborado dentro de los ciento ochenta días de la publicación de la presente ley dando cuenta a la Asamblea General. La reestructura no implicará costo presupuestal, excepto por los créditos correspondientes a vacantes generadas hasta el 31 de diciembre de 1990.

(*)

Asígnase un crédito de N$ 10:5000.000 (nuevos pesos diez millones quinientos mil) al programa 001, "Administración Superior", unidad ejecutora 001, "Dirección General de Secretaría", para ser utilizado como contrapartida de gastos nacionales de los proyectos bilaterales y multinacionales de cooperación y asistencia técnica, suscritos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con paises u organismos internacionales.

Declárase cargo de particular confianza el Director Nacional de Tecnología Nuclear, incluyéndose en el literal d) del artículo 9º de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986.

Desígnase a la unidad ejecutora 101, del programa 101, "Formulación, Implementación y Contralor de la Política Nacional de Industrias", con el nombre de Dirección Nacional de Industrias.

Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico, el que se integrará con los aportes que realicen empresas industriales o instituciones que las agrupen, así como instituciones u organismos internacionales o extranjeros. El Fondo estará destinado a cubrir, por el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial, todos los costos de los programas de desarrollo tecnológico, calidad y productividad que realice en apoyo a los sectores y ramas prioritarias, no pudiéndose utilizar para retribuciones personales.

Transfórmase el Centro Nacional de la Propiedad Industrial en Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, unidad ejecutora 004, programa 103, "Administración y elaboración del registro de la propiedad industrial".

Facúltase a la unidad ejecutora 004, "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", a percibir una tasa en concepto de expedición de listados informativos del trámite de solicitudes de derechos ingresados al organismo para mejorar los servicios, no pudiéndose destinar al pago de retribuciones personales. La misma será fijada por el Poder Ejecutivo, en función del costo del servicio prestado. Este tributo regirá a partir de los diez días siguientes a la publicación de la presente ley y se ajustará de acuerdo a lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 168 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. (*)

Los funcionarios del subprograma 002, "Inventario Minero", del programa 007, "Dirección y Ejecución de los Trabajos de Investigación Geológica", unidad ejecutora 011, "Dirección Nacional de Minería y Geología", y sus respectivas funciones contratadas y créditos, serán incorporados al programa 104, "Administración de la Investigación y Contralor Geológico y Minero", unidad ejecutora 011, "Dirección Nacional de Minería y Geología". En el proyecto de inversión con que se atendían las remuneraciones respectivas, se disminuirán dichos importes y los que correspondan a funciones vacantes.

Los precios de las planillas de producción, certificados guías, planillas de declaraciones juradas, guías de transporte, cartas geológicas, códigos de minería y demás publicaciones, formularios y servicios prestados por la unidad ejecutora 001,"Dirección Nacional de Minería y Geología", incluidas las instrucciones a que refiere el artículo 104 del Código de Minería, serán fijadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 80 de la ley 15.851, de 17 de diciembre de 1986.

Establécese que las canteras cuyos materiales fueron necesarios para la ejecución de obras públicas establecidas en el Presupuesto Nacional, que se encuentren ubicadas a una distancia inferior a 25 kilómetros del perímetro urbano de ciudades cuya población supere los 25.000 habitantes, estarán sujetas al pago del canon de producción establecido en el artículo 45, III del Código de Minería. A efectos del contralor pertinente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicará al Ministerio de Industria, Energía y Minería, la autorización otorgada para la apertura de las mencionadas canteras. Al pago del mismo canon deberán ajustarse las explotaciones temporarias a que hace referencia el artículo 116, literal a) del Código de Minería, en la redacción dada por el artículo 620 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, realizándose en ambos casos la liquidación por trimestre vencido o al final del plazo si éste fuera menor.

La apertura de canteras, cualquiera sea el destino de los materiales a extraer, ubicadas a una distancia inferior a veinticinco kilómetros del perímetro urbano de ciudades de más de veinte mil habitantes, requerirá previamente la opinión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cual deberá expedirse preceptivamente dentro del término de sesenta días de recibido el expediente respectivo. De no expedirse en dicho término, se la tendrá por emitida favorablemente.

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(*)

(*)

(*)

Créase la unidad ejecutora 102, "Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", la que tendrá a su cargo la ejecución del programa 105, "Formulación e Implementación de Políticas para el Desarrollo y Fomento de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", cuyo cometido será planificar, coordinar y realizar actividades de promoción y fomento a nivel nacional e internacional de la producción resultante del desarrollo de las artesanías y de las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Las funciones de Dirección de la Unidad Ejecutora 102, "Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas" del programa 105, "Formulación e Implementación de Políticas para el Desarrollo y Fomento de las Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", serán contratadas de acuerdo con el régimen establecido por el artículo 22 del Decreto Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974. La retribución correspondiente al cargo de Director Nacional será equivalente a la estipuladas para los cargos enumerados en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1996. En caso de que se designara en las funciones a personas que fueran funcionarios públicos, les será aplicable lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, modificativas y concordantes.

Créanse en la unidad ejecutora 102, "Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas" programa 105, "Formulación e Implementación de la Política para el Desarrollo y Fomento de las Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", los siguientes cargos: Cantidad Denominación Escalafón Grado 2 Asesor - Economista o Contador A 19 1 Asesor - Abogado A 19 1 Técnico - Analista, Computación B 18 4 Técnico B 16 1 Especialista Operador D 15 1 Especialista RR.PP. D 15 3 Administrativo - Secretaría C 14 6 Administrativo - Administración C 13 2 Auxiliar Chofer F 10 1 Auxiliar Portero F 10 Las designaciones no podrán realizarse sin un llamado a quienes, cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder a las referidas funciones, tengan la calidad de funcionarios públicos. En caso de que en sus oficinas de origen las retribuciones permanentes, sujetas a montepío, sean superiores a las de destino, las diferencias; serán percibidas como compensaciones a los funcionarios. Simultáneamente con la designación se suprimirán los cargos o funciones de origen y sus créditos respectivos.

Asignáse al programa 105, "Formulación e Implementación de Políticas para el Desarrollo y Fomento de las Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", los siguientes créditos: Rubro 2 Materiales y Suministros N$ 9:800.000 Rubro 3 Servicios no Personales N$ 13:000.000

Asígnase al programa 105, "Formulación e Implementación de Políticas para el Desarrollo y Fomento de las Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", unidad ejecutora 102, "Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas", una partida por única vez de N$ 16:500.000 (nuevos pesos dieciséis millones quinientos mil) para atender los costos de equipamiento.

(*)

(*)

Asígnase al programa 001 "Administración Superior", una partida de N$ 2:000.000 (nuevos pesos dos millones), en el subrubro "Honorarios", a efectos de retribuir tareas técnicas prestadas por profesionales que no revistan en los cuadros funcionales del Ministerio.

Asígnase al programa 001, "Administración Superior", en el rubro 0, una partida de N$ 3:000.000 (nuevos pesos tres millones), a efectos de compensar a los funcionarios que presten sus tareas en horario nocturno, entendiéndose por tales, aquellas comprendidas dentro de la hora 20.00 y la hora 8.00.

Declárase zona de especial interés para la expansión turística, al pueblo "Palmar" en el departamento de Soriano. En el marco del acuerdo elaborado por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, con la Intendencia Municipal de Soriano, en colaboración con ésta, el Ministerio, de Turismo procederá en el menor tiempo posible, con cargo a sus rubros de promoción, a formular un programa quinquenal de aprovechamiento de la infraestructura existente, su expansión y promoción.

Exonérase a las empresas extranjeras de transporte carretero del impuesto creado por el artículo 15 de la ley 12.950, de 23 de noviembre de 1961, a condición de que las empresas uruguayas del mismo ramo no paguen un impuesto igual o similar en el país a que pertenecieran las empresas exoneradas. El Poder Ejecutivo dispondrá, en cada caso y previa verificación del cumplimiento de la condición precedente, que la exoneración se haga efectiva.

Dentro del programa 007, unidad ejecutora 007, "Dirección Nacional de Transporte", la Dirección General de Transporte Carretero pasará a denominarse Dirección General de Transporte por Carretera y la Dirección General de Marina Mercante pasará a denominarse Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo.

(*)

Increméntase en N$ 755:000.000 (nuevos pesos setecientos cincuenta y cinco millones) el crédito previsto por el artículo 366 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, para financiar gastos de traslado de docentes. Dicho aumento será financiado por el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Las acciones de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, que sean empresas concesionarios o permisionarias de la explotación de líneas de transporte interdepartamental o internacional deberán ser nominativas. Todo cambio en la titularidad de dichas acciones deberá comunicarse mediante declaración jurada y dentro de los cinco días hábiles siguientes al mismo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El incumplimiento de las condiciones fijadas en el otorgamiento de las concesiones y permisos, faculta a dejar sin efecto unas y otros. Cuando el cambio en la titularidad de las acciones nominativas se hubiera operado en empresas que fueron concesionarias o permisionarias a la fecha de promulgación de esta ley, regirá lo dispuesto precedentemente pero el plazo será de veinte días hábiles siguientes a su publicación, así como la facultad otorgada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el inciso anterior. Para el caso de que las sociedades anónimas o en comandita por acciones, concesionarias o permisionarias actuales de líneas de transporte de pasajeros, tengan su capital total o parcialmente representado por acciones al portador, éstas dispondrán del plazo de dos años a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para transformarlas en nominativas. Las modificaciones del estatuto o contrato, social que sea necesario hacer a esos efectos no darán derecho a receso.

En caso de expropiaciones realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si después de ejecutada la obra que dio origen a la expropiación quedaren superficies no aptas para el destino fijado en la declaración de utilidad pública, el Ministerio podrá enajenar a los particulares las mismas, teniendo prioridad en el siguiente orden: primero, el expropiado y segundo, los propietarios de los inmuebles linderos a éstas. A sus efectos se considerará su valor sobre la base de la tasación de las oficinas técnicas del Ministerio o del precio establecido en remate público. Podrá procederse en igual forma cuando cambien las circunstancias de hecho que determinaron su destino y dichas tierras se tornen innecesarias para el Estado. Una vez que por resolución del Poder Ejecutivo se autorice la enajenación al titular del derecho de prioridad, el mismo tendrá un plazo de treinta días contados a partir de la notificación de la resolución que la dispone, para presentarse y realizar la escritura de compraventa con el Estado. Cumplido dicho plazo perderá el derecho y la preferencia a adquirir el bien (*)

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(*)

Decláranse comprendidos en lo dispuesto por el artículo 361 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, a los estudiantes de la Universidad de la República de cualquier disciplina y de la unidad ejecutora 004, "Consejo de Educación Técnico Profesional", de la Administración Nacional de Educación Pública. (*)

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas designará una comisión asesora, con el cometido de estudiar la situación de los trabajadores contratados y eventuales de su Dirección de Arquitectura y de proponer soluciones administrativas y legislativas, relativas a la situación funcional de dichos trabajadores. La referida comisión se integrará con un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la presidirá, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno del Ministerio de Economía y Finanzas y uno de los trabajadores a que refiere este artículo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas adoptará las medidas necesarias para que la comisión se instale dentro de los sesenta días de la fecha de promulgación de la presente ley y la dotará de los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento.

(*) Derógase el artículo 58 de la Ley referida.

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Autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a transformar los cargos del escalafón F Personal de Servicios Auxiliares y del escalafón E Personal de Oficios, ocupados por personal redistribuido de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales, en cargos correspondientes al último grado ocupado del escalafón C Personal Administrativo, de la unidad ejecutora respectiva, cuando a juicio del jerarca de la misma, sus ocupantes reúnen las condiciones necesarias para desempeñar tareas administrativas, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Cuando la retribución del funcionario sea superior a la del cargo que se le adjudique, la diferencia será considerada como compensación a la persona.

Los cargos vacantes o que vaquen en el futuro, pertenecientes al último grado de cada escalafón en las distintas unidades ejecutoras donde presten funciones becarios provenientes de la Comisión Nacional de Repatriación y de la unidad ejecutora 004 "Consejo de Educación Técnico Profesional" de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) serán provistos con dichos becarios. Igual procedimiento se seguirá en relación a los becarios que prestan en el funcionamiento en el Centro de Capacitación y Producción (CECAP). Para estas designaciones no regirán los requisitos de ingreso a la función pública dispuestos por el Capítulo I de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. Al realizarse las designaciones, se irán abatiendo simultáneamente los créditos con que se atendían las retribuciones de los becarios.

Créase en el programa 001 "Administración General", el "Instituto Nacional de la Juventud", que tendrá como cometidos: A) Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la juventud, en coordinación con otros organismos estatales; B) Promover, planificar y coordinar las actividades del Centro de Información a la Juventud, que desempeñará del referido Instituto, asesorando y capacitando el personal de las unidades locales de información. Créase el cargo de Director del Instituto Nacional de la Juventud, que tendrá carácter de particular confianza y cuya retribución será la establecida en el literal g) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. (*)

Los tributos y precios que perciban las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura, podrán ser ajustados en forma cuatrimestral en un porcentaje no mayor a la variación del Indice General de Precios al Consumo en el cuatrimestre correspondiente, salvo aquellas tarifas cuya fijación esté regulada por convenios internacionales suscritos por el país, en cuyo caso la frecuencia y cuantía de las mismas serán las determinadas por los convenios. Dentro de los noventa días de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo, previo informe del Ministerio de Educación y Cultura, establecerá, de acuerdo con las bases legalmente previstas en cada caso, el monto de dichos tributos y precios sobre el que operarán los ajustes de modo que todos ellos se realicen en la misma oportunidad. Facúltase a la unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros", a percibir del usuario el costo de las copias fotostáticas de los asientos, fichas registrales, oficios o cualquier otro documento protocolizado o archivado que se le requiera. (*)

Increméntase el crédito anual del rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" en un 11 % (once por ciento), con excepción del correspondiente a cargos políticos y de particular confianza, a cargos técnicos y especializados de la unidad ejecutora 012, "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", y a la totalidad de cargos de los programas 008, "Asesoramiento Letrado a la Administración Pública", 009, "Inscripción y Certificación de Actos y Contratos", 010, "Ministerio Público y Fiscal" y 011, "Inscripciones y Certificaciones relativas al Estado Civil de las Personas". Dicho incremento se destinará a nivelar las retribuciones de los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, con excepción de los funcionarios que revistan en las unidades ejecutoras de los programas citados en el inciso anterior, de funcionarios técnicos y especializados de la unidad ejecutora 012, "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", y de funcionarios que ocupan cargos políticos y de particular confianza. El Ministerio de Educación y Cultura en un plazo de ciento veinte días efectuará la distribución de esta partida entre sus unidades ejecutoras teniendo en cuenta la suma total de retribuciones, sean éstas presupuestales o extrapresupuestales de cada cargo o función, y fijará los montos y porcentajes de nivelación que correspondan en cada caso, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

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Créase en el programa 001, "Administración General", unidad ejecutora 001, "secretaría", la Oficina de la Comisión Nacional de Becas, que servirá de apoyo a la tarea que desarrolla la Comisión Nacional.

La Comisión Nacional de Becas labrará acta de todas sus sesiones en las que se dejará constancia de los montos que se adjudiquen discriminados por rubro y por departamento, listados de becas y aspirantes que no fueran contemplados especificando las razones. Dentro de los ciento veinte días de entregados los importes respectivos por parte de la Comisión Nacional de Becas, cada una de las Intendencias Municipales hará llegar a la Comisión las rendiciones de cuentas con los comprobantes correspondientes. La no presentación de la documentación en el término fijado obligará a la Comisión a suspender los pagos hasta que se cumpla el requisito referido.

De las utilidades líquidas que el Estado obtenga por la explotación, directa o indirecta, de todo tipo de juegos, suertes, rifas, apuestas y similares, que entraren en funcionamiento a partir del 1º de agosto de 1990, el 5 % (cinco por ciento) corresponderá al Ministerio de Educación y Cultura y deberá ser depositado en forma trimestral en la cuenta que a tales efectos la referida Secretaría de Estado abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Dichos recursos serán administrados por el Ministerio de Educación y Cultura quien los afectará al desarrollo de las ciencias, las letras, las artes, la educación, incluyendo la física y la cultura. De los recursos referidos en el inciso anterior, el Ministerio de Educación y Cultura destinará el 20 % (veinte por ciento) de los mismos al Fondo de Promoción de Desarrollo de la Biblioteca Nacional, previsto en el artículo 389 de la presente ley.

Increméntase en hasta un 100 % (cien por ciento) la tasa del Registro del Estado Civil, creada por el artículo 143 de la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972. Las sumas recaudadas por concepto de dicho incremento serán administradas por el Ministerio de Educación y Cultura y se destinarán íntegramente al fomento y desarrollo de los servicios culturales del mismo. El Poder Ejecutivo dictará la correspondiente reglamentación. (*)

Increméntanse hasta un 40 % (cuarenta por ciento) las tasas que percibe la unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos". Las sumas recaudadas por dicho incremento serán administradas por la Administración Nacional de Correos, con la finalidad de desarrollar los servicios postales. (*)

A partir de la promulgación de la presente ley las publicaciones de edictos por rectificaciones de partidas en el Diario Oficial serán gratuitas.

Sustitúyese la denominación de la unidad ejecutora 010, "Dirección Nacional de Artes Visuales" por la de "Museo Nacional de Artes Visuales". Transfórmase el cargo de Director Nacional de Artes Visuales en Director del Museo Nacional de Artes Visuales. Dicho cargo conservará el carácter de particular confianza y su retribución será la indicada en el literal g) del artículo 9 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Derógase el artículo 368 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Ministerio de Educación y Cultura a propuesta de la unidad ejecutora 011, "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", podrá crear con las economías de vacantes de cargos y funciones generadas a partir del 1º de enero de 1991 y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, los cargos siguientes: dos cargos de técnico III Preparador, escalafón B, grado 13; ocho cargos de Investigador Asistente, escalafón D, grado 19 y diez cargos de Investigador Ayudante, escalafón D, grado 17.

Será de aplicación a los proyectos de investigación científica y tecnológica que deriven de acuerdos concertados con países, instituciones y organismos internacionales o extranjeros, públicos o privados, lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Habilítase en el Ministerio de Educación y Cultura una partida de N$ 420:000.000 (nuevos pesos cuatrocientos veinte millones) a efectos que la unidad ejecutora 013, "Comisión Nacional de Educación Física", adecue las remuneraciones de sus funcionarios docentes a la tabla de sueldos establecida en el artículo 26 de la presente ley, equiparándolas a las de sus similares de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública), previo informe de la Contaduría General de la Nación. Será de aplicación a las situaciones comprendidas en la presente norma, el régimen de cambio de grado vigente para los docentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria. (*)

(*)

Transfórmase, al vacar, la denominación del cargo de particular confianza Director del Canal 8 de Melo, por la de Inspector del Sistema Nacional de Televisión.

La unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros" podrá celebrar con los usuarios convenios que estime conveniente a efectos de la mejor prestación de sus servicios o del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana. El Ministerio de Educación y Cultura, a instancias de la Dirección General de Registros, determinará el precio de los mismos. Los fondos serán recaudados y administrados en su totalidad por la mencionada Dirección, la que podrá destinar hasta un 50% (cincuenta por ciento) para la promoción social y técnica de sus recursos humanos y el resto para gastos de funcionamiento. (*)

El Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la unidad ejecutora 018, "Dirección General de Registros", podrá crear con las economías de vacantes de cargos y funciones generadas a partir del 1º de enero de 1991, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, siete cargos de Especialista IV, escalafón D, grado 12, en los que serán designados funcionarios de la unidad ejecutora referida, actualmente afectados a la tarea de digitadores.

Derógase el inciso segundo del artículo 251 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Créanse las Fiscalías Letradas en lo Civil de 9º a 20º Turno, las que actuarán con los cometidos asignados a sus similares existentes de 1º y 8º Turno. Créanse doce cargos de Fiscal Letrado en los Civil; doce cargos de Administrativo IV, escalafón C, grado 08, destinados a las Fiscalías Letradas en los Civil referidas en el inciso anterior.

Créanse las Fiscalías Letradas Departamentales de Maldonado, de Paysandú y de Salto de 3er. Turnos, que funcionarán con las oficinas de las actuales, y actuarán con los cometidos asignados a los Fiscales Letrados Departamentales en la jurisdicción de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Maldonado, de Paysandú y de Salto, respectivamente.

Créanse las Fiscalías Letradas Departamentales de Cerro Largo, Las Piedras, Pando, Rivera y Rocha de 2º Turno, que funcionarán con las oficinas de las actuales, que pasarán a denominarse de 1er. Turno, y actuarán con los cometidos asignados a los Fiscales Letrados Departamentales en la jurisdicción de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Cerro Largo, Las Piedras, Pando, Rivera y Rocha, respectivamente.

Créanse ocho cargos de Fiscal Letrado Departamental destinados a las Fiscalías Letradas Departamentales de 3er. Turno de Maldonado, Paysandú y Salto y a las de 2do. Turno de Cerro Largo, Las Piedras, Pando, Rivera, Rocha. Créanse seis cargos de Asesor I, de Abogado, escalafón A, grado 19, adscriptos, tres a las Fiscalías letradas de Las Piedras, Pando y Rocha. Créanse ocho cargos de Administrativo IV, escalafón C, grado 8, con destino a las Fiscalías referidas en el primer inciso.

Créanse trece cargos de Asesor I, Abogado, escalafón A, grado 19, adscriptos a las Fiscalías Letradas departamentales de Artigas, Canelones, Carmelo, Colonia, Durazno, Florida, Fray Bentos, Lavalleja, Mercedes, Rosario, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres. Créanse trece cargos de Administrativo IV, escalafón C, grado 8, con destino a las mencionadas Fiscalías.

La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, determinará la fecha de instalación de las nuevas Fiscalías Letradas Nacionales y Departamentales creadas por la presente ley, y provisoriamente fijará los nuevos turnos, así como el régimen de distribución de expedientes en trámite, si fuere menester, todo sin perjuicio de su homologación por el Poder Ejecutivo.

Los funcionarios técnicos profesionales con cargo de Contador o Abogado de la Dirección de Servicios Administrativos Generales de la unidad ejecutora 019, "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", podrán optar por quedar excluidos de la incompatibilidad establecida por el artículo 27 del Decreto-Ley 15.365, de 30 de diciembre de 1982. Efectuada la opción la misma tendrá carácter de definitiva, y la remuneración mensual será el 62,50% (sesenta y dos con cincuenta por ciento) o el 83,125% (ochenta y tres con ciento veinticinco) del sueldo percibido con incompatibilidad, según se encuentren en régimen de seis u ocho horas diarias de labor.

Mantiénense las vacantes generadas hasta el 31 de diciembre de 1989, aunque no hubieran sido previstas a la fecha de promulgación de la presente ley, en las unidades ejecutoras 018, "Dirección General de Registros" y 019, "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación".

Transfórmanse las actuales Fiscalías Letradas de Aduanas de 3er. y 4to. Turno, en Fiscalías Letradas de menores de 1er. y 2do. Turno, con competencia en todos los procedimientos preventivos, educativos y correctivos a que den lugar los hechos antisociales cometidos por menores, y las situaciones de abandono en las que entienden los juzgados letrados de Menores. Ejercerán las funciones propias del Ministerio Público en primera y segunda instancia y, eventualmente, en los procedimientos de casación, representando y defendiendo la causa pública en los asuntos en que pueda estar comprometida y actuarán en todo lo relativo a menores imputados de la comisión de hechos antisociales o en estado de abandono, incumbiéndole en ese concepto los deberes que la ley señale y, expresamente, de aquellos que derivan de la condición de protector oficial de los menores, que se consagra.

Transfórmanse los cargos de Fiscales Letrados de Aduana de 3er. y 4to. Turno, en Fiscales Letrados de Menores de 1er. y 2do. Turno.

Dispónese que la unidad ejecutora 019, "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", determine provisoriamente y de inmediato, los nuevos turnos de las Fiscalías Letradas de Aduana y las de Menores y el régimen de redistribución de expedientes en trámite, todo sin perjuicio de la homologación por el Poder Ejecutivo.

La transformación dispuesta por la presente ley, se perfeccionará de pleno derecho una vez que se provean los cargos de Fiscales Letrados de Menores de 1er. y 2º Turno. Mientras no sean provistos los cargos referidos en el inciso anterior, las Fiscalías transformadas continuarán actuando en las mismas materias y con la misma competencia de las Fiscalías Letradas de Aduana de 3er. y 4º Turno.

Los demás cargos asignados actualmente a las Fiscalías letradas de Aduana de 3er. y 4º Turno, pasarán a revistar en las Fiscalías Letradas de Menores de 1er. y 2º Turno, respectivamente, quedando ocupados por sus actuales titulares, sin perjuicio de que los mismos puedan ser redistribuidos con arreglo a las normas legales pertinentes.

Deróganse el numeral 2º del artículo 15 y el numeral 1º del artículo 16 del Decreto-Ley 15.365, de 30 de diciembre de 1982, en cuanto establecen la preceptividad de la actuación del Fiscal Adjunto de Corte y del Fiscal Letrado Suplente, como Fiscal Nacional de Feria y Fiscal Departamental de Feria, respectivamente.

(*)

Asígnase al Ministerio de Educación y Cultura una partida de N$ 100.000.000 (nuevos pesos cien millones), para la instalación de las nuevas Fiscalías y servicios que se crean por los artículos anteriores. Dicho egreso será financiado con las economías resultantes de la supresión de vacantes del Inciso.

Transfórmase el cargo de Subdirector de División, Abogado, del escalafón A, grado 19, de la unidad ejecutora 020, "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", en un cargo de Abogado - Adjunto del escalafón N Judicial con la misma jerarquía y dotación que la de los actuales Abogados Adjuntos de dicha unidad ejecutora.

(*)

Autorízase a la unidad ejecutora 021, "Dirección General del Registro de Estado Civil", a realizar las inscripciones de actos y hechos relativos al estado civil a través de sistemas de computación. Asimismo, se faculta a dicha Dirección General a ingresar al sistema las inscripciones realizadas anteriormente. Los documentos que se expidan por este medio, tendrán la misma validez que la de los testimonios que se expidan actualmente. Lo dispuesto por este artículo entrará en vigencia después de su reglamentación por el Poder Ejecutivo.

(*)

(*)

Exceptúase de la supresión de vacantes dispuesta por el artículo 39 de la presente ley, el cargo de Asesor I, Abogado, escalafón A, grado 19 y dos cargos de Asesor II, Abogado, escalafón A. grado 18, del programa 012, "Servicios Postales". Los mencionados cargos deberán ser provistos en el término de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley, por medio de concurso de oposición y méritos entre los profesionales abogados de la unidad ejecutora, el que será supervisado por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 140 de la ley 11.923, de 27 de marzo de 1953, la impresión de las estampillas de Correos.

A partir del 1º de mayo de 1991, el Registro de Poderes, dependiente de la unidad ejecutora 018, "Dirección General de Registros", funcionará en forma centralizada. Desde ese día todos los actos indicados en el artículo 2 del decreto 188, de 4 de abril de 1978, se inscribirán única y obligatoriamente en el Registro General de Poderes con sede en Montevideo, cualquiera sea la data del instrumento que se presente a registrar. La misma oficina informará sobre la vigencia de los poderes cualquiera sea el período de consulta. (*)

Las disposiciones del decreto ley 14.978, de 14 de diciembre de 1979, no serán aplicables a aquellos procesos en los que sean parte las personas jurídicas de derecho público.

La unidad ejecutora 016, "Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos", podrá transferir a rubros de gastos, los créditos de una de cada dos vacantes de cargos o funciones, generadas a partir del 1º de enero de 1991, sin perjuicio de las que deban suprimirse por aplicación del artículo 35 de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Créase en el programa 012, "Servicios Postales", un cargo de Asesor III, Abogado, escalafón A, grado 17.

Autorízase a la unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos", a disponer transitoriamente de la totalidad de los recursos provenientes de la venta de sellos postales correspondientes a los tres primeros días de todas las emisiones que se pongan en circulación, con la finalidad de cubrir los costos de impresión de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 594 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

(*)

La unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos", dispondrá de las facultades establecidas en el artículo 68 del Código Tributario (decreto ley 14.306, de 29 de noviembre de 1974) para controlar el cumplimiento de la reglamentación que se dicte al amparo del numeral 7 del artículo 3 de la ley 5.356, de 16 de diciembre de 1915, y la percepción de la Renta Postal. Las empresas permisarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 70 del Código Tributario. (*)

Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar la organización de la unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos" del programa 012 "Servicios Postales", de modo de establecer los mecanismos de control necesarios, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

El que realizando servicio de Mensajerías en uso de un permiso al amparo de la ley 5.356, de 16 de diciembre de 1915, evada el pago de la Renta Postal, incurrirá en el delito previsto en el artículo 110 del Código Tributario. Constituirá circunstancia agravante el que el sujeto activo realice la actividad sin la autorización de la autoridad postal.

Créase un tributo equivalente al doble de lo que percibe por comisión de sus servicios el Banco de la República Oriental del Uruguay en oportunidad de exportar, que gravará la expedición de guías de exportación de objetos, obras o colecciones mencionadas en el artículo 15 de la ley 14.040, de 2O de octubre de 1971, así como de vehículos que se distingan por su singularidad, antigüedad o rareza. La misma será percibida por el Ministerio de Educación y Cultura en ocasión de la respectiva expedición y se verterá en una cuenta especial que abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Su producido será administrado por la referida Secretaría de Estado y será afectado al fomento y desarrollo de los servicios culturales a su cargo.

Suspéndese la aplicación del artículo 11 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, hasta que el Poder Ejecutivo proceda a su reglamentación, la cual deberá dictarse cuando a su juicio se disponga de los medios técnicos apropiados, para la formación del legajo o soporte de información equivalente.

Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 39 de la presente ley, a las vacantes de los cuerpos estables (orquesta, coro y cuerpo de baile) y del personal técnico de radio y televisión de la unidad ejecutora 016, "Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos".

Autorízase a la unidad ejecutora 018, "Dirección General de Registros", a realizar una reestructura escalafonaria con el fin de adaptar sus cargos a las necesidades que le impondrá la entrada en vigencia del decreto ley 15.514, de 29 de diciembre de 1983. La reestructura no podrá implicar incremento del crédito presupuestal respectivo, deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo, comunicada a la Asamblea General y entrará en vigencia junto con el decreto ley 15.514, de 29 de diciembre de 1983.

El aporte patronal correspondiente al complemento de retribuciones que perciben los funcionarios de la unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos", según lo dispuesto por el artículo 232, de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, no se imputará al porcentaje previsto en la referida norma.

El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), equiparará las remuneraciones de los integrantes del Cuerpo de Baile con las de los integrantes de la Orquesta Sinfónica, con cargo a Rentas Generales.

Autorízase a la unidad ejecutora 022, "Dirección Nacional de Correos", a destinar la cantidad de emisiones especiales que convenga con las Organizaciones Postales Internacionales, para que éstas las comercialicen con fines filatélicos con las administraciones postales que forman parte de ellas. La referida unidad ejecutora quedará autorizada a entregar a las Organizaciones Postales Internacionales con quiénes celebre dichos Convenios, los porcentajes de recaudación que se convenga y a disponer de las que los Convenios afecten a fines especiales.

Créase el Fondo de "Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional" que se integrará con: (*)

El fondo a que refiere el artículo anterior se destinará a: A) El 20% (veinte por ciento), a funcionamiento e inversiones de la Biblioteca Nacional. B) El 80% (ochenta por ciento), a la promoción social y bienestar de los recursos humanos de la unidad ejecutora. No será de aplicación en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. (*)

Fusiónanse las unidades ejecutoras 002 "Diario Oficial" y 003, "Imprenta Nacional", correspondientes al programa 002, "Publicaciones e Impresiones Oficiales". La nueva unidad ejecutora pasará a denominarse "Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales". Suprímense los dos cargos de Director de las ex unidades ejecutoras, habilitándose en su lugar el cargo de particular confianza de Director Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, cuya retribución será la dispuesta por el literal g) del artículo 9º de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986. El Ministerio de Educación y Cultura, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo una reestructura presupuestal y racionalización administrativa que permita la integración de los cargos en la nueva planilla unificada, sin que ello implique costo presupuestal, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Serán cometidos de la nueva unidad ejecutora: A) Administración e impresión del Diario Oficial y del Registro Nacional de Leyes y Decretos y publicación de reglamentos, edictos, separatas y recopilación de normas jurídicas; B) Confección y realización de todo documento o especie valorada y formularios respecto a los cuales se extiende recibo de pago (decreto 125/980); C) Apoyo a las funciones administrativas de todas las reparticiones públicas que soliciten sus servicios, con la confección de formularios que utilicen en sus labores normales, como ser liquidación de sueldos, rendiciones de cuentas, liquidación de gastos y papel numerado; D) Apoyo a las recaudaciones fiscales mediante la confección de impuestos, tasas, contribuciones y sellos de correo; E) Impresión de textos de enseñanza primaria, media y superior, F) Difusión de la cultura en general, a través de publicaciones varias, tales como libros de arte, afiches, planos y folletos de turismo. G) Creación de un Banco de Datos Electrónico en materia jurídica de toda la legislación nacional, cuya información será liberada al usuario en general. (*)

La unidad ejecutora "Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales", podrá disponer de sus recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad de la siguiente forma: A) 50% (cincuenta por ciento) para gastos de funcionamiento e inversiones. B) 50% (cincuenta por ciento) restante para el pago de incentivos por rendimiento. (*)

Increméntase en N$ 2:108.562 (nuevos pesos dos millones ciento ocho mil quinientos sesenta y dos), el renglón 011.414, "Compensación Máxima al Grado", del programa 002, "Publicaciones e Impresiones Oficiales", a efectos de adecuar las retribuciones de los funcionarios del Diario Oficial.

Los gastos del Centro de Diseño Industrial, para el ejercicio 1991, se financiarán con cargo a los recursos extrapresupuestales del Ministerio de Educación y Cultura, hasta una suma de N$ 241:500.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta y un millones quinientos mil).

Las resoluciones de la Dirección Nacional de Correos que impongan sanciones de carácter pecuniario a las empresas infractoras del permiso de mensajería o al monopolio postal, constituirán título ejecutivo en los términos dispuestos por los artículos 91 y siguientes del Código Tributario.

(*)

Derógase el artículo 10 de la ley 9.099, de 20 de setiembre de 1933.

Declárase de utilidad pública la expropiación parcial del inmueble empadronado con el Nº 4.308 de la Tercera Sección Judicial del departamento de Montevideo. El Poder Ejecutivo determinará el área concreta y su deslinde al formular los trámites expropiatorios.

Dispónese que cuando se presente a inscribir la incorporación de un bien al régimen de propiedad horizontal se debe presentar al Registro de Traslaciones de Dominio el primer testimonio del reglamento de copropiedad, acompañado de la ficha registral correspondiente, la que se protocolizará. Toda vez que se presente a inscribir una modificación que afecte al plano original, se deberá adjuntar el mismo y el modificativo, protocolizándose en todos los casos únicamente las fichas registrales.

Derógase el apartado final del literal F) del artículo 59 de la ley 12.367, de 8 de enero de 1957.

Cométese al Ministerio de Salud Pública la implantación de un sistema único de información para todo el sector salud.

La Comisión Técnica de Residencias Médicas Hospitalarias creada por el artículo 3 del decreto ley 15.372, de 4 de abril de 1983, estará integrada con tres representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales la presidirá y tres representantes médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El Presidente de la Comisión tendrá doble voto en caso de igualdad.

Exceptúase a las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública de lo dispuesto en el artículo 97 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986.

Los funcionarios que ocupan cargos de los escalafones D Personal Especializado y F Personal de Servicios Auxiliares, que al momento de la promulgación de la presente Ley cuenten con más de dos años en la realización permanente de tareas administrativas, podrán solicitar la incorporación al escalafón C Personal Administrativo, dentro de los noventa días de su publicación. La incorporación se realizará en el último grado del escalafón C, previa prueba de suficiencia. En caso de no existir la vacante necesaria se podrá transformar el cargo de origen, sin que ello implique incremento del crédito presupuestal.

Suprímese el cargo de particular confianza "Director de Dirección de Servicios de Salud". Créase el cargo de "Director de Dirección Planificación", que tendrá carácter de particular confianza y cuya remuneración será equivalente a la del que se suprime.

Suprímese un cargo de particular confianza de "Director Regional de Salud". Créase un cargo de "Director de Dirección Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades" que tendrá carácter de particular confianza y cuya remuneración será equivalente a la del que se suprime.

Todas las prestaciones de salud que brinden los establecimientos asistenciales dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a cualquier tipo de institución pública o privada, estarán sujetas a los aranceles que fije la reglamentación.

Los funcionarios designados para ocupar cargos en las unidades ejecutoras del programa 002, "Prestación Integral de Servicios de Salud", dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dispondrán de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación, para efectuar la correspondiente toma de posesión. La no presentación del interesado en el plazo previsto, determinará la revocación del acto originario, la que será comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil para constancia, a tener en cuenta como antecedente.

Los Directores de las unidades ejecutoras asistenciales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), cuando se produzca una acefalía temporal de cargo o función que afecte la normalidad del servicio, podrán contratar en forma interina y transitoria, personal para cubrir el mismo hasta que la acefalía haya sido subsanada o no se vea afectada la normalidad del servicio. A tales efectos ASSE creará un Fondo de Suplencias que será financiado con trasposiciones del grupo 0 "Servicios Personales", conforme lo habilita el artículo 451 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, el que distribuirá entre las unidades ejecutoras de carácter asistencial del organismo. Cuando la ausencia del funcionario titular signifique una economía presupuestal, el monto de la misma se podrá utilizar para el financiamiento de suplentes. Para usar la facultad a que refiere este artículo deberán darse las siguientes condiciones: i) Que exista una partida presupuestal en la unidad ejecutora suficiente para financiar la contratación. ii)Sólo podrá contratarse personal que reúna las condiciones técnicas que requiera la función. iii)Las faltas al servicio, cualquiera sea la causa, no generarán retribución alguna. La retribución se pagará con cargo al objeto del gasto que a tales efectos habilitará la Contaduría General de la Nación. El Director de la unidad ejecutora podrá declarar finalizado el contrato cuando lo considere oportuno. ASSE reglamentará el régimen de las funciones de los suplentes. Derógase el artículo 463 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.(*)

El 5% (cinco por ciento) de comisión establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la ley 9.892, de 1º de diciembre de 1939, será distribuido entre todos los funcionarios que presten efectivamente funciones en las oficinas recaudadoras de las respectivas unidades ejecutoras, aplicado sobre los pagos efectuados directamente por los usuarios de los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). No devengarán comisión alguna las recaudaciones por prestaciones al amparo de convenios con instituciones públicas o privadas.

Incorpóranse al programa 001 "Política de Salud", las unidades ejecutoras 065, "Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis", 066, "Servicio Nacional de Sangre" y 067 "Escuela de Sanidad Dr. José Scosería", con sus correspondientes créditos.

Las vacantes existentes al 31 de diciembre de 1990 en las unidades ejecutoras 001, "Administración Superior", 065 "Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis", 066, "Servicio Nacional de Sangre" y 067, "Escuela de Sanidad Dr. José Scoseria" del programa 001, "Política de Salud", se destinarán a la presupuestación de los funcionarios contratados eventuales de esa unidad a la fecha indicada. A tales efectos y previo informe de la Contaduría General de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá realizar las transformaciones, fusiones o escisiones de cargos necesarias con la única limitación de que ello no implique incremento del gasto.

(*)

(*)

Asígnase una partida de N$ 925:000.000 (nuevos pesos novecientos veinticinco millones), con destino a incrementar el renglón "Compensación Máxima al Grado" de los funcionarios del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud". Esta partida se incrementará a N$ 1.850:000.000 (nuevos pesos un mil ochocientos cincuenta millones) a partir del 1º de enero de 1992.

Transfiérense al programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", los créditos presupuestales correspondientes a las retribuciones personales y a los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora 064, "Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego".

La unidad ejecutora 002, "Servicios de Asistencia Externa" del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", pasará a denominarse "Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria".

(*)

Las economías provenientes de las vacantes existentes en las unidades ejecutoras integrantes del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", al 31 de diciembre de 1990, se destinarán a financiar la incorporación a los padrones presupuestales de los funcionarios contratados eventuales a esa fecha. El Ministerio de Salud Pública podrá realizar las transformaciones necesarias sin que ello signifique incremento del crédito presupuestal. Derógase el régimen establecido por el artículo 451 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986. (*)

El Ministerio de Salud Pública, cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, podrá disponer de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 1990, en las unidades ejecutoras del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", y de las que se produzcan a partir de esa fecha, de la siguiente forma: A) Transformarlas, sin que ello signifique incremento en los créditos presupuestales; B) Redistribuirlas entre las unidades ejecutoras del citado programa; C) Eliminarlas cuando se trate de vacantes en los grados de ingreso y no sea necesaria su provisión para el cumplimiento de los servicios respectivos, reasignando el crédito dentro del rubro 0 del referido programa.

Las unidades ejecutoras 008 "Instituto de Oncología" y 009, "Instituto de Ortopedia y Traumatología" del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", pasarán a denominarse respectivamente "Instituto Nacional de Oncología" e "Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología".

Créase dentro del programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", la unidad ejecutora "Colonia de Asistencia Psiquiátrica Dr. Santín Carlos Rossi". La actual unidad ejecutora 013, pasará a denominarse "Colonia de Asistencia Psiquiátrica Dr. Bernardo Etchepare".

Los cargos de Particular confianza de la unidad ejecutora 001, "Administración Superior" del programa 001 "Administración Superior", Director Nacional de Recursos Humanos, Director de Recursos Materiales, Inspector General y seis Directores Regionales del Ministerio de Salud Pública, pasarán a revistar en la unidad ejecutora 068, "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE), del programa 004, "Administración de los Servicios de Salud" (ASSE).

Créase dentro de la unidad ejecutora 001, "Administración Superior" del programa 001, "Administración Superior", el cargo de Director de Coordinación de Planeamiento y Desarrollo, con carácter de particular confianza. Su retribución será la establecida por el literal f) del artículo 9º de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986.

Créase el cargo de Inspector General de Psicópatas dentro del escalafón A Profesional, grado 21, en la unidad ejecutora 001, "Administración Superior" del programa 001, "Administración Superior", a que hace referencia la ley 9.581, de 4 de agosto de 1936.

El Ministerio de Salud Pública podrá disponer, a los efectos de su mejor funcionamiento de las vacantes en las unidades ejecutoras de los programas 001, "Política de Salud" y 004 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE), que se generen a partir del 31 de diciembre de 1990, de la siguiente forma: A) Transformarlas sin que ello signifique incremento en los créditos presupuestales; B) Redistribuirlas entre las unidades ejecutoras de los citados programas; C) Eliminar las de los grados de ingreso al cierre de cada ejercicio y reasignar el crédito respectivo dentro del rubro 0 de los referidos programas.

Transfiérense al programa 002, "Prestación Integral de los Servicios de Salud", los créditos correspondientes a trescientos dieciséis cargos de Médico Residente contratados y doscientos cincuenta y nueve cargos de Practicante Interno de Medicina presupuestados, que actualmente figuran dentro del programa 001, "Administración Superior". Dichos cargos pasarán a integrar la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE) del programa 004 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE).

Los cargos de Jefe Residente, Médico Residente y Practicante Interno, que se proveen por concurso, de acuerdo con la reglamentación vigente, serán designados para actuar durante los plazos establecidos por las disposiciones legales, directamente por el Poder Ejecutivo, sin intervención previa de la Dirección Nacional, del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, a quiénes se dará cuenta de lo actuado.

El Ministerio de Salud Pública determinará el plazo de vigencia de los carnés de asistencia que expide. Los carnés de asistencia categorizados gratis, serán de carácter vitalicio a partir de los setenta años de edad de los usuarios.

Declárase de utilidad pública la expropiación del inmueble Nº 138.897 (padrones individuales 138.897/001/002/003) ubicado en la Décima Sección Judicial del departamento de Montevideo, el que se destinará a un Centro de Atención de Salud.

(*)

Extiéndase el régimen establecido por los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 12.818, de 15 de diciembre de 1960, a todos los ancianos asilados, pacientes crónicos y psicópatas internados en dependencias de la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE), del programa 004, "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE). El Ministerio de Salud Pública podrá, por resolución fundada, destinar el producto de estos proventos a la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata y a las comisiones de apoyo de las respectivas unidades ejecutoras.

Asígnase una partida de N$ 700:000.000 (nuevos pesos setecientos millones) a partir del 1º de enero de 1992, con destino a incrementar el renglón "Compensación máxima al grado" de los funcionarios de los programas 001, "Política de Salud" y 004, "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE).

Autorízase a la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializada, creada por el decreto ley 14.897, de 23 de mayo de 1979, a efectuar compras de insumos médicos que guarden relación con los actos cuya cobertura se encuentra a cargo de la misma, en la forma y condiciones que corresponden en razón de su calidad jurídica de persona pública no estatal.

El Poder Ejecutivo podrá constituir comisiones honorarias con el único cometido de administrar y ejecutar proyectos previstos en el Plan de Inversiones Públicas. En el manejo de estos fondos se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 589 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987. El Poder Ejecutivo designará los integrantes de las mencionadas comisiones, los que deberán ser ciudadanos de reconocida solvencia moral y cívica, atendiendo en lo posible las sugerencias de las organizaciones sociales que, teniendo personalidad jurídica, sean representativas de las fuerzas vivas de la zona.

Las obras que se proyectan al amparo del convenio con el Gobierno de Japón a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Hospital Pasteur, han de preservar la condición de Monumento Histórico Nacional del citado edificio. Las obras deberán respetar las líneas arquitectónicas, los portales, el aljibe, el mirador y otros elementos arquitectónicos de indudable valor histórico y cultural.

Decláranse obligatorios la inscripción y el registro de los convenios colectivos de trabajo celebrados conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 13.556, de 26 de octubre de 1966. La inscripción y el registro de los convenios colectivos de trabajo se realizarán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la unidad ejecutora 002, "Dirección Nacional de Trabajo". La falta de inscripción y registro de los convenios colectivos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hará pasible a los empleadores de las sanciones dispuestas en el artículo 2º del decreto ley 14.911, de 23 de julio de 1979, en la redacción dada por el artículo 84 de la ley 16.002, de 25 de noviembre de 1988. La reglamentación establecerá las formalidades a que se sujetarán la inscripción y el registro previstos en la presente norma así como también la graduación de las sanciones a aplicarse. (*)

Autorízase a abonar una "Prima por rendimiento" al personal que cumple funciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha prima no podrá otorgarse a más de un 15% (quince por ciento) del total de funcionarios, ni podrá exceder el 30% (treinta por ciento) de sus respectivas remuneraciones.

Los funcionarios que ocupen cargos del escalafón F Personal de Servicios Auxiliares, que al momento de la promulgación de la presente ley cuenten con más de dos años en la realización permanente de tareas correspondientes a los escalafones C Personal Administrativo, D Personal Especializado o E Personal de Oficios, podrá solicitar su incorporación al escalafón que corresponda dentro de los noventa días de su publicación. La incorporación se realizará en el último grado ocupado del escalafón respectivo, siempre que no supere el grado de origen, previa prueba de suficiencia y decisión favorable de la Administración. En caso de no existir la vacante necesaria, se podrá transformar el cargo de origen, sin que ello implique incremento del crédito presupuestal.

Los funcionarios contratados con más de tres años de antigüedad en tal calidad, a la fecha de la sanción de la presente ley, podrán optar por su presupuestación en cargos del mismo escalafón. La incorporación se realizará en cargos del último grado ocupado del escalafón que corresponda. No obstante, podrá accederse a cargos superiores, siempre que no se supere el grado de origen, en los casos en que ello no signifique lesión de derechos funcionales, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil. A esos efectos se habilitarán los cargos correspondientes, suprimiéndose en lo pertinente, las partidas con que se atienden sus remuneraciones.

Derógase el artículo 498 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986. Transfiérense estas retribuciones al renglón de compensaciones establecido por el artículo 50 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, y el excedente, si lo hubiera, a un renglón de compensaciones personales que recibirá los mismos aumentos que las anteriores, por un total de N$ 616:289.180 (nuevos pesos seiscientos dieciséis millones doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta), equivalente al importe de lo que se cobraría por el régimen que se deroga. La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito correspondiente en cada uno de los programas del Inciso, transfiriéndose a Rentas Generales la recaudación correspondiente.

El Poder Ejecutivo podrá proveer directamente los cargos y las funciones contratadas establecidas en el planillado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente anexo a la presente ley, con funcionarios públicos, suprimiéndose esos cargos y funciones en las oficinas de origen y sus respectivos créditos.

Los funcionarios públicos que hayan sido transferidos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la ley 16.112, de 30 de mayo de 1990, serán incorporados a la estructura de cargos establecida en el planillado anexo a la presente ley, suprimiéndose los cargos o funciones con que hubieran sido redistribuidos.

En las designaciones previstas por los artículos precedentes, cuando las remuneraciones que perciban en las oficinas de origen fueren mayores a las de los cargos en que se designen, las diferencias serán percibidas como compensación a la persona.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá contratar mediante llamado público, prueba de suficiencia o contratación directa, al personal eventual no administrativo, mínimo imprescindible, para la ejecución de estudios, proyectos y obras incluidos en el Plan de Inversiones. Este personal cesará automáticamente una vez finalizada la ejecución de los servicios u obras para los cuales se les contrató. Dicho Ministerio podrá, además, abonar horas extras, compensaciones especiales y promoción social a los recursos humanos del Inciso y contratar los becarios y pasantes necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los gastos de promoción social deberán imputarse al objeto del gasto 579 'Otras Transferencias a Unidades Familiares', no pudiendo en ningún caso abonar los mismos con cargo a proyectos de inversión. (*) En ningún caso se podrá contratar más de quince personas en carácter de eventuales, ni invertirse por aplicación de lo dispuesto en el presente artículo más del 20% (veinte por ciento) de las asignaciones presupuestales previstas en los proyectos de inversión aprobados para el Inciso 14 'Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente', con excepción de las erogaciones que se financien con cargo al 'Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización', las que se imputarán realizadas con cargo al monto autorizado por el artículo 337 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. (*)

El cargo del Director de División A 16, serie Contador, tendrá un régimen de cuarenta y ocho horas semanales, siendo la compensación establecida por el artículo 50 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, proporcional al régimen horario.

Asígnase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una partida de N$ 15:000.000 (nuevos pesos quince millones) para el pago de incentivos a la productividad. La compensación otorgada no podrá exceder el 40% (cuarenta por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío y sólo podrá comprender hasta el 20% (veinte por ciento) de los funcionarios. La distribución de la partida creada en el presente artículo entre los programas y unidades ejecutoras será realizada por dicha Secretaría de Estado.

Exceptúase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de lo dispuesto por el artículo 35 de ley 16.127, de 7 de agosto de 1990. En la provisión de los cargos y funciones contratadas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no regirá lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el ejercicio 1991.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá trasponer los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones, con sus respectivos créditos, al ejercicio siguiente, cuando se difiera la licitación, adjudicación o contratación de la obra de que se trate. El monto máximo de ejecución establecido para el ejercicio a que se traspone el proyecto se mantendrá incambiado. (*)

La estructura de cargos presupuestados estará integrada por los establecidos en el planillado anexo a la presente ley, más los creados por la ley 16.112, de 30 de mayo de 1990 y los cargos de particular confianza creados en la ley 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo a las necesidades del servicio, podrá conceder becas para estudiantes universitarios que realicen la práctica de conformidad con las respectivas disposiciones curriculares de la Universidad de la República, cuando éstas tengan relación con materias de competencia de esta Secretaría de Estado y de acuerdo a lo que se establezca mediante convenio entre dicho centro docente y el citado Ministerio. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición. Autorízase una partida de N$ 70:000.000 (nuevos pesos setenta millones) anuales, para atender las erogaciones emergentes de dicho convenio, becas, traslados y otros gastos, la que se ajustará en la misma oportunidad y en igual porcentaje que el fijado por el Poder Ejecutivo para los sueldos de los funcionarios públicos. Facúltase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a distribuir entre sus programas la partida asignada por el presente artículo. (*)

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin perjuicio de la imposición de multas, podrán adoptar medidas tendientes a suspender o hacer cesar los actos que afectan el medio ambiente, tanto sea de contaminación del aire, como de las aguas o similares. A esos efectos podrá requerir del Ministerio del Interior y de la Prefectura Nacional Naval en su caso, el auxilio necesario para hacerlas cumplir. En caso de infracciones graves o reiteradas por parte de un establecimiento industrial o comercial, el Poder Ejecutivo podrá disponer su clausura temporaria o definitiva, según los casos, previo informe del Ministerio competente.

Créase el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAMA), destinado al cumplimiento de los fines establecidos en el numeral 7) del artículo 3º de la ley 16.112, de 30 de mayo de 1990. Este fondo será administrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que tendrá su titularidad y disponibilidad y se integrará con los siguientes recursos: A) Los establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 16.112, de 30 de mayo de 1990, que tengan relación con el ambiente. (*) B) Las multas establecidas por el artículo 6º de la ley 16.112, de 30 de mayo de 1990, y los artículos 192 y 194 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y las multas que sean impuestas por violaciones a normas referentes a la protección del medio ambiente cuyo producto sea vertido hasta la vigencia de la presente ley a Rentas Generales, o provengan de competencias asignadas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. C) El producto por la prestación de servicios y ventas de publicaciones y material de divulgación de carácter ambiental. D) Las herencias, legados o donaciones recibidas con un fin específico o que tengan como contenido la preservación o defensa del medio ambiente. E) El producto de las inversiones que se efectúen con este fondo. F) El importe de los decomisos fictos y del producido de la venta de los decomisos efectivos dispuestos por infracción a las normas de protección del ambiente. G) El producido de la imposición de astreintes, según lo previsto en el artículo 16 de la ley general de protección del ambiente. (*) H) Las multas que sean impuestas por el Ministerio de Ambiente por la violación a la legislación de aguas, en especial, las correspondientes al artículo 4° del Decreto-Ley N° 14.859, de 15 de diciembre de 1978 (Código de Aguas), en la redacción dada por el artículo 173 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017. (*)

Decláranse aplicables al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las disposiciones del Código Tributario en cuanto corresponda, para la aplicación de las multas que en el ámbito de sus competencias deba imponer.

En todos los casos en que el Ministerio competente designado por el decreto ley 14.859, de 15 de diciembre de 1978, no fuere el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aquél deberá recabar su opinión en la misma forma dispuesta por el artículo 161 de la disposición legal citada, cuando la materia a considerar esté relacionada con la protección del medio ambiente o pudiera provocar efectos en relación al mismo.

Transfiérese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las siguientes atribuciones que fueran asignadas al "Ministerio competente" según resulta del Código de Aguas: 1) Aquellas referentes a la protección de las aguas contra los efectos nocivos, incluso las que puedan alterar el equilibrio ecológico de la fauna y la flora, y dañar el medio ambiente, reguladas en el artículo 4º del referido Código. 2) Las establecidas en los artículos 6º, 144, 145, 146 y 148 del mismo. 3) Aquellas previstas en los artículos 147 y 154 del Código de Aguas en las redacciones dadas por los artículos 194 y 192 respectivamente de la ley 15.903, de 10 noviembre de 1987. 4) Las establecidas en el artículo 153 del mismo Código, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con las siguientes excepciones que se mantendrán dentro de la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas: A) Las acciones referentes a extracciones de materiales, en cuyo caso el Ministerio competente sólo podrá otorgar autorizaciones previo informe favorable del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. B) La determinación del límite exterior de la faja de defensa en la ribera del río Uruguay.

Encomiéndese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de acuerdo con la comisión que se crea en este mismo artículo, el estudio y definición precisa de las áreas de protección y reserva ecológica así como la reglamentación de su uso y manejo, particularmente dentro de las zonas determinadas por: A) El decreto 266, de 2 de junio de 1966, que declaró de interés nacional la preservación de las regiones de Cabo Polonio, Aguas Dulces y Laguna de Castillos. B) El decreto 260, de 11 de mayo de 1977, por el que se declara Parque Nacional Lacustre la zona integrada por las Lagunas José Ignacio, Garzón y Rocha. C) El área natural de los Bañados de Santa Teresa incluyendo el ecosistema de Laguna Negra y el palmeral y monte indígena ubicado en la margen noroccidental de la misma. D) El sistema de los bañados de India Muerta. E) Los bañados costeros de la Laguna Merín. F) El área natural de los bosques indígenas del Queguay, que comprenden los existentes en la confluencia de los ríos Queguay Grande y Queguay Chico, así como su prolongación aguas abajo de dichos ríos, con sus bañados y esteros ribereños. (*) En las zonas mencionadas, toda acción u obra que pueda alterar el régimen de escurrimiento natural de las aguas superficiales o introducir modificaciones permanentes al ecosistema, deberá contar con informe favorable del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, previo a su autorización por los organismos competentes. Antes del 30 de noviembre de 1992, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente deberá definir las acciones a ser tomadas por el Estado para asegurar que las áreas que se determinen puedan ser efectivamente protegidas y mantenidas dentro del régimen en que se las define. Créase una comisión para el estudio y seguimiento de las recuperación, protección y desarrollo del Cabo Polonio y su área circundante, la que estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Turismo y la Intendencia Municipal de Rocha. (*)

Créase el escalafón del Poder Judicial, el que se dividirá de la siguiente forma: Escalafón I: Cargos de Magistrado, Secretario y Prosecretario de la Suprema Corte de Justicia Escalafón II: Profesional Escalafón III: Semi-Técnico Escalafón IV: Especializado Escalafón V: Administrativo Escalafón VI: Auxiliar El escalafón profesional comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden acceder los profesionales liberales o no, que posean título universitario expedido, registrado o revalidado por las autoridades competentes y que correspondan a planes de estudio de duración no inferior a cuatro años. El escalafón Semi-técnico comprende los cargos y contratos de función pública de quiénes hayan obtenido una especialización de nivel universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado. El escalafón especializado comprende los cargos que sólo pueden ser desempeñados por personas que se encuentran cursando la enseñanza universitaria superior o por quiénes acrediten su idoneidad para el desempeño de determinado oficio o versación en algún arte o ciencia. El escalafón administrativo comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas relacionadas con el registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos y el desarrollo de actividades, como la planificación, coordinación, organización, dirección y control, tendientes al logro de objetivos del servicio en el que se realizan, así como toda otra actividad no incluida en los demás escalafones. El escalafón auxiliar comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, transporte de materiales o expedientes, vigilancia, conservación y otras tareas similares. (*)

Establécense las siguientes asignaciones presupuestales para el Poder Judicial. N$ Retribuciones de Servicios Personales 13.097:629.000 Cargas Legales s/Servicios Personales 2.243:442.000 Beneficios Sociales 683:978.000 Suministros 994:843.000 Otros gastos de funcionamiento 1.049:781.000

(*)

A) La retribución del Director General de Defensorías de Oficio será equivalente a la de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones; B) La retribución de Los Directores de las Defensorías de Oficio, será equivalente al 95%, (noventa y cinco por ciento), de las retribuciones de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones; C) La retribución de los Defensores de Oficio de la capital y Secretarios de Defensorías, será equivalente a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital; D) La retribución de los Defensores de Oficio del interior será equivalente a la de los Jueces Letrados del Interior. Los funcionarios a que refiere este artículo percibirán dichas remuneraciones en caso de que los titulares se encuentren en régimen de dedicación total. Si no fuera así, la remuneración será del 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo que sirve de base para el cálculo de su dotación. (*) Establécese, a partir de la vigencia de la presente ley, que el régimen de incompatibilidad de los Defensores de Oficio será en razón de la materia para la cual se designen o se hallen designados, sin perjuicio de los derechos adquiridos y el derecho a optar por el régimen de dedicación exclusiva. (*)

La retribución del Director General de los Servicios Administrativos será equivalente a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital. La retribución del Subdirector General de los Servicios Administrativos será el 90% (noventa por ciento) de la del Director General de los Servicios Administrativos, en caso de que el titular se encuentre en régimen de dedicación total. Si no fuera así, será el 75% (setenta y cinco por ciento), de la del Director General de los Servicios Administrativos, debiendo cumplir un horario mínimo de cuarenta horas semanales y estando en régimen de permanencia a la orden, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 510 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986, y concordantes. En este último caso percibirá la compensación a que refiere el artículo siguiente. (*)

Los funcionarios que efectivamente cumplan tareas de receptores y los adscriptos a la Dirección General de los Servicios Administrativos y a la Dirección del Instituto Técnico Forense, percibirán una compensación por permanecer a la orden, del 30%, (treinta por ciento), sobre sus remuneraciones de naturaleza salarial. Quiénes se encuentren en esta situación no podrán percibir compensación alguna por concepto de horas extras. La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta disposición, la que podrá, alcanzar como máximo, hasta tres funcionarios por cada Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal, tres por cada Juzgado Letrado de Menores, dos por cada Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal, tres por cada Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Menores de Maldonado, Paysandú y Salto; uno por cada Juzgado Letrado que no tenga competencia en materia penal, dos por el Tribunal de Faltas, uno por cada Juzgado de Paz Departamental de la Capital, uno por cada Juzgado de Paz Departamental del Interior, dos por la Dirección General de los Servicios Administrativos y cinco por el Instituto Técnico Forense. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Suprema Corte de Justicia, por resolución debidamente fundada, podrá incrementar hasta un tercio, la cantidad de funcionarios comprendidos en el régimen previsto por el presente artículo, los que podrán ser asignados a cualquiera de las oficinas judiciales, estén o no específicamente mencionadas en esta disposición. (*) Los funcionarios que ocupan cargos del escalafón II 'Profesional' y que efectivamente cumplan tareas como peritos en los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la Capital en materia de Adolescentes y de Familia Especializados en Violencia Doméstica y Código de la Niñez y la Adolescencia y en los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia del Interior que atienden dichas materias, excepto los Médicos Forenses, percibirán la compensación del 30% (treinta por ciento) por permanecer a la orden que establece el presente artículo. (*)

Los funcionarios que desempeñan tareas en los Departamentos de Medicina Forense y Anatomía Patológica y en el Laboratorio Químico Toxicológico del Instituto Técnico Forense, los que se declaran trabajos insalubres, no podrán realizar una jornada máxima de labor que supere las seis horas, salvo situaciones de estricta necesidad para el servicio y sin carácter de permanente, dispuestas por la Dirección de ese Instituto por resolución fundada. Ello no obstante, su retribución será la equivalente a la de los restantes funcionarios de iguales categorías que cumplan jornadas de ocho horas.

Fíjanse para el Poder Judicial las siguientes partidas: A) Inversiones, excluidas partida para computarización del Poder Judicial y construcción del Palacio de Justicia: U$S 1:600.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón seiscientos mil) B) Computarización: U$S 300.000 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos mil) anuales.

Suprímense cinco cargos de Juez Letrado de Primera Instancia del Interior creados por la ley 16.002, de 25 de noviembre de 1988, cuyas vacantes no hayan sido previstas al 31 de agosto de 1990, aumentándose la partida para "Retribuciones Básicas de Personal Contratado para Funciones Permanentes" en un monto equivalente a la economía producida.

Créase dentro de los Servicios Administrativos, la División Planeamiento y Presupuesto.

Créanse los siguientes cargos: Esc. Gdo. 1 Director de División Planeamiento; y Presupuesto (Contador Público o Economista) II 12 1 Secretario I Abogado II 11 15 Actuario Juzgado Letrado de Primera Instancia II 10 2 Director Planeamiento Profesional II 9 7 Médico Forense II 8 12 Actuario Adjunto Juzgado Letrado Primera Instancia II 8 6 Actuario Juzgado de Paz II 8 1 Asesor Contador II 8 Los presentes cargos, o las vacantes que se generen al ser provistos éstos por vía de ascenso, sólo podrán ser llenados con personal declarado excedente de otros organismos del Estado. La Suprema Corte de Justicia dispondrá el destino de cada uno de los cargos creados.

Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a efectuar las transformaciones de cargos que se indican, toda vez que las necesidades del servicio así lo requieran, sin que ello implique incremento del crédito presupuestal: 1 Director Dpto. Contador en Tesorero Contador Hasta 54 Secretario III Abogado en At. Adj. Jdo. Ldo. 1ra. Inst. o Actuario Jdo. Paz Hasta 28 Jefe de Sección en Oficial Alguacil Hasta 28 Administrativo I en Jefe de Sección Hasta 195 Administrativo II en Administrativo I

Las partidas asignadas en forma global, la Suprema Corte de Justicia las distribuirá entre los distintos rubros y programas que componen su presupuesto, lo que comunicará a la Contaduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas.

La Suprema Corte de Justicia podrá disponer las trasposiciones de rubros requeridas para la mejor prestación del servicio con la sola limitación de que no podrá trasponer partidas para gasto de funcionamiento o de inversiones a retribuciones personales (rubro 0). (*)

La Suprema Corte de Justicia podra disponer las transformaciones de cargos que requiera el servicio, siempre que ello no signifique aumento del crédito presupuestal, lo que comunicará en cada caso a la Contaduría General de la Nación, dándose cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas.

Los funcionarios contratados con una antigüedad mayor de dos años al 1º de enero de 1991, que se encontraren prestando servicios en el Poder Judicial en los escalafones Administrativo y Auxiliar, serán presupuestados en el último grado del escalafón respectivo, habilitándose los cargos necesarios, y suprimiéndose la partida de contrataciones correspondiente. En caso que el cargo contratado tuviere un grado mayor, el titular del mismo podrá optar por mantener la situación de contratado.

Establécese que podrán acceder al cargo de Director de Jurisprudencia quienes, legalmente habilitados, hayan ocupado el cargo de Secretario III, Abogado, (Secretario de Juez) durante un período no inferior a diez años, aun careciendo del título de abogado.

La Suprema Corte de Justicia podrá enajenar los padrones destinados a la construcción del Palacio de Justicia y utilizar los recursos resultantes en la ejecución de inversiones para mejorar sus servicios.

Fíjase una retribución complementaria por alta especialización equivalente a un 20% (veinte por ciento) de sus respectivas retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, para los cargos del escalafón Técnico Profesional A del Poder Judicial.(*)

Establécese una partida de N$ 822:000.000 (nuevos pesos ochocientos veintidós millones) a los efectos de abonar una retribución complementaria por rendimiento de hasta un 15% (quince por ciento) de sus respectivas retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, para el personal del Poder Judicial. Esta retribución se otorgará de acuerdo con la reglamentación que a tales efectos dicte la Suprema Corte de Justicia. No tendrán derecho al cobro de esta partida los funcionarios pertenecientes a los anteriores escalafones N Judicial, y A Profesional Universitario (artículo 41 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986 y modificativas). (*)

Será aplicable a las retribuciones fijadas por los artículos 477 y 478 lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley.

Grávase toda demanda que promueva ejecución judicial por créditos documentarios comunes, prendarios o hipotecarios, con un impuesto del 1% (uno por ciento) sobre el monto del capital e intereses objeto de la ejecución. (*)

El gravamen referido en el artículo precedente también regirá para el primer escrito que presente el ejecutado.

El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución Judicial sin el cual no se recibirá el escrito a excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes del presente artículo. A solicitud de parte, se dará curso al primer escrito que presente el ejecutado o ejecutante, postergando el control del pago del impuesto del 1% (uno por ciento), siempre que se cumpla con lo dispuesto a continuación: A) Los que obtengan auxiliatoria de pobreza (artículo 254 de la Constitución de la República). B) Los escritos presentados con asesoramiento de la Defensoría de Oficio o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (Universidad de la República). C) Los Jueces podrán, por razones fundadas, en forma expresa, hacer lugar a la solicitud realizada por cualquiera de las partes en aquellos casos no previstos en los literales A) y B). La resolución se tomará sin dar vista a la contraparte y no admitirá recurso alguno. Cuando se autorice la postergación del control del pago, y éste, correspondiendo, no se hubiera efectuado, se realizará, generando por dicho monto un crédito privilegiado, con cargo a la liquidación. El impuesto se calculará sobre el monto de la demanda según lo establecido en el artículo 480 de esta ley, actualizado por IPC. (*)

Para determinar el monto de la ejecución se considerarán los intereses hasta una fecha anterior en no más de quince días a la presentación del escrito. Si el crédito fuere establecido en moneda extranjera, se estará a la cotización vendedora del Banco de la República Oriental del Uruguay, con anterioridad no mayor a la prevista en el inciso precedente. El monto del impuesto se redondeará a la centena superior.

Salvo acuerdo de partes, no se restituirá al ejecutado suma alguna sin que acredite haber reintegrado al actor el monto del impuesto que éste hubiera pagado, actualizado según las normas del decreto ley 14.500 de 8 de marzo de 1976.

El Timbre de Ejecución Judicial será emitido y recaudado por la Suprema Corte de Justicia, que verterá el resultado líquido en la cuenta Tesoro Nacional. Cuando se justificare satisfactoriamente la imposibilidad de adquirir el Timbre de Ejecución Judicial, se podrá acreditar el pago del impuesto acompañando una boleta de depósito de la suma pertinente, en la cuenta Tesoro Nacional, en cualquier dependencia del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Solo estarán exonerados del pago de este impuesto, el Estado, los Gobiernos Departamentales y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución.

Este impuesto regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

La Suprema Corte de Justicia podrá disponer las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura de cargos y contratos de función pública de todos los escalafones, excepto el judicial, y el A Técnico Profesional, de sus unidades ejecutoras. Las modificaciones de cargos y funciones, no podrán causar lesión de derechos y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso cuando correspondiere. El proyecto será elaborado dentro de los ciento ochenta días de la publicación de la presente ley, dándose cuenta a la Asamblea General y comunicándolo a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación. A estos efectos se podrá utilizar un 5% (cinco por ciento) del crédito presupuestal del rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales", correspondiente a los cargos y contratos de función pública que se racionalizan.

Establécense las siguientes asignaciones presupuestales para el Tribunal de Cuentas: Rubro Denominación Importe N$ 0 Retribución de Servicios Personales 1.886:417.029 1 Cargas Legales s/Servicios Personales 321:218.677 2 Materiales y Suministros N$ 200.801 UTE 5:870.080 200.802 ANCAP 24:690.116 200.843 Cía. del Gas 451.219 200.000 Resto R2 40:382.239 71:393.654 3 Servicios no Personales 300.809 OSE 534.715 300.819 ANTEL 13:216.649 300.321 Prensa 1:953.609 300.000 Resto R3 58.327.602 74:032.575 7 Subsidios y Otras Transferencias 111:623.260 9 Asignaciones Globales 33:752.618

El Tribunal de Cuentas podrá realizar trasposiciones entre los subrubros y renglones de un mismo rubro de sueldos o gastos y entre los distintos rubros, con excepción del 0 y del 1, dando cuenta en todos los casos a la Contaduría General de la Nación.

Créase una partida anual de N$ 183:291.500 (nuevos pesos ciento ochenta y tres millones doscientos noventa y un mil quinientos) para el pago del incentivo al rendimiento, en el Tribunal de Cuentas. Podrá percibir dicho incentivo: A) Hasta un 50% (cincuenta por ciento) del total de cargos del organismo y por un importe no superior al 50% (cincuenta por ciento) de sus retribuciones. B) Hasta un 50% (cincuenta por ciento) del total de cargos del organismo y por un importe no superior al 30% (treinta por ciento) de sus retribuciones. (*)

Autorízase al Tribunal de Cuentas a realizar las siguientes transformaciones de cargos: - 1 Cargo de Procurador B 12 y 3 cargos de Administrativo V C 1O en un cargo de Director del Servicio de Apoyo y Capacitación A 20 Contador, un cargo de Subdirector del Servicio de Apoyo y Capacitación A 19 Contador y 2 cargos de Subdirector de Departamento Abogado A 19. - 1 cargo de Analista B 16 en un cargo de Ingeniero de Sistemas B 19. - 1 cargo de especialista en Organización y Métodos B 14 en un cargo de Especialista en Organización y Métodos B 17. - 1 cargo de Jefe de Biblioteca B 14 en un cargo de Jefe de biblioteca B 16. - 3 cargos de Analista B 14 en 3 cargos de Analista B 16. - 28 cargos de Administrativo II C 13 en 28 cargos de Administrativo I C 14. - 20 cargos de Administrativo IV C 11 en 20 cargos de Administrativo III C 12.

Fíjase el crédito anual del Tribunal de Cuentas para inversiones en N$ 60:000.000 (nuevos pesos sesenta millones) para los ejercicios 1991 y siguientes.

Otórgase a los funcionarios una compensación mensual por concepto de régimen de permanencia a la orden, a cuyos efectos se habilita una partida de N$ 222:000.000 (nuevos pesos doscientos veintidós millones). Dicho personal no podrá percibir compensación alguna por trabajo en horas extras. Derógase el artículo 565 de la ley 15.809, de 8 de abril de 1986.

(*)

El Tribunal de Cuentas tendrá la libre disponibilidad de 100% (cien por ciento), de los fondos creados por el artículo 495 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y podrá destinar su producido a: 1) Capacitación de su personal y de los contadores delegados que actúan en el sector público. 2) Contratación con carácter transitorio del personal necesario para el cumplimiento de las solicitudes de auditorías y actuaciones que se lo formulen. 3) Promoción social de sus funcionarios. 4) Atención de las necesidades de las auditorías de préstamos internacionales". (*)

Establécense las siguientes asignaciones presupuestales para la Corte Electoral: Rubro Denominación Importe N$ 0 Retribución de Servicios Personales 3.732:241.394 1 Caras Legales s/Servicios Personales 634:141.635 2 Materiales y Suministros N$ 200.801 UTE 47:677.680 200.802 ANCAP 18:461.252 200.000 Resto R2 104:993.491 171:132.423 3 Servicios no Personales 300.806 AFE 932.176 300.809 OSE 11:816.535 300.819 ANTEL 98:319.796 300.890 Alquileres 46:207.417 336.001 Viáticos 35:722.485 300.000 Resto R3 235:260.208 428:238.617 4 470 Motores y partes de reemplazo 7:258.312 7 Subsidios y Otras Transferencias 343:426.518